El presidente de Popular, Emilio Saracho, y su consejero delegado, Ignacio Sánchez-Asiaín, se reunirán este martes con autoridades del Banco Central Europeo (BCE) para tratar la delicada situación de la entidad, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.
Esta reunión entre responsables de la entidad y la institución presidida por Mario Draghi estaba prevista antes de que se produjeran los últimos acontecimientos que han afectado al banco, que este lunes ha retomado sus abultadas caídas en Bolsa. Precisamente, la institución presidida por Mario Draghi está llevando a cabo una inspección a Popular como parte de su programa ordinario de supervisión. Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) está realizando un análisis sobre el sistema financiero español, cuyos resultados dará a conocer "a mediados de julio", según indicó la institución.
En la reunión con el BCE, los responsables de la entidad podrían solicitar al supervisor un refuerzo de su posición de liquidez, si se viera debilitada por las posibles retiradas de depósitos de la entidad, que en mayo alcanzó una ratio de liquidez del 146% y cumplía con todos los requisitos regulatorios. A 31 de marzo de este año, los recursos propios de Popular ascendían a 10.777 millones de euros, al tiempo que la ratio de capital total se situaba en el 11,91%.
La entidad continúa inmersa en su proceso de venta después de que la pasada semana acometiera la desinversión de toda su participación en Targobank y se elevaran sus posiciones cortas hasta el 12,06% del capital total, acercándose a máximos. Además, la incertidumbre que rodea a su proceso de venta llevó a la entidad a perder durante la última semana casi la mitad de su valor.
La alta volatilidad que experimenta el banco en Bolsa condujo a su segundo accionista, la gestora de fondos Blackrock, a reducir su participación desde el 4,09% hasta el 1,775%, desprendiéndose de unas 97,15 millones de acciones de la entidad. Tras este movimiento, en el accionariado de Popular se encuentra en primer lugar la Sociedad General Financiera y Fiduciaria, que engloba la Sindicatura de accionistas y cuya participación asciende al 9,873%, seguida por Crédit Mutuel, con un 4,061%.
En cuanto a su proceso de venta, en un primer momento los bancos de inversión que asesoran a la entidad habían marcado el 10 de junio como fecha límite para recibir ofertas vinculantes de compra, si bien el proceso se ha extendido hasta finales de mes. Entre los posibles compradores, Santander y Bankia son los que, por el momento, han mostrado una mayor predisposición por hacerse con el negocio de Popular, aunque los interesados en la fusión podrían variar en función de cómo avance el proceso, por lo que es posible que BBVA se sume a la puja, de la que podría descolgarse el banco nacionalizado, indicaron a Europa Press en fuentes financieras.
Por el momento, la entidad no ha recibido ninguna oferta en firme ni ha tomado ninguna decisión, por lo que no se descartan otras alternativas de futuro. Entre ellas, algunos analistas sitúan la ampliación de capital, la desinversión de más activos no estratégicos o incluso la intervención por parte de las autoridades públicas si no funcionan las anteriores.