Todo indica que la intensa fuga de depósitos que sufrió Banco Popular durante las últimas semanas precipitó al intervención de la entidad por parte de las autoridades comunitarias y su posterior venta al Banco Santander, ya que se estaba quedando sin liquidez para poder atender a la reclamación de los pagos. Y entre los numerosos clientes que retiraron dinero se encuentran también importantes organismos del sector público, como es el caso de la Seguridad Social y algunas CCAA.
Según informa Expansión este lunes, los saldos de cuentas de la Seguridad Social y de algunas consejería de comunidades autónomas sufrieron fuertes descensos días antes de que Popular comunicara al Banco Central Europeo (BCE) que no podía abrir las oficinas por falta de liquidez, a pesar de la línea de emergencia de 3.000 millones que le había abierto la entidad monetaria días antes, y que, sin embargo, agotó en apenas tres jornadas.
La retirada de fondos por parte de ahorradores individuales, pero, sobre todo, institucionales, como fondos de inversión y organismos públicos, precipitaron la caída del banco. Aunque las cifras bailan según las fuentes, la salida de dinero podría oscilar entre los 14.000 y los 18.000 millones de euros en total. Popular, según los reguladores, cumplía los requisitos mínimos de capital, pero el pánico y la incertidumbre en torno al futuro de la entidad, sumado a la última rebaja de rating que sufrió por parte de las agencias de calificación, provocaron una masiva salida de dinero y, como consecuencia, una grave crisis de liquidez que obligó a intervenir la entidad para evitar el cierre de las oficinas.
Seguridad Social y CCAA también decidieron retirar sus depósitos ante el temor de que una resolución típica del banco les hiciera perder parte de su dinero, ya que, en caso de quiebra, tan sólo están garantizados por ley los depósitos superiores a 100.000 euros. Incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podría haber actuado de forma similar.