La economía española todavía tiene importantes retos por delante para dar por superada la crisis, a pesar de la buena marcha que ha registrado la recuperación en los dos últimos años, con avances del PIB superiores al 3% interanual. La alta tasa de paro, la escasa productividad y la elevada deuda pública son los grandes lastres que quedan por solventar, tras el progresivo cambio del modelo productivo, la mejora de la competitividad y la sustancial amortización de deuda privada que han protagonizado familias y empresas.
Y buena parte de esos problemas pendientes tiene que ver, además de con un excesivo gasto público, con una copiosa y muy compleja regulación, cuya aplicación frena la capacidad de las empresas españolas para generar riqueza y empleo. Basta echar un vistazo al número de leyes aprobadas y a los boletines oficiales publicados para percatarse de la ingente normativa a la que están sometidos los españoles y, muy especialmente, autónomos y empresarios en su día a día.
El pasado año fue, hasta cierto punto, una excepción, debido a la existencia de un gobierno en funciones desde diciembre de 2015 hasta noviembre de 2016. Así, entraron en vigor un total de 436 normas de distinto rango a nivel estatal, lo que supone un descenso del 50,7% interanual, mientras que el Boletín Oficial del Estado (BOE) editó 171.905 páginas, un 2,6% menos, según el informe La producción normativa en 2016, elaborado por la patronal CEOE.
Y algo similar sucede con las comunidades autónomas, ya que aprobaron 245 normas (-19,4%) y publicaron 723.915 páginas en sus respectivos boletines oficiales, una caída del 7,8% con respecto a 2015. Cataluña, con casi 91.000 folios de normativa, fue la región más prolija en esta materia.
En total, Estado y autonomías aprobaron 681 nuevas normas y 895.820 páginas de regulación en 2016, lo que implica una reducción del 42,7% y 6,8% interanual, respectivamente.
Y todo ello, a pesar de la existencia de un gobierno en funciones. La situación, por tanto, empeora si se echa la vista atrás. Así, el BOE publicó más de 1,6 millones de páginas de regulación desde 2009, que, sumadas, a los más de 6 millones emitidas por las CCAA, hacen un total de 7,7 millones de folios de nueva normativa en los últimos ocho años. De este modo, los políticos han publicado una media de 960.000 páginas al año en los boletines oficiales durante la crisis económica (unos 203.000 el Estado y otros 757.000 los gobiernos regionales).
Además, si se echa la vista atrás, se observa que España ha aprobado un total de 41.336 normas estatales entre 1970 y 2016, a un ritmo medio de 900 leyes al año, lo cual da idea del denso y complejo marco normativo que sufre el país, lo cual, entre otros efectos, se traduce en graves distorsiones en el mercado y un alto nivel de cargas administrativas.
"Esta situación tiene un impacto directo sobre nuestra capacidad de crecimiento económico, puesto que las empresas no pueden dedicar sus recursos y esfuerzos plenamente a lo que saben hacer, que es crear riqueza y generar empleo", advierte la patronal. "Hemos de tener presente que si queremos convertirnos en polo de competitividad en la economía globalizada, hemos de contar con una Administración y una legislación simplificada, moderna, estable y al servicio de las necesidades de las empresas", concluye.
Entre otras medidas, la CEOE solicita que el Instituto Nacional de Estadística (INE) recabe los datos sobre empresas que ya tiene de forma directa, que el Gobierno cree la "carpeta del empresario" para facilitar la tramitación del conjunto de procedimientos con las Administraciones Públicas, así como ampliar la operativa del sistema de remisión electrónica de documentos-red, tramitar de forma electrónica las solicitudes de exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, simplificar el Impuesto de Sociedades, sustituir el libro de subcontratación por un modelo de libro electrónico o simplificar la solicitud y renovación de certificados electrónicos.