La Junta de Andalucía, a través de su Agencia Tributaria, quiere dar prioridad a averiguar qué andaluces se fugan a domicilios fiscales radicados en comunidades autónomas para ahorrarse la factura del impuesto de sucesiones y otros impuestos. Además, quiere aumentar el control fiscal sobre una economía de la que casi una tercera parte está sumergida. Pero propone una Oficina contra el Fraude que carece de fuerza legal para combatirlo.
El Plan de Control Tributario para 2017 da prioridad a la lucha contra los cambios de domicilio que no pocos andaluces consuman para eludir el costoso Impuesto de Sucesiones. Contra ello, la Asociación Stop Impuesto Sucesiones, relata ABC, ha convocado para el viernes día 30 a las 12.00 horas, diversas concentraciones ante las delegaciones de la Consejería de Hacienda de las ocho provincias andaluzas. Recuerden que logró más de 137.000 firmas de andaluces indignados por la vigencia de "ese impuesto anticonstitucional y cruel".
Curiosamente, la Junta no hace públicas las actuaciones para no dar pistas a los defraudadores, en el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, andaluces que tienen que pagar 100 veces más que en Madrid, por ejemplo, por la misma herencia. No es de extrañar que 40.000 andaluces, según la Comunidad de Madrid se hayan empadronado en Madrid en sólo un año para eludir esta sangría fiscal. La Junta de Andalucía sólo reconoce 6.500 "fugas".
La economía sumergida, forma de eludir la presión fiscal
Informamos hace tiempo de que, en Andalucía, a partir de 1992, la economía sumergida fue ganando peso progresivamente, hasta alcanzar el 28,9% en 2009, valor muy superior al que se obtenía para el conjunto de la economía nacional. De cada tres euros que se mueven en Andalucía uno era "negro". Esto es, la gestión socialista de la economía andaluza no sólo no había reducido la economía sumergida, sino que la potenciado. Lea el Informe de Analistas Económicos de Andalucía.
En 2014, los Técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en Gestha confirmaron que la economía sumergida en Andalucía había crecido. Por comunidades autónomas -excluyendo a los territorios forales-, Extremadura lideraba el ranking con una economía sumergida del 31,1% de su PIB regional, seguida de Andalucía (29,2%) y Castilla-La Mancha (29,1%).
Andalucía, con una de las mayores tasas de paro de España, está sometida a una presión fiscal media superior a la media nacional. Según los datos de 2014, sólo tenía por delante a las Comunidades de Asturias, Cantabria y Extremadura. Su tasa de presión fiscal, de más del 34 por ciento, es dos puntos mayor que la media nacional, y por encima de comunidades más ricas como Cataluña, País Vasco y Madrid.
Su esfuerzo fiscal por habitante, que es un 34 por ciento superior a la media nacional y más del 70 por ciento mayor que el de un madrileño o un vasco, sólo es superado en Extremadura. Y recuérdese que Impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, que ya no se aplican en otras Comunidades, lo hace y de una manera muy intensa en Andalucía.
Pero la lucha contra el fraude fiscal no parece ser muy exitoso a tenor de las cifras aportadas por la propia Junta de Andalucía. En 2016 sólo logró recuperar 310 millones de euros de la economía opaca a su control fiscal menos que el total recaudado por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones Sin embargo, de sus previsiones de ingreso a finales de 2015, que fueron de 31.186, sólo se ingresaron efectivamente poco más de 27.000.
Se admitirán denuncias anónimas
En una Andalucía donde el que denuncia es represaliado –varios casos sucesivos, desde el empleado que denunció el fraude de UGT a quien denunció el fraude de los fondos de formación pasando por el denunciante del caso Invercaria y algún otro, hacen sospechar de la intenciones de la Junta–, la Junta proyecta crear una Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción con buzón de denuncias anónimas incluido.
Tal es la nueva propuesta de PSOE andaluz y Ciudadanos, que se expresa en una norma que según análisis de El Demócrata Liberal no puede tener eficacia en el "control y prevención del fraude y la corrupción" por el rango de la norma, sus ámbitos subjetivos y objetivos y la protección al denunciante, entre otros aspectos.
La norma propuesta no tiene rango de Ley, como la tuvo el Consejo de Transparencia y Protección de Datos y, a pesar de lo cual, todo su personal fue colocado "a dedo". La propuesta andaluza se contrapone al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude integrado en la Intervención General de la Administración del Estado, mediante una norma con rango de Ley, y que coordinará las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude.
Además, en la norma propuesta, si los funcionarios investigan a personas físicas o jurídicas privadas, no lograrán apoyo ni colaboración de los afectados y no podrá sancionarse a ninguno de ellos porque las infracciones y posibles sanciones deben tipificarse en una norma con rango de Ley.
Entre otros factores, destaquemos que cuando un funcionario reciba una denuncia, antes de practicar investigación alguna, la tiene que comunicar a los organismos implicados poniendo así sobre aviso a quienes hubieran podido ser los autores de la falta o delito, facilitando la desaparición de pruebas y el posible inicio de acoso y derribo al funcionario denunciante que difícilmente conservará el anonimato.
Por si fuera poco, aunque se faculta a la Oficina para proteger a los denunciantes, no obliga a ello ni establece los instrumentos y mecanismos para garantizar su protección. La futura norma, además, deja desvalidos a los denunciantes que hayan sido acosados antes de presentar la denuncia. Sólo investigan los acosos producidos después de presentarla.