Las cuentas públicas de las CCAA son más "vulnerables" de lo que reflejan las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda. Ésta es la principal conclusión que arroja el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la evolución de las finanzas autonómicas entre 2003 y 2016. El documento en cuestión, elaborado por Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos en esta materia, concluye que la caída del déficit registrada en 2016 responde a ciertas"circunstancias atípicas" que no se mantendrán en el tiempo, de modo que los gobiernos regionales deberían aplicar nuevos recortes sobre el gasto corriente para garantizar su solvencia a corto y medio plazo.
El agujero fiscal de las CCAA bajó del 1,74% del PIB en 2015 al 0,82% en 2016. Esta cifra fue destacada por el Ministerio de Hacienda de forma muy positiva como muestra del esfuerzo que había llevado a cabo la Administración Autonómica para cumplir con los objetivos de déficit, fijados en el 0,7%. Sin embargo, "el análisis sugiere que las cuentas regionales todavía no han superado por completo los efectos de la crisis y continúan presentando factores significativos de vulnerabilidad", según señala el citado estudio.
Factores "atípicos"
El problema es que los resultados de 2015 y, especialmente, de 2016 se ven afectados por algunas "circunstancias atípicas" que, una vez corregidas, muestran un déficit muy superior al oficial. Esos factores anómalos son los siguientes:
- Fuerte caída de la inversión desde niveles que ya eran "insosteniblemente bajos", lo cual, en caso de no corregirse, "terminará comprometiendo la calidad de los servicios públicos". Es decir, en lugar de recortar el gasto corriente y reducir el tamaño de la estructura burocrática, las autonomías han optado —al igual que el Gobierno central— por reducir la inversión pública (mantenimiento y renovación de infraestructuras, por ejemplo), lo cual no se puede extender de forma indefinida en el tiempo.
- Ingresos extraordinarios:otro efecto no sostenible en años futuros es la favorable liquidación del sistema de financiación (la correspondiente a 2014), por la que las CCAA ingresaron 7.600 millones de euros extra el pasado año, unos 6.000 más que en 2015. La financiación autonómica funciona con dos años de retraso con respecto a la evolución general de las cuentas públicas, ya que el Gobierno central, encargado de recaudar la mayoría de los impuestos, reparte los recursos entre las distintas autonomías a lo largo del año en base a una previsión de recaudación que no siempre se cumple. Dos años después de concluir el ejercicio, las CCAA reciben dinero extra o pierden ingresos en función de si la recaudación real fue mayor o menor. La liquidación de 2014 fue positiva —la recaudación real fue superior a la prevista—, de modo que las autonomías ingresaron 7.600 millones adicionales con los que, a priori, no contaban en 2016.
- Menor carga de intereses: el pago de intereses por parte de las CCAA se mantiene en niveles artificialmente bajos, gracias, exclusivamente, a los mecanismos de liquidez y rescate facilitados por el Estado, como el FLA, una "subvención implícita"que acaba maquillando la verdadera situación presupuestaria de las autonomías.
Por ello, Fedea advierte que, una vez corregidas estas anomalías, "la situación de las finanzas regionales sigue siendo relativamente vulnerable y exige atención". Según Ángel de la Fuente, el "déficit subyacente", tras normalizar los ingresos del sistema y deducir los diversos factores atípicos que afectan a las cuentas, es algo menor al registrado en 2015 (1,45% frente al 1,74% observado), pero superior al de 2016 (1,28% del PIB frente al 0,82% oficial). Es decir, el déficit oculto de las CCAA es un 56% superior al registrado en 2016, tal y como muestra el siguiente cuadro.
Las anteriores cifras reflejan el déficit que se habría observado en 2015 y 2016 tras eliminar los gastos e ingresos atípicos, así como la financiación gratuita propiciada por el FLA. El déficit subyacente sería, por tanto, inferior en unos 3.000 millones al observado en 2015, pero superaría en más de 5.000 millones el observado en 2016.
Este ejercicio sugiere que "la situación presupuestaria actual de las CCAA es menos cómoda de lo que podría parecer a primera vista, dado que el acercamiento al objetivo de déficit que se observa en los dos últimos ejercicios refleja fundamentalmente una fuerte reducción de los intereses debida a acciones discrecionales del Gobierno central que podrían no mantenerse en el futuro y una caída adicional de la inversión desde niveles ya muy bajos que habría que empezar a revertir lo antes posible". El patrón observado en los dos últimos años resulta, pues, "un tanto engañoso y cambia significativamente cuando las cifras se analizan con atención", alerta el informe.
"Para acomodar la normalización de las partidas de inversión e intereses sin aumentar el déficit estructural del sector [CCAA] sería necesario un esfuerzo de contención del gasto corriente que seguramente no resultará sencillo en las actuales circunstancias políticas", concluye Fedea.