Tras la amenaza del Gobierno de, esta vez sí, suspender los préstamos del Fondo de Liquidez de Cataluña si comprueba que se destina dinero al desafío separatista, la reacción de los independentistas ha sido furibunda. El presidente catalán, Carles Puigdemont, llegó al punto de reclamar dinero al Gobierno central por conceptos como el rescate de las cajas o la "guerra sucia". Pero la realidad es bien distinta, como subraya este domingo el periodista Carlos Segovia en El Mundo.
Según el artículo, que cita un informe del Tribunal de Cuentas, este año se detectaron "impagos de la primera cuota de amortización de las operaciones de préstamo adheridas al FLA 2013, por parte de dos comunidades autónomas, por un importe conjunto de 1741,7 millones". Dice El Mundo que las comunidades incumplidoras eran la Comunidad Valenciana, con 390 millones, y Cataluña, con 1.351 millones.
La reacción del Gobierno fue avisar de que, si no pagaba, el dinero "se podría retener de los recursos del sistema de financiación". Pero finalmente la solución fue otra: en marzo "se regularizaron dichos vencimientos con cargo a los recursos del Fondo del ejercicio 2016, quedando en el mes de abril regularizados los importes correspondientes a los intereses de demora generados". La deuda contraída con el Estado se pagó, pues, con un nuevo préstamo estatal.