Miguel Ángel Redondo es el portavoz de Economía del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Libre Mercado se ha entrevistado con él con motivo de los incumplimientos de la Regla de Gasto que ha registrado el consistorio bajo gobierno de Manuela Carmena.
- Madrid va a asumir recortes presupuestarios superiores a los 200 millones de euros para cumplir con la Regla de Gasto. ¿No se podía haber evitado?
La operación clave, al margen de muchas consideraciones que podríamos hacer, es la compra del edificio ubicado en el número 45 de la calle Alcalá. Esa operación, cerrada en 104 millones de euros, tiene mucho que ver con lo que está pasando.
- Recapitulemos entonces.
De entrada, cabe recordar que aquel edificio era propiedad del consistorio pero fue vendido a Testa, hoy integrada en la socimi Merlín. La operación se cerró en 99 millones y llevaba parejo un contrato de alquiler de 6,7 millones anuales. Obviamente, se entiende que el Ayuntamiento pueda plantear una operación similar si se hace de manera ordenada, con el objetivo de ahorrar gastos de arrendamiento. Pero no fue eso lo que sucedió.
- Libre Mercado ha publicado las actas de la Junta de Gobierno, que acreditan que la discusión sobre la operación no llegó a los diez minutos.
Es inexplicable. Cerraron la compra en cuestión de días, sin estudios ni negociaciones exhaustivas. Eso genera un enorme sobrecoste y hace que la operación sea mucho menos rentable. Pero lo más grave es que se hizo el 28 de diciembre de 2016.
- Casi en Nochevieja… ¿Por qué es tan importante la fecha?
Porque las entidades locales tienen límites de gasto que, una vez se superan, conllevan retenciones de crédito por parte del ministerio de Hacienda. De manera que, al comprarlo el 28 de diciembre en vez del 3 de enero, esos 104 millones de euros contabilizan como exceso de gasto en 2016, de manera que se aplicará una inmovilización por 104 millones en 2017.
- Es decir, que no haber esperado una semana hace que la operación acarree ajustes presupuestarios en 2017.
Eso es. De manera que el edificio ha costado 104 millones de euros, por la operación de compra, pero también nos ha supuesto otros 104 millones, por la inmovilización presupuestaria que se deriva de haber cerrado la transacción a finales de 2016 en vez de comienzos de 2017. Por tanto, la gracia nos ha costado 208 millones.
- Un golpe relevante al contribuyente.
Para que nos hagamos una idea, equivale al IBI de 260.000 familias, a la mitad del presupuesto del Ayuntamiento en limpieza viaria, a decenas de partidas consignadas a invertir en mejorar la ciudad…
- ¿Por qué esta precipitación?
Desde enero de 2016, la falta de ejecución presupuestaria alcanzó niveles históricos. No se invertía en nada de lo previsto. Y como los porcentajes a final de año eran tan bajos, el gobierno de Ahora Madrid iba camino de verse obligado a acometer un récord de amortización de deuda, no por gusto, sino por su incapacidad para gestionar las partidas de gasto que se habían aprobado. Ante esta situación, para no quedar en evidencia, deciden gastar precipitadamente en los últimos días de diciembre, en los que se cierran operaciones valoradas en más de 200 millones de euros, la gran mayoría no presupuestadas ni anunciadas, mucho menos explicadas a la oposición.
Al final, ha sido mucho peor el remedio que la enfermedad. El objetivo era no quedar como malos gestores, evitando que se constatase que son incapaces de gestionar el presupuesto. Pero ahora vamos a ver que, mes a mes, el Ayuntamiento se ve obligado a aplicar retenciones en el gasto, hasta cumplir con los 238 millones de euros que deben quedar inmovilizados para cumplir la Regla de Gasto. En última instancia, la compra de Alcalá 45 bien parece la del edificio más caro de Madrid.