"Venezuela no es Cuba". Esto es lo que decían los chavistas y sus simpatizantes cuando alguien alertaba acerca de la ruinosa deriva política y económica que sufriría Venezuela en caso de que Hugo Chávez llegara al poder. Dieciocho años después de que se produjera su primera victoria electoral, el tiempo se ha encargado de demostrar que el acierto de tales de advertencias.
El objetivo de la fraudulenta Asamblea Constituyente no sólo tiene por objetivo sustituir al Parlamento nacional para blindar el poder el Nicolás Maduro al frente del régimen, sino elaborar una nueva Carta Magna que profundice y perfeccione la "revolución bolivariana" que desarrolló Chávez entre 1999 y 2013, según anunció el propio presidente de la República.
Y, aunque todavía se desconoce la letra pequeña del nuevo proyecto, Maduro ya adelantó que su intención es sustituir la democracia parlamentaria y la economía social de mercado que recoge la actual Constitución bolivariana impulsada por Chávez por un nuevo "Estado comunal", con todo lo que ello supone a nivel político, económico y social.
Así, tal y como denunció la propia Conferencia Episcopal Venezolana después de que Maduro anunciase la convocatoria de la Asamblea Constituyente, "los temas presentados por el Presidente de la República para apoyar su propuesta no apuntan a resolver los graves problemas que aquejan a los venezolanos, sino a prolongar la permanencia de su gobierno en el poder". Su propuesta "resulta peligrosa para la democracia venezolana, para el desarrollo humano integral y para la paz social, pues el objetivo fundamental es constitucionalizar el Estado Comunal". La iniciativa, similar o más radical incluso que la fracasada reforma constitucional que propuso Chávez en 2007 -tumbada mediante un referéndum-, acabará instaurando un "sistema totalitario, militarista, policial, violento y represor".
Asimismo, diversos expertos, como Diego Moya-Ocampos, analista senior para América Latina de IHS Country Risk, o Leonardo Palacios, profesor de la Universidad Monteávila y de la Universidad Católica Andrés Bello, coinciden en señalar que el nuevo objetivo del régimen es aprovechar la Constituyente para implantar un sistema de un solo partido, eliminar las elecciones directas, libres y universales, así como declarar un Estado "socialista, comunal y de justicia", a imagen y semejanza de la dictadura comunista en Cuba.
Los grupos de la oposición llevan semanas alertando de las nefastas consecuencias que tendrá la instauración de este nuevo régimen para el conjunto de los venezolanos:
- Venezuela se constituye en un Estado comunal (comunista)
- Se elimina la empresa privada
- Todos los empleados del sector privado pasarán a ser empleados públicos
- Será eliminado el derecho a la educación privada, desde preescolar hasta el sistema universitario, incluyendo adoctrinamiento político en todos los niveles de educación
- Los medios de comunicación social estarán al servicio del poder comunista
- La opinión del pueblo no será tomada en cuenta. Sólo el Presidente podrá elegir a los gobernadores y alcaldes
- Se eliminan la Fiscalía General de la República, todos los poderes y los partidos políticos
- Se elimina la autonomía universitaria
- El período presidencial será entre 20 y 30 años, con reelección indefinida
- Se limitarán los viajes nacionales e internacionales (se necesitará un permiso del Gobierno)
- Se elimina el derecho a la protesta
- Toda vivienda será propiedad del Estado (no se podrá vender ni heredar)
- Oponerse o pensar diferente al Gobierno será considerado delito de traición a la patria
- Se podrán allanar vivienda sin orden judicial
- Se eliminan los municipios
- Desaparecen las Fuerzas Armadas, que pasar a convertirse en cuerpos combatientes integrados en el partido del gobierno
- El derecho a la vida queda restringido, puesto que quedará al albur del régimen
- Se elimina el artículo 350 de la Constitución, que reza como sigue: "El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos"