La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) ha convocado a los medios este jueves por la mañana en Madrid para anunciar la creación de una plataforma de accionistas afectados por la caída del Banco Popular y su venta por un euro a Banco Santander anunciada este pasado miércoles.
Para el presidente de Cremades y Calvo Sotelo y secretario general de AEMEC, Javier Cremades, lo que ha sucedido con los accionistas del Popular es un "accidente grave del capitalismo popular" y ha advertido de que no nos encontramos "ante un proceso de expropiación" sino de un "proceso de incautación" en lo que supone una "vulneración completa de los derechos de más de 300.000 inversores que confiaron, no sólo en el Popular, sino también en los reguladores y supervisores que deberían haber supervisado el incumplimiento de las reglas del juego".
Por todo ello, Cremades ha anunciado la constitución este mismo jueves de una agrupación de accionistas minoritarios de Banco Popular que aglutina a casi 400 accionistas que representan un 3,5% de la propiedad del banco. "Pequeños ahorradores", decía Cremades, que lo han perdido todo en un solo día.
Esta agrupación ha presentado este mismo jueves por la mañana una denuncia para que "se investiguen los hechos" ante la Audiencia Nacional. Decía Cremades que, en primer lugar, pedirán que se averigüe si ha existido una manipulación del precio de la acción desde hace meses y, por otro lado, si se ha producido una administración temeraria por parte de los administradores que ha desembocado en una reacción de pánico por parte de la clientela que ha ido sustrayendo de forma intensa sus depósitos y relaciones comerciales con el banco.
En su presentación, Cremades se ha mostrado convencido de que la Justicia "va a acabar poniendo un precio a esta confiscación de las acciones".
¿Contra quién va la denuncia?
AEMEC no va a dirigir su denuncia contra nadie en concreto, sino que denuncia un "accidente financiero y patrimonial" en el que se relata una serie de acontecimientos que generan dudas razonables sobre la posible comisión de delitos de manipulación de precios.
En cualquier caso, para Cremades la manipulación de precios sería sólo uno de los delitos que aderezan lo que "creemos que es un fraude de 1.300 millones de euros".
Otro objetivo fundamental de esta denuncia es el regulador o reguladores que en otras ocasiones han intervenido y en esta ocasión han dejado caer a plomo la acción del banco. En cualquier caso, "nuestra denuncia no va contra el Banco Santander", que, en este caso, creen que no es el culpable. Lo que van a buscar es "el origen del daño" porque "lo que es evidente es que ha habido una decisión de un regulador que ha incautado".
Finalmente, Cremades advertía de que en la denuncia aparecen dos nombres propios, uno es el presidente Saracho y, por otro, el accionista Emilio del Valle, que fue durante meses administrador de la compañía.
Pero Cremades ha vuelto a insistir en que "vamos a cuestionar mucho la actuación de los reguladores. No han actuado, no han tenido un planB. No nos han explicado qué otras opciones había. Los accionistas son contribuyentes y no quieren que el Estado pague, pero si ha habido un fraude y han manipulado la acción, alguien tiene que pagar por eso".