Como anunció el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, este sábado el BOE ha publicado la orden del Gobierno de suspender el acceso de Cataluña al Fondo de Liquidez Autonómica en caso de que se destine dinero a los preparativos de referéndum y la obligatoriedad del Gobierno catalán de enviar certificados semanales, y no mensuales como hasta ahora, para acreditar sus gastos.
La disposición revela cuáles serán las fechas clave de este giro en la estrategia del Gobierno: la primera certificación semanal tendrá que ser enviada el 28 de julio y se referirá a las partidas emitidas entre el 17 de julio y el 23 de julio. Además, la Generalidad deberá enviar otra certificación relativa al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 16 de julio. Tendrá que estar en manos de Hacienda el 9 de agosto, como tarde.
Estas "medidas adicionales" de control, como las define el Gobierno en la disposición publicada en el BOE, se mantendrán "hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general en la Comunidad Autónoma de Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos". Sobre las posibles sanciones, se especifica que si en la información enviada se aprecia alguna financiación destinada al referéndum, o los informes no llegan en plazo, se podría llegar a la "suspensión de la financiación" y se podría exigir responsabilidades "administrativas, contables y/o penales" a las autoridades catalanes.
Entre los datos que reclama el Ejecutivo, está un "listado de los órganos y entidades que conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Cataluña, así como de los nombres de los máximos responsables de las mismas, y el listado de los responsables" de las cuentas públicas, que son los "interventores de las respectivas consejerías y entidades"; los "responsables económico financieras de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas que realicen función interventora, integradas o no en los Presupuestos de la Generalitat; el director general de Presupuestos y el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro".
El Gobierno dice que actúa "en defensa del interés general" al tomar estas "nuevas medidas". Las justifica por la "sucesión de nuevos acontecimientos que ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer el control de la información económico-financiera" de la comunidad autónoma. Considera el Gobierno que las "recientes manifestaciones" por parte de las autoridades separatistas "han puesto en nuevo riesgo la estabilidad y el normal funcionamiento de las Administraciones Públicas" y alude a una situación de "desconfianza" e "incertidumbre", que dificulta la financiación en los mercados de Cataluña. También menciona el desfase de algo más de 6.000 euros que habría desencadenado la actuación del Ejecutivo.
Fuentes del Gobierno definen las medidas como "una vuelta de tuerca" del control que ya se había establecido sobre las cuentas catalanas en noviembre de 2015, y que hasta ahora no había llevado al Ejecutivo a frenar el acceso de las autoridades catalanas al Fondo de Liquidez, justificándolo en que no podían hacer pagar a los ciudadanos los incumplimientos del Ejecutivo catalán.
Entonces, los informes que pedía el Gobierno eran mensuales, y no semanales. Además, ahora los certificados tendrán que ser enviados de forma individual por parte de los interventores de las consejerías, los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, el director general de Presupuestos y el de Política Financiera, Seguros y Tesoro.
Según esas fuentes citadas por Efe, se actúa al constatar que "la radicalidad se ha apoderado del Ejecutivo catalán". Y sitúan al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, en la diana: "Es una bomba de relojería" para él, como responsable del referéndum y como consejero de Economía.
Por su parte, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, abundó este viernes en las explicaciones de Méndez de Vigo subrayando que se trata de un "refuerzo" del control económico y financiero sobre el Presupuesto catalán. El Gobierno, dijo, estará "vigilante"
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, será el encargado de elevar las conclusiones a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para que se determinaran las medidas a adoptar en caso de incumplimientos.