Los sucesos de Sevilla deberían suponer un punto de inflexión en lo relacionado con cómo se aborda la lucha contra los mafiosos del taxi, pero no lo supondrán. Nuestros políticos se ponen muy gallitos cuando se dedican a imponer tasas, multas y restricciones al ciudadano normal, corriente y desorganizado, pero se cagan encima cuando el bien común que dicen defender debe imponerse sobre los intereses de grupos pequeños, organizados y de gran capacidad de presión. Así que no se hará nada, para variar. No se hizo cuando lo recomendó Competencia ni se hará ahora sólo porque la mafia sevillana ataque a conductores y les queme los vehículos.
Lo de trabajar conduciendo tiene los días contados. Aunque los avances en inteligencia artificial siempre habían quedado por detrás de las previsiones de los futurólogos, en los últimos años se han dado saltos espectaculares, y la conducción automática está a la vuelta de la esquina. Lo demuestra que no se limite al clásico proyecto de Google, sino que tanto compañías tecnológicas tipo Apple o Uber como casi todos los fabricantes de coches tienen programas de desarrollo de vehículos que se conducen solos. No sabemos cuándo inventará alguien una batería que nos permita cargar coches eléctricos en minutos y haga finalmente obsoleto el motor de combustión interna. Pero sí sabemos que habrá vehículos autónomos en las calles durante la próxima década.
La transición durará años. Pero acabará, previsiblemente, con los gobiernos prohibiéndonos conducir salvo en entornos controlados como puedan ser los circuitos. Manejar el volante se convertirá en algo parecido a lo que es montar a caballo ahora: un divertimento, un lujo. Así que el taxi desaparecerá como tal, aunque quizá no sea el primero en hacerlo; parece previsible que el transporte de mercancías se automatice antes, porque a priori es más sencillo de implementar técnicamente y la reducción de costes, mucho más amplia y generalizada para toda la economía. En cualquier caso, el empleo de quienes transportan personas o mercancías desaparecerá dentro de pocos años.
Será un fenómeno traumático. Sólo en España perderán su trabajo más de medio millón de personas. Y en un sector donde es habitual, ya sea por la compra de un camión o por la adquisición de una licencia de taxi, que los trabajadores aporten al menos parte del capital para poder operar, por lo que muchos se verán hipotecados de por vida, pero sin ingresos para devolver sus deudas. Un drama que se ve venir, pero que nadie está afrontando. Hay que aconsejar a quienes estén pensando en comprar una licencia o un vehículo que quizá no dé tiempo a amortizar que se lo piensen dos veces. Y a quienes ya están enfangados, que empiecen ahora a buscar una estrategia de salida, una alternativa, para cuando llegue lo inevitable. Pero no, la respuesta es manifestarse, armar jaleo y quemar coches que pronto no tendrán conductores a los que amedrentar.
Al final, dada la irresponsabilidad y el canguelo de toda la clase política, seremos los contribuyentes quienes paguemos el pato. Parte de lo que ganemos en precios más bajos tanto en el transporte como en los productos que compramos lo tendremos que apoquinar para aliviar la carga de los damnificados por la destrucción creativa. Entre ellos los de Sevilla. Encima.