Casi cinco años después de que la central nuclear de Garoña anunciara el cese de su actividad, el Gobierno del PP acaba de proceder a su cierre definitivo tras la decisión de no renovar su autorización, anunciada el martes por el ministro de Energía, Álvaro Nadal. De este modo, España pasará de tener siete a tan sólo seis plantas nucleares operativas.
Según explicó Nadal, su cierre no responde a la verdadera voluntad del Gobierno, sino a la actitud mostrada por los partidos de la oposición y las empresas dueñas de la central (Iberdrola y Endesa), echando así balones fuera respecto a la responsabilidad directa del PP en esta cuestión. En concreto, el ministró alegó que las "circunstancias actuales" no garantizaban la suficiente certidumbre para prolongar la vida útil de Garoña hasta 2031, convirtiéndose en la primera central en llegar a los 60 años de vida, ya que todos los partidos de la oposición rechazaban su reapertura. Además, las reticencias mostradas por las propias compañías tampoco garantizaban la continuidad de la central, de modo que el PP concluyó que lo mejor sería decretar su cierre.
En todo caso, Nadal insistió en que el caso de Garoña es excepcional y que la postura del Gobierno es "mantener el parque nuclear", a diferencia del PSOE, que "no quiere" que haya ninguna central en España a partir de 2028. En este sentido, el ministro recordó que prescindir de la energía nuclear dispararía el precio de la luz otro 25%. Sin embargo, la postura expresada por el PP sobre la central de Garoña adolece de una profunda hipocresía por tres razones fundamentales:
1. Nueva promesa incumplida
En primer lugar, por su radical cambio de postura. "Garoña no se va a cerrar". Esto es lo que prometía Mariano Rajoy antes de llegar al poder en caso de que el PP ganara las elecciones generales y pudiera formar gobierno. Así lo repitió en diversas ocasiones, después de que el anterior Ejecutivo socialista, bajo el mando de José Luis Rodríguez Zapatero, decidiera cerrar Garoña en 2013.
El Gobierno cierra la central de Garoña.
Rajoy 2009: Si el PP llega al gobierno de España Garoña no se cerrará. pic.twitter.com/NJHr4WKrvp
— MALDITA HEMEROTECA (@Mhemeroteca) August 1, 2017
Sin embargo, Rajoy no solo no ha incumplido su promesa, sino que destacados miembros del partido, como el exministro Alfonso Alonso o Javier Maroto se han congratulado por la decisión.
El cierre definitivo de la central de #Garoña es una decisión responsable e inteligente del Gobierno de España y una magnífica noticia
— Alfonso Alonso (@AlfonsoAlonsoPP) August 1, 2017
Han sido muchos años trabajando por el cierre de #Garoña. Quienes hemos luchado por ello celebramos hoy haberlo conseguido definitivamente
— Javier Maroto (@JavierMaroto) August 1, 2017
El PP podía haber otorgado dicha autorización y dejar la decisión final en manos de las operadoras, estableciendo cláusulas muy claras para garantizar la necesaria seguridad jurídica en caso de que un futuro gobierno decidiese proceder al cierre anticipado de la planta, pero no lo hizo.
2. Su 'sablazo fiscal' hizo la planta inviable
Aunque lo más curioso del asunto es que no fue el PSOE, sino la política fiscal del PP la que terminó asestando la puntilla final a Garoña. Poco después de llegar al poder, Rajoy revocó el plazo límite que estableció Zapatero para que la planta dejara de funcionar el 6 de julio de 2013, pero su propietaria, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola) decidió no renovar el permiso de continuidad y, de hecho, dejó de producir electricidad ocho meses antes, en diciembre de 2012.
¿La razón? El nuevo impuesto que empezó aplicar el Gobierno sobre la energía nuclear hacía la planta inviable desde el punto de vista económico. La reforma eléctrica que aprobó el PP, elaborada por Industria y Hacienda, elevó de forma muy sustancial la fiscalidad y creó nuevas tasas al sector, incluidas las centrales nucleares, para cubrir los elevados costes del sistema como consecuencia de las desproporcionadas primas renovables.
Según explicó en su día Nuclenor, esta nueva fiscalidad elevaría en algo más de un 20% los costes de producciónde Garoña, por encima de la retribución media de la energía nuclear, de modo que la central perdería dinero por producir electricidad, ya que su margen de beneficios era muy estrecho.
El PP podía haber rebajado la elevada fiscalidad que pesa sobre la energía y, de este modo, facilitar la viabilidad económica de Garoña, pero no, tampoco lo hizo. Nadal recalcó el martes que la tasa nuclear "se queda como está".
3. Amenaza la continuidad del resto de centrales
Y lo peor de todo es que, a pesar de las declaraciones del PP a favor de la nuclear, su política fiscal y energética amenaza con cerrar el resto de centrales a lo largo de la próxima década, conforme tengan que renovar sus autorizaciones para prolongar su vida útil. Así, tal y como advertían los expertos de Endesa en 2012, "el parque nuclear español cerrará progresivamente a lo largo de la próxima década, porque las inversiones de extensión de vida útil (más allá de los 40 años) se hacen inviables con los nuevos impuestos y tasas".
El Gobierno se ha marcado un plazo de dos años para ampliar la vida de las centrales, lo cual tendrá que negociar con el resto de grupos para lograr el necesario respaldo parlamentario, pero la clave del asunto es que las eléctricas reclaman garantías adicionales o rebajas de impuestos para amortizar las inversiones que deberán acometer con el fin de extender su funcionamiento más allá de los 40 años estipulados inicialmente.
Si el Gobierno no cede a estas reivindicaciones, se dará la paradoja de que será el PP, no el PSOE ni los ecologistas, quien propiciará el cierre progresivo de todas las plantas nucleares en España, con la consiguiente subida de la luz que avanzó el propio Nadal.
