El Cupo es el dinero que el Gobierno foral paga anualmente al Ejecutivo central por las competencias no transferidas que ejerce el Estado en dicha región, como Defensa, Asuntos Exteriores e infraestructuras como puertos y aeropuertos.
El País Vasco es una región foral y, por tanto, no participa del sistema de financiación por el que se rigen las comunidades autónomas de régimen general. Las provincias vascas son las encargadas de recaudar los impuestos que pagan los contribuyentes (familias y empresas) residentes en la región, y, posteriormente, abona cada año al Gobierno central el coste estimado de las competencias que desempeña el Estado en el País Vasco a través del Cupo.
Desde que se aprobó la actual Constitución española en 1978, el método para calcular el Cupo se establece a través de leyes quinquenales, que abarcan cinco años, y, aunque su metodología es muy compleja, las cuantías resultantes se han negociado a lo largo de los últimos años de forma bilateral entre la Administración vasca y el Gobierno centra en función de intereses políticos y partidistas.
El último ejemplo de dicha negociación es el acuerdo alcanzado entre el PP y el PNV sobre la liquidación del cupo entre 2007 y 2016 y la actualización del mismo desde ahora hasta 2021, con el fin de lograr el apoyo de los nacionalistas a los Presupuestos Generales del Estado para 2017.