La Fiscalía Anticorrupción ha delimitado con precisión el caso de la salida a Bolsa de Bankia. El escrito de acusación presentado por el Ministerio Público exonera a 28 de los imputados por Fernando Andreu, el magistrado que ha instruido la causa en la Audiencia Nacional. Pone el foco en Rodrigo Rato -para el que reclama una condena a cinco años de cárcel por un delito de estafa a los inversores- y a sus colegas más cercanos en los consejos de administración de BFA y Bankia: el exvicepresidente José Luis Olivas, para el que pide cuatro años de cárcel; el exconsejero José Manuel Fernández Norniella, para el que pide tres años; el exconsejero delegado Francisco Verdú, para el que solicita dos años y siete meses. Para los cuatro pide también una multa de 60.000 euros.
Firma el escrito de acusación Alejandro Luzón, el fiscal de las tarjetas black famoso por no haber perdido un caso. El representante del Ministerio Público exime a los procesados del delito de falsedad contable que apreciaba Andreu. Sin embargo, detecta indicios de estafa porque "se ocultó a los potenciales inversores que el negocio ordinario bancario y parabancario de Bankia, heredado de las cajas, no era viable en un entorno de crisis sin recibir nuevas ayudas". Esta consciente ocultación por parte de los acusados de la verdadera situación de la entidad para afrontar su futuro se produjo con el objetivo de obtener a toda costa los fondos necesarios para cubrir la exigencias de capital requeridas.
Luzón interesa la apertura de juicio oral contra los cuatro acusados y ha propuesto como testigos en el juicio oral al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el resto de técnicos del organismo que declararon durante la instrucción y el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.
La historia de la presunta estafa
El escrito detalla cómo el 30 de julio de 2010 siete cajas de ahorro (Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila, Caixa d’Estalvis Laietana, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia y Caja de Ahorros de La Rioja) constituyeron un grupo de entidades de crédito contando con la aprobación del Banco de España y el FROB. Se creó el "Banco Financiero y de Ahorros, S.A." BFA con participación mayoritaria de Caja Madrid (52,06%).
La integración de las siete Cajas de Ahorro que conformaron BFA "fue impulsada por las autoridades económicas y monetaria", principalmente por el ministerio de Economía y el Banco de España, que calificó las cajas integrantes de "fundamentalmente sólidas" y su proyecto de integración "de consistente y viable". El 5 de abril de 2011 se llevó a cabo la "segunda segregación" por la que BFA trasladó el negocio bancario que había sido de las siete cajas a la nueva Bankia, que comenzó a operar como una entidad de crédito.
Esta operación fue recomendada por los bancos de inversión y la asesoría Deloitte, que apostaban por la salida a Bolsa con la supervisión del Banco de España y la autorización de la CNMV. Bankia aumentó su capital por importe de 12.000 millones de euros mediante la emisión de 900.000.000 acciones de dos euros de valor nominal. Los fondos propios de Bankia a 30 de junio de 2011 ascendían a 13.152 millones de euros.
Folleto explicativo
Anticorrupción sostiene que "el colapso de Bankia producido en mayo de 2012 no puede entenderse como desligado de la inadecuada gestión precedente de las cajas de ahorro y la gestión de sus consejos de administración, muy politizados y poco profesionales". Se optó por la salida a Bolsa, que evitaba cargar el coste sobre el contribuyente, al entender las autoridades económicas que el rescate de Bankia hubiera provocado además, dado el carácter sistémico de la entidad, un daño muy importante al sistema bancario y financiero.
La inscripción del folleto informativo en el Registro Oficial de la CNMV se produjo el 29 de junio de 2011. La principal peculiaridad consistió en que, debido a la reciente integración de las distintas cajas, la única información financiera consolidada y auditada entonces disponible eran los estados financieros intermedios del trimestre cerrado a 31 de marzo de 2011 aprobados por los procesados. "La información declarada fue incompleta, debido a la ausencia de unas cuentas anuales de Bankia, y deficiente, pues no reflejaba de manera adecuada la imagen fiel del patrimonio de la entidad en la que se iba a llevar a cabo la inversión, al arrastrar controvertidos criterios contables de las Cajas de Ahorro".
Es cierto que los acusados suscribieron un Folleto en el que se informaba de manera exhaustiva de los factores de riesgo que conllevaba la oferta de los títulos de Bankia, identificando hasta 36, cuya descripción ocupaba más de la mitad del tríptico informativo.
Archivo en relación a Bankia
En cuanto al papel pormenorizado, Anticorrupción entiende que Rato, como presidente de la entidad, "aportaba el prestigio que le otorgaban sus pasadas responsabilidades en el Gobierno de España y en el Fondo Monetario Internacional. Encarnó el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas de Bankia, muy alejadas de la realidad". Al cierre de 2011 se reconoció que Bankia presentaba una situación que requería de ayudas públicas.
Aún así, el informe de gestión remitido a la CNMV el 4 mayo de 2012 todavía describía un ficticio escenario de solvencia del grupo. Rato dimitió y BFA acordó pedir al Estado una ayuda de 19.000 millones de euros, a sumar a los 4.465 ya concedidos.
Por último, el fiscal se inclina por el sobreseimiento de la causa penal respecto de BFA y Bankia "sin perjuicio de la responsabilidad civil". Valora que Bankia haya sustituido a su consejo, colaborado con la investigación judicial, facilitado el procedimiento de las tarjetas black y devuelto el importe íntegro de su inversión inicial a todos los accionistas minoristas que acudieron a la salida a bolsa de la entidad el 20 de julio de 2011.