El gobierno de la Comunidad Valenciana es el más endeudado de todos los Ejecutivos autonómicos de nuestro país. Así lo reflejan las estadísticas del Banco de España, cuyo último boletín corresponde al cierre del primer trimestre de 2017. Según dicha publicación oficial, el pasivo valenciano de la comunidad gobernada por el PSOE llega al 41,5 por ciento del PIB, el nivel más alto del ranking autonómico.
El podio lo completan Castilla-La Mancha y Cataluña. El gobierno de Emiliano García Page enfrenta unas deudas equivalentes al 36,5 por ciento del PIB manchego, mientras que el gabinete de Carles Puigdemont enfrenta pagos por un monto que supone el 35,2 por ciento del PIB catalán.
Baleares no entra en el top tres del endeudamiento regional, pero sí rebasa el umbral del 30 por ciento del PIB. Para ser precisos, el archipiélago gobernado por el pacto entre PSIB-PSOE, MÉS y Podemos ha acumulado, hasta el 31 de marzo de 2017, una deuda que supone el 30,4 por ciento del PIB de las islas.
El promedio nacional se encuentra en el 24,8 por ciento del PIB. Por encima de dicho nivel se encuentran Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Baleares, casos ya comentados, pero también nos encontramos con la Región de Murcia, donde la deuda llega al 28,8 por ciento del PIB.
Con una deuda inferior al promedio nacional, pero superior al 20 por ciento del PIB, los datos del Banco de España sitúan a Extremadura (23,6 por ciento del PIB), Cantabria (22,7 por ciento del PIB), Aragón (21,9 por ciento del PIB), Andalucía (21,6 por ciento del PIB) y Castilla y León (20,2 por ciento del PIB).
En niveles más reducidos, que van del 15 al 20 por ciento del PIB, aparece el pasivo que han asumido los gobiernos autonómicos de Galicia (19,8 por ciento del PIB), Asturias (19,3 por ciento del PIB), La Rioja (19,1 por ciento del PIB), Navarra (19,1 por ciento del PIB) y Canarias (16 por ciento del PIB).
Solo dos comunidades autónomas dan ejemplo de austeridad y se sitúan en niveles más reducidos. Es el caso del País Vasco, donde el pasivo llega al 15,1 por ciento del PIB, y de la Comunidad de Madrid, donde las obligaciones del gobierno autonómico suponen el 14,9 por ciento del PIB.