Accionistas minoritarios y no minoritarios del Banco Popular estudian denunciar por la vía civil, "la más rápida", a la Junta Única de Resolución (JUR) europea y al Fondo de Reestructuración Ordenación Bancaria (FROB), así como la posibilidad de iniciar arbitrajes de protección de inversiones contra el Estado español por parte de inversores extranjeros cuyos títulos valores han sido "confiscados".
Según ha confirmado a Europa Press Bernardo Cremades, abogado de Cremades y Asociados, despacho en negociación con distintas asociaciones de inversores afectados, plantean "demandar y no denunciar" a los mecanismos europeos y al Fondo de Rescate Español porque es la vía "más práctica". "Planteamos un recurso contencioso administrativo doble. Por un lado, contra la decisión de la JUR ante el Tribunal Europeo de Justicia, y, por otro, contra la decisión del FROB implementando la decisión de la JUR ante la Audiencia Nacional", ha explicado.
Además, Cremades ha confirmado que también están analizando "eventuales reclamaciones por vía civil" contra el Banco Popular y sus administradores, como ya han hecho la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y los accionistas minoritarios de la entidad --agrupados a través de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec)-- mediante el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo.
"No necesitamos una gran investigación de las cuentas, las puede investigar un perito, pero si ponemos como analogía el caso Bankia, la mayoría de los que reclamaron por su salida a bolsa ya han recuperado su dinero por la vía civil, mientras que por la penal el juicio todavía está abierto. La vía penal va mucho más lenta y no la vemos conveniente", ha aclarado.
El BCE no facilita el informe de Deloitte
Según ha publicado el diario Cinco Días, los accionistas de la Sindicatura de Popular, que poseen casi el 10% del capital del banco, también estudian la posibilidad de demandar al Mecanismo Único de Resolución (MUR). Fuentes de la agrupación de inversores consultadas por Europa Press no han querido hacer declaraciones, al igual que la Sociedad General Financiera y Fiduciaria (Sogefi), que conforma la Sindicatura de Popular junto con la Unión Europea de Inversiones (UEI).
Por otro lado, Bernando Cremades también ha querido dejar claro que han solicitado "insistentemente" al Banco Central Europeo (BCE) el informe de Deloitte por el que la JUR resolvió el banco. "No nos lo han entregado. Nos dicen que ya verán si lo publican o no", ha apuntado. En este sentido, Cremades ha indicado que había varias "alternativas" que se podrían haber adoptando antes que la resolución de la entidad y su posterior venta al Banco Santader por un euro.
"Creo que al plan 'b' llevado a cabo por Deutsche Bank, contratado por el Banco Popular, para hacer una ampliación de capital habrían acudido, presumiblemente, los accionistas mayoritarios, porque se habrían visto en la encrucijada de acudir a una nueva ampliación o a perder completamente su inversión. Con un descuento atractivo, hubiese acudido hasta yo porque el banco habría cotizado con un descuento importante referente a sus activos", ha añadido.
Asimismo, ha señalado que otras posibilidades podrían haber sido la citada recapitalización del banco, la ampliación de sus líneas de crédito o incluso haber segregado unidades de negocio. "Podría haber vendido los activos tóxicos del ladrillo a un fondo buitre por céntimos sobre el dólar. Tiraron por medio y no valoraron otras opciones", ha lamentado.
Finalmente, aunque no ha dado nombres de las posibles asociaciones demandantes por confidencialidad, ha afirmado que si cierran algún acuerdo podrían representar a "cientos o miles" de afectados. "Estamos englobando a accionistas minoritarios y no minoritarios para hacer un frente común y tomar las decisiones pertinentes", ha concluido.