España, Francia y Grecia. Estos son los tres únicos países que quedan bajo el Procedimiento de Déficit Excesivo. Portugal y Croacia ya no lo están: estos dos países salen a partir de este lunes de la supervisión estricta del Gobierno comunitario. Es decir, según las propias palabras de Bruselas, sólo los gobiernos español, heleno y galo seguirán bajo "el brazo correctivo" de la Comisión Europea. Bueno, Reino Unido también está por encima del 3% de déficit, aunque no parece que a Theresa May le vaya a afectar la noticia.
Este lunes, la Comisión Europea (CE) publicaba su informe de primavera sobre la situación presupuestaria de los países miembro de la UE y las recomendaciones para cada uno de los gobiernos. Y la foto vuelve a ser muy poco halagüeña para España. Esta imagen queda reflejada en el siguiente gráfico, de la web de la CE. Tras diez años de crisis, sólo cuatro países presentan un déficit superior al 3% que marca como límite el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (que también impone un 60% de deuda pública como máximo, otro aspecto que España no cumple).
Por lo tanto, España (déficit equivalente al 4,5% del PIB en 2016) y Francia (3,4%) deben tomar nuevas medidas para enfrentarse a esta situación y seguir reduciendo el déficit (Grecia es un caso aparte, porque es inmersa en un procedimiento de rescate y refinanciación y tiene sus propios problemas). En el caso de nuestro país, además, esta situación se une a los sucesivos incumplimientos de años anteriores. De hecho, el documento de la CE dedicado a España no cambia demasiado respecto a ediciones pasadas de estas recomendaciones: pide controlar más el gasto, desliza que no se cree las previsiones del Gobierno y exige nuevas reformas, no muy diferentes de las que planteaba hace seis meses, un año... o un lustro.
Las recomendaciones
Como apuntamos, el documento sobre España publicado este 22 de mayo de 2017 no es muy diferente del que recogía las recomendaciones del pasado invierno. En cuanto a las cifras, la Comisión cree que el Gobierno no cumplirá con el objetivo de déficit pactado con Bruselas. Para este año, el Compromiso es del 3,1% del PIB y la previsión del Ejecutivo comunitario es que nos iremos hasta el 3,2% (sólo una décima más). Pero para el año que viene la diferencia entre lo que prevé el Gobierno español y la CE ya es más relevante: del 2,2 al 2,6%, casi medio punto del PIB.
Por eso, el informe de la CE dice que "será necesario aplicar más medidas, especialmente en 2018". ¿Qué tipo de medidas? Pues hay un poco de todo. Para empezar, en Bruselas creen que el Gobierno no está aplicando en toda su extensión la Ley de Estabilidad Presupuestaria y le piden que empiece a hacerlo. Porque además, el documento avisa (de nuevo) de que casi todo el ajuste en las cuentas públicas se está fiando a la mejora de la situación económica y muy poco a la aprobación de reformas o a medidas concretas incluidas en el Presupuesto. Y eso no gusta en la CE, que recuerda que la situación económica sigue "sujeta a riesgos". En este punto, el informe pone un interrogante sobre el impacto de las últimas medidas tributarias y advierte de que en el programa de estabilidad que el Gobierno ya ha mandado a las autoridades comunitarias no hay suficientes detalles sobre las medidas que permitirán cumplir con los objetivos de déficit a los que, en teoría, se ha comprometido España.
Como no se cree los números del Gobierno y además piensa que no hay nada en las medidas tomadas hasta ahora que justifique este optimismo, la Comisión pone sus propias recetas para la economía española. En el tema de los ingresos, vuelven dos clásicos de los informes comunitarios: el IVA y los impuestos medioambientales. En los dos casos, el Ejecutivo comunitario recuerda que lo que se recauda en nuestro país está muy por debajo de la media de la UE. No hay una recomendación concreta, pero sí pistas de por dónde creen en Bruselas que deberían ir los tiros. En el IVA, por ejemplo, la advertencia es sobre las "numerosas excepciones" que rigen en España y que hacen que numerosos productos y servicios queden fuera del régimen general: con tipos similares a los europeos, recuerdan, recaudamos mucho menos. En los impuestos verdes, afirman que hay margen para imponer tasas a la contaminación que, además, creen que servirían para generar beneficios sociales y ambientales.
