Las pensiones de la Seguridad Social siguen el mismo esquema que cualquier estafa piramidal: el dinero que aportan los nuevos cotizantes se utiliza para pagar a los que salen; si deja de entrar suficiente gente al sistema, no hay dinero con que pagar a los que salen, ya que el dinero que estos aportaron en su día no está ahorrado ni invertido en nada, sino que se utilizó para pagar a los que salían del sistema en ese momento. Teniendo presente este escenario típico de cualquier esquema Ponzi, no es de extrañar que la sostenibilidad del sistema público de reparto pase por el paulatino perjuicio de sus supuestos beneficiarios.
No hace falta retrotraerse a las numerosas quiebras parciales que se han producido en el sistema público de reparto desde que Bismark –o, en España, Franco– introdujo este sistema de previsión para la vejez, en unos tiempos en que la natalidad era mucho más alta y la esperanza de vida prácticamente coincidía con la edad en la que se adquiría el derecho a cobrar una pensión. Baste señalar que, hace poco más de un año, para cobrar la pensión máxima era necesario haber cotizado 35 años y sólo se tenían en cuenta los últimos 15 antes de la jubilación, que llegaba a los 65 años. Sin embargo, la última reforma cambió todo esto: ahora para cobrar el 100% habrá que tener al menos 37 años cotizados, se tendrán en cuenta los últimos 25 y la edad legal será de 67 años. Si esto lo hiciera una empresa privada se hablaría de estafa, pero como lo hace el Estado se dice que es una medida en defensa de la sostenibilidad del sistema.
Para colmo, la prestación de jubilación más elevada en relación a la base máxima de cotización ha pasado en los últimos años de representar el 91,1%, tal y como sucedía en 2010, a apenas el 80% en 2017. Ese mecanismo sigiloso por el que el modelo contributivo se va convirtiendo, poco a poco, en asistencial provoca que haya que cotizar mucho más para recibir mucho menos. Los expertos alertan de que de seguir por este camino llegaremos a un recorte mínimo del 30-40% de la relación salario/pensión para 2040. Y eso por no hablar del informe que publicaba hace escasos meses el Banco de España en el que se recomienda, entre otras polémicas medidas, elevar nuevamente la edad de jubilación (hasta los 70 años) y seguir recortando las pensiones en relación a los salarios.
La razón por la que ningún partido político con representación parlamentaria pone el grito en el cielo es doble. Se trata de un cambio que se produce de forma sigilosa, muy poco a poco y sin que los beneficiarios se den cuenta de lo que pasa. No es que reciban menos en términos nominales (las pensiones medias y las pensiones máximas siguen subiendo), sino que pierden en relación a lo que han cotizado. Estos ciudadanos han contribuido por el máximo y ahora ese máximo sólo les da derecho al 80%, no al 90%.
Por otro lado, presos del consenso típicamente socialdemócrata en el que están inmersos, ningún partido se atreve a proponer una transición a un sistema de capitalización individual, en el que las aportaciones del trabajador durante su vida laboral estén a su nombre e invertidas en activos que otorguen rentabilidad al fruto de su ahorro. Está omertá, esta ley del silencio que siguen nuestros políticos en torno a las pensiones, se traslada en gran medida a los medios de comunicación, que tampoco advierten de que el sistema público de reparto sólo es sostenible mediante el progresivo deterioro de la relación entre lo que se aporta y lo que se recibe. De esta forma, los ciudadanos no son conscientes de la masiva expropiación a la que les somete el sistema a cambio de una dádiva asistencial cada vez menos generosa y cada vez más postergada en el tiempo. Recelosos a la idea de que los ciudadanos sean propietarios de las aportaciones que hacen para su vejez, prefieren sacrificar a los jubilados presentes y, sobre todo, futuros en el altar del sistema.