La insostenibilidad financiera de las pensiones públicas es un problema estructural que ningún partido político está dispuesto a abordar de forma seria y responsable. Tanto el Gobierno del PP como los grupos que conforman la oposición se limitan a aprobar parche tras parche para maquillar la realidad y posponer las impopulares, aunque inevitables, decisiones que, tarde o temprano, se tendrán que adoptar para tratar de reducir el agujero de la Seguridad Social.
El penúltimo apaño acordado en esta materia consiste en el crédito extraordinario de 10.000 millones de euros que aprobó el Consejo de Ministros el pasado jueves para hacer frente a las dos pagas extra de las pensiones de este año. Tal y como se preveía, el fondo de reserva de la Seguridad Social, también conocido como hucha de las pensiones, se está agotando como consecuencia del enorme déficit que ha registrado el sistema de reparto durante los últimos años. De hecho, la cuantía disponible, próxima a 15.000 millones de euros, ya no alcanza para afrontar el pago de todas las prestaciones en 2017, de modo que el Ejecutivo, al igual que ya sucedió a mediados de los 90, prestará dinero extra a la Seguridad Social para que pueda cumplir con sus obligaciones. Es decir, el Estado tirará de deuda pública para pagar las pensiones, evidenciando así la grave situación financiera que padece el sistema, incapaz de recabar los recursos suficientes para cubrir sus gastos, cuya cuantía ronda los 140.000 millones de euros al año… Y creciendo.
Este crédito adicional no sólo no resuelve el problema de fondo, sino que constituye una nueva muestra de trilerismo político, puesto que el auténtico objetivo que persigue el PP en estos momentos es evitar a toda costa la preocupante noticia de que la hucha está vacía, pese a que, en realidad, el citado fondo ya se ha agotado de facto. No es el primer parche que se aplica al modelo ni, mucho menos, el primer engaño que sufren los españoles a este respecto. La Seguridad Social ha protagonizado numerosos cambios e incumplimientos en las últimas décadas, cuyo resultado siempre se ha traducido en pagar cada vez más para, a cambio, recibir menos. En este sentido, las dos últimas reformas aprobadas por socialistas y populares condenan a los futuros pensionistas a jubilarse más tarde y cobrar una prestación muy inferior al último salario percibido.
Por desgracia, esta es la única receta que puede ofrecer el actual modelo público de reparto. El progresivo envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad arrojarán como resultado una pirámide demográfica con forma invertida, de modo que el número de pensionistas y de cotizantes tenderá a converger, elevando con ello la carga tributaria y reduciendo las futuras prestaciones. Lo más grave de esta situación, sin embargo, es que los políticos no solo se niegan a explicar esta triste realidad a la opinión pública, sino que incluso están dispuestos a agravar la delicada sostenibilidad de las pensiones con irresponsables promesas de más gasto, cuyo único fin es conservar o ganar votos.
El problema, en este caso, no es el PP ni el PSOE ni ningún otro grupo, sino el sistema en sí. Mientras no se produzca una profunda y seria reflexión acerca de la Seguridad Social para transitar de forma progresiva hacia nuevos modelos mixtos o de capitalización, no habrá solución posible. Lo que necesita España no son parches ni promesas irrealizables para mantener en pie un sistema que hace aguas, sino propuestas realistas y razonables para garantizar un adecuado y justo nivel de vida a los futuros pensionistas.