Los españoles son sometidos a todo un reguero de impuestos a nivel nacional, autonómico y local cuyo pago no solo asfixia financieramente a familias y empresas, sino que, además, dificulta la creación de empleo y la acumulación de riqueza, lastrando con ello el bienestar y el progreso del conjunto de la sociedad. Y lo peor de todo es que, más allá de la elevada factura que exige Hacienda, el sistema fiscal español también adolece de graves defectos e injusticias.
Uno de los muchos desmanes que, hasta ahora, protagonizaba el Fisco era el impuesto de plusvalías municipales sobre la venta o transmisión de inmuebles, puesto que éste se aplicaba con independencia del valor real del bien, de modo que el propietario estaba obligado a pagar incluso cuando perdía dinero con la operación, vulnerando así los principios elementales del derecho tributario. El Tribunal Constitucional ha anulado esta semana el evidente abuso que suponía la aplicación de dicho gravamen en caso de que la venta no suponga beneficios para el titular del bien, lo cual abre la puerta a la devolución de los pagos indebidos que se hayan registrado en los últimos cuatro años no prescritos, pero esto no quita que su vigencia se haya extendido durante años ni que el Gobierno, en coordinación con los ayuntamientos, esté ya trabajando en un nuevo modelo para mantener en pie el impuesto de plusvalías.
No es el único atropello. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones es otro ejemplo de la tributación arcaica, retrógrada y confiscatoria que, por desgracia, sigue existiendo en España. A diferencia de la práctica eliminación que instauró en su día la Comunidad de Madrid, todavía son muchas las comunidades autónomas que se apropian de una parte sustancial del legítimo patrimonio que poseen las familias, para sonrojo, vergüenza y lógica indignación de la población. Resulta, simplemente, deleznable que la clase política se apropie, vía impuestos y embargos, de los mayores o menores ahorros que hayan logrado acumular los españoles a base de años de trabajo y esfuerzo por el hecho de fallecer o donar en vida sus bienes. El único calificativo que merece dicha práctica, abolida ya en la mayoría de países desarrollados, es el de robo o expolio, tal y como manifiestan los miles de españoles que han protestado en las calles de Asturias, Andalucía o Aragón para solicitar la eliminación de este tributo.
Sin embargo, los partidos políticos, todos sin excepción, siguen haciendo oídos sordos. De hecho, el PSOE, lejos de rectificar este intolerable saqueo fiscal, pretende ahora extenderlo a todas las regiones de España, incluyendo aquellas que han optado por derogar de facto esta lesiva tributación. Y, por si fuera poco, los programas que han presentado los candidatos socialistas a la secretaría general del partido abogan por una nueva subida histórica y generalizada de impuestos a familias y empresas, y, muy especialmente, al ahorro de los españoles. Esta particular orientación fiscal es, en primer lugar, injusta, puesto que, en el fondo, supone tributar varias veces por lo mismo. Si las rentas del trabajo ya pagan IRPF, el fruto de éstas -la rentabilidad que genera el patrimonio acumulado- debería quedar exento. Y, en segundo término, resulta muy dañina para la economía, en general, y la ciudadanía, en particular, puesto que mina y desincentiva el ahorro, el pilar básico sobre el que se asienta la generación de riqueza y empleo.
Una cosa es contar con un sistema fiscal sencillo, transparente y eficaz para financiar los servicios públicos básicos y otra muy distinta saquear a los contribuyentes mediante impuestos inmorales, abusivos y confiscatorios para que los políticos puedan despilfarrar a placer, al tiempo que lastran la capacidad económica y el bienestar del conjunto de los españoles.