Ciudadanos Andalucía, habitualmente poco dado a enfrentamientos con el PSOE desde el liderazgo de Juan Marín, conminó este lunes a Susana Díaz con no aprobar los presupuestos de la Junta para 2018 si antes no afronta la reforma definitiva del Impuesto de Sucesiones según el modelo puesto en práctica en la Comunidad de Madrid. Además, exigió otra bajada del tramo autonómico del IRPF.
Pero, para dulcificar el mensaje político, José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos que estuvo presente en la reunión de seguimiento de los acuerdos entre ambas formaciones políticas, dijo que iba a presionar asimismo al gobierno de Mariano Rajoy para que sea la instancia que armonice en toda España el Impuesto de Sucesiones, algo que no ha hecho desde Madrid.
Siempre fue esa la opción política de Ciudadanos pero, por ejemplo, el pasado mes de marzo, al tiempo que pedía la armonización fiscal de Andalucía y Madrid para este Impuesto de Sucesiones, se mostraba de acuerdo con la Junta en exigir compensación por los 180 millones que se perderían y acusaba al gobierno Rajoy de propiciar el dumping fiscal alineado así con el PSOE.
Este lunes, en la comisión de seguimiento de los acuerdos entre PSOE y Ciudadanos que mantiene con vida política a Susana Díaz tras su derrota en las primarias socialistas, Marín ha decidido presionar con mayor vehemencia y manifestar con claridad su malestar subrayando las diferencias entre ambas formaciones políticas. Es más, ha dicho que "si no se aceptan nuestras propuestas, tendrán que buscar otro aliado" para los presupuestos de 2018.
Juan Marín quiere la reforma del Impuesto de Sociedades, algo que exige desde hace años el Partido Popular andaluz, y propone que esta reforma conduzca a una situación fiscal parecida a la de Madrid, comunidad en la que está bonificado hasta el 99 por ciento del impuesto.
El PSOE, a través de su secretario de Organización, Juan Cornejo, ha vuelto a prometer que estudiarán la propuesta, algo que ya hicieron cuando se calculó que la eliminación casi total del Impuesto de Sucesiones suponía un costo de 180 millones de euros que exigieron como compensación al gobierno Rajoy.
Ahora, el PSOE insiste en que es el gobierno central el que tiene que armonizar la estructura de este impuesto, que está cedido a las Comunidades Autónomas. De ese modo, los socialistas renunciarían a un aspecto de la autonomía política de la Junta para evitar su desgaste ante la izquierda comunista andaluza, IU y Podemos, eliminando el Impuesto.
Las manifestaciones cívicas ocurridas en diferentes capitales andaluzas contra el hecho de que la carga de este Impuesto en Andalucía sea mucho mayor que en otras comunidades de España, unido a la grave situación política que vive Susana Díaz, que necesita más que nunca a Ciudadanos, pueden ser circunstancias propicias para que el Impuesto de Sucesiones deje de ser un peso injusto para las familias andaluzas.