Junto a los impuestos, la Comisión pide medidas para reforzar un marco regulatorio que impulse la eficiencia económica y la competencia, con más mecanismos de control sobre la Administración y más transparencia en la forma en la que se produce el gasto público en España. El documento celebra "el progreso realizado en la lucha contra la corrupción", pero pide que se aprueben nuevas medidas en este sentido: protección de los denunciantes de estos delitos, independencia de la oficina de conflictos de interés, regulación sobre los lobbies... En este sentido, advierte de que los cambios normativos para reducir la duración de los procedimientos legales podrían generar el efecto indeseado de provocar la "impunidad en algunos casos de corrupción complejos" para los que sea necesario un proceso de investigación más largo de lo normal.
El resto del informe mantiene las líneas habituales de los documentos de la Comisión sobre España. De esta forma, dedica una buena parte al mercado laboral. Y aunque admite que se han producido avances en los últimos meses, cree que no son suficientes: "Algunas características del mercado laboral España podrían todavía desanimar la contratación de empleados indefinidos". Aquí el informe destaca la "incertidumbre" legal que enfrentan las empresas que necesitan despedir y el "elevado" coste del despido para los contratos fijos. Por eso, la Comisión concluye que "España no ha desarrollado un plan general para luchar contra la dualidad del mercado laboral". Lo cierto es que no parece que el actual Parlamento, con el limitado apoyo del que disfruta el Gobierno, se esté planteando una reforma laboral que flexibilice de verdad el mercado, reduzca el coste del despido y haga más sencilla la contratación de indefinidos.
Por otro lado, desde Bruselas piden cambios en Educación, puesto que creen que "los malos resultados educativos afectan negativamente al potencial a largo plazo, a la productividad y al crecimiento" de nuestro país. En este punto, alerta sobre las disparidades regionales en los resultados, las elevadas tasas de fracaso escolar, la altísima tasa de repetición y la baja empleabilidad de los licenciados universitarios. Como solución, en la etapa escolar plantea mejorar la formación de los profesores y un apoyo individualizado a los alumnos con problemas. Para la universidad, la CE pide más movilidad de estudiantes y profesores, más oportunidades de contratos de aprendizaje y en prácticas, menos rigidez en la normativa que afecta a las universidades y cooperación entre las facultades y las empresas. Tampoco hay sorpresas en este epígrafe. Y tampoco por aquí se esperan demasiados cambios por parte de nuestros partidos.
La Comisión también dedica un par de párrafos a las otras dos reformas pendientes (y repetidas una y otra vez) de la economía española: el tamaño de las empresas y la liberalización de servicios profesionales. En el primer caso, el documento recuerda que "las micro-pymes españolas tienen un nivel de productividad significativamente más bajo" que el de las empresas más pequeñas del resto de la UE. Si además, como es el caso, el porcentaje de este tipo de empresas que hay en España es superior a sus vecinos, esto tiene "un impacto significativo en la productividad de la economía en su conjunto". Para solucionarlo, la Comisión pide reducir las "barreras de entrada innecesarias" para que las nuevas empresas puedan competir desde el primer día. También propone finalizar el desarrollo y puesta en práctica de las normas aprobadas en los últimos años para impulsar la creación de empresas y su crecimiento.
En lo que se refiere a la liberalización de los servicios, Bruselas advierte de nuevo en las barreras "proteccionistas" que garantizan una protección indebida a "algunos proveedores de servicios". Aquí la Comisión admite que se han aprobado algunas reformas para liberalizar determinados sectores pero avisa de que todavía queda mucho camino por recorrer.