Tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional en la que declara nula la amnistía fiscal del año 2012 pero sin anular sus efectos, fuentes del equipo de Montoro consultadas por Libertad Digital han rechazado que el ministro de Hacienda quede tocado con la sentencia del Constitucional.
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha afirmado este jueves que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 cuestiona el "instrumento normativo" pero "avala la regularización", por lo que"no tiene ningún tipo de consecuencia".
En declaraciones a los periodistas tras su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos en el Senado para explicar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, Fernández de Moya ha indicado que el Ministerio de Hacienda está "analizando" la sentencia, si bien ha apuntado que "fundamentalmente" incide en el instrumento normativo empleado en la amnistía fiscal, pero "deja plena constancia del aval de las regularizaciones, por lo que no tiene ningún tipo de consecuencia".
Asimismo, Fernández de Moya ha recordado que la Agencia Tributaria viene actuando a lo largo de los últimos meses al respecto y ha efectuado los requerimientos que se realizaron respecto a los contribuyentes afectados por la regularización.
"La sentencia se acaba de conocer y la Abogacía del Estado indudablemente la está estudiando, la acabamos de conocer, para analizar una sentencia del TC se requiere tiempo, para hacerlo con rigor, con seriedad y poder pronunciarse de manera firme", ha añadido.
De igual forma, ha defendido que el Gobierno "ha cumplido con su obligación", y ha reiterado que el TC "avala la regularización" y discute el instrumento normativo empleado, pero "en ningún momento la regularización". "No tiene ningún tipo de consecuencia", ha recalcado.
El Pleno Tribunal Constitucional (TC) ha declarado este jueves de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno del PP en marzo de 2012 porque utilizó para ello el Decreto-Ley, lo que la propia Constitución prohíbe para este tipo de medidas, y califica lo ocurrido de "abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos". En virtud del principio de seguridad jurídica, la decisión no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada.
Durante su comparecencia, el senador socialista Juan María Vázquez ha hecho referencia a la sentencia del TC publicada este jueves, a lo que el secretario de Estado de Hacienda ha respondido pidiéndole que se estudie la sentencia porque ha cometido un "patinazo importante".
Fernández de Moya ha espetado al senador socialista que la sentencia analiza un aspecto formal referido al instrumento normativo empleado, si bien el Ministerio de Hacienda "está estudiándola".
Igualmente, ha pedido al viceportavoz socialista en la Comisión de Presupuestos que analice las amnistías fiscales de los años 1984 y 1991 aprobadas con el Gobierno de Felipe González y que se pregunte cómo actuó Hacienda respecto a la lista Falciani aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el que ha recordado que también firmó el convenio para evitar la doble imposición con Panamá.