El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que ha presentado esta semana en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, agrava aún más la irresponsable y perjudicial política fiscal que ha seguido el Gobierno del PP en los últimos años. Es indudable que España encara una favorable coyuntura económica, animada en parte por el actual contexto de tipos de interés bajos y petróleo barato, pero esta mejora sigue siendo endeble debido a la existencia de una burbuja pública que tanto el PSOE como el PP se han resistido a pinchar con uñas y dientes a costa, eso sí, de disparar los impuestos al conjunto de familias y empresas españolas.
Los Presupuestos de 2017 inciden en esta errónea deriva. En primer lugar, porque, si bien es cierto que el cuadro macroeconómico en el que se sustentan es factible, incluye una estimación de ingresos fiscales absolutamente irreal, tal y como ya ha sucedido en ejercicios previos. Montoro tan sólo cuadra las cuentas sobre el papel. En realidad, toda su estrategia ha consistido en aumentar más o menos el gasto, al tiempo que promete cumplir con el objetivo de déficit marcado por Bruselas gracias a un sustancial aumento de la recaudación que, sin embargo, nunca se alcanza. Como consecuencia, una vez aprobados los Presupuestos, el Gobierno de Mariano Rajoy se dedica en cuerpo y alma a presionar a Bruselas para lograr una revisión al alza del citado objetivo y, de este modo, poder afirmar al cierre del ejercicio que ha cumplido o, al menos, se ha acercado a la meta de déficit, después de que fuese revisada, eso sí.
Todo apunta a que el PP seguirá la misma dinámica este año. Si en 2016, creciendo a un ritmo superior al 3%, el Estado recaudó casi 20.000 millones de euros menos de lo previsto inicialmente, contando incluso con el inesperado y traicionero sablazo fiscal que Montoro asestó a las empresas a finales del pasado ejercicio, más difícil será alcanzar los ingresos que estima ahora en estos nuevos Presupuestos, ya que sus previsiones son, si cabe, aún más optimistas.
Por otro lado, el Gobierno insiste en seguir elevando el gasto, a pesar de que España acumula ya el mayor déficit de la zona euro y una deuda pública que ronda el 100% del PIB, mientras aprueba la mayor oferta pública de empleo en años, tras convertir en funcionarios a decenas de miles de interinos. Y todo ello, con la manida excusa de que es necesario incrementar el "gasto social". Los datos, sin embargo, demuestran que los famosos recortes brillan por su ausencia. España cuenta hoy con un nivel de gasto real similar al existente en el pico de la burbuja inmobiliaria, cuando la tasa de paro rondaba el 8%, y lo único que ha hecho hasta ahora el PP es evitar la sana e imprescindible reestructuración del sector público tirando de deuda pública e impuestos. El tándem Rajoy-Montoro ha preferido jugar al tradicional electoralismo y clientelismo políticos antes que acometer los numerosos y profundos ajustes y reformas estructurales que todavía precisa el sector público.
Y, por si fuera poco, las cuentas de 2017 también incluyen subidas fiscales, solo que algo más soterradas, puesto que el Gobierno elevará las cotizaciones sociales de autónomos y asalariados con el vano fin de estrechar el gran agujero de la Seguridad Social. En definitiva, más gasto innecesario, más impuestos lesivos para la creación de riqueza y empleo y, por último, más déficit y deuda pública. El Estado se niega a apretarse el cinturón mientras estrecha un poco más la soga a familias y empresas.