Naturalmente que el Gobierno de España y la Administración central del Estado tienen el derecho y el deber de invertir en infraestructuras en cualquier parte del territorio nacional, incluida Cataluña. El problema se plantea si el Ejecutivo de Rajoy ejercita ese derecho y ese deber como una forma de eludir un derecho y un deber no por más engorrosos menos inexcusables: hacer cumplir la ley en dicha comunidad autónoma y evitar que sus sediciosos gobernantes desvíen sus fondos propios a un ilegal y oneroso proceso de construcción nacional cuyos costes van mucho más allá que los que acarrean sus inconstitucionales consultas secesionistas.
Este es el contexto en el que conviene analizar el anuncio hecho este martes por Mariano Rajoy en Barcelona, según el cual el Gobierno central pretende destinar esta legislatura 4.200 millones de euros a infraestructuras en Cataluña; básicamente a la red de Cercanías y al Corredor Mediterráneo, pero también a carreteras, puertos y aeropuertos.
Ciertamente, estas infraestructuras atañen mucho más a las necesidades reales de los ciudadanos catalanes que las onerosas redes clientelares, las ilegales estructuras de Estado y los delirios identitarios con que sus gobernantes regionales desafían al Estado de Derecho. Algunas de esas infraestructuras, como las relativas al Corredor Mediterráneo, son demandadas por el sector empresarial no sólo de Cataluña sino de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, y por todas las formaciones constitucionalistas, empezando por Ciudadanos.
Sin embargo, cabe plantearse si la Administración central no habrá llevado su frenesí inversor demasiado lejos en Cataluña, a tenor de la muy inferior inversión destinada a las otras comunidades –a excepción la andaluza– y de que la deuda pública sigue aumentando.
Téngase en cuenta, además, que los 4.200 millones de euros anunciados este martes por Rajoy se suman a los cerca de 11.200 que el Ministerio de Fomento ya ha invertido en dicha región desde que sus gobernantes plantearan su desafío separatista en 2012. Este hecho, y las propias palabras de Rajoy, en las que ha enmarcado estas inversiones en "el tiempo de sellar grietas, reconstruir puentes y mirar hacia delante", alimenta la sospecha de que el presidente del Gobierno ha vuelto a incurrir en el contraproducente error de intentar contentar al que no se va contentar. Y no hay mejor prueba de que no se van a contentar el plantón que han dado las autoridades regionales a Rajoy.
En cualquier caso, salvo que el propio presidente del Gobierno haya hecho suya la cantinela del "Espanya ens roba", con la que los nacionalistas vienen quejándose de que la Administración regional no haga uso y disfrute del 100% de los impuestos que pagan los catalanes, esta inversión en infraestructuras a cargo de la Administración central no debe tener más finalidad que la de mejorar la comunicación de los ciudadanos por tierra, mar y aire, y no la de comprar voluntades de unos golpistas que sólo merecen la critica política y que les caiga, como a cualquier otro ciudadano, el peso de la ley cada vez que la violen. La inversión en Cataluña, en definitiva, nunca debe ser óbice para intervenir y suspender una Administración regional que no parece tener más propósito que el de atentar gravemente contra los intereses generales de España.