"No sé en qué momento alguien pensó que en la economía colaborativa no había empresas y que todo era gratis", se pregunta sorprendida la secretaria general de Sharing España, Sara Rodríguez. "Hay mucha confusión con el término. Es cierto que puede haber trueque o donaciones en las actividades de estas empresas, pero también hay negocio porque si no estaríamos estamos hablando de economía social", añade.
La asociación a la que representa Rodríguez reúne a un gran número de empresas de la llamada economía colaborativa con actividad en España. Uber, Cabify, Airbnb o Blablacar son las más conocidas, pero en total suman unas 37 compañías.
Ante la gran confusión que genera la actividad de estas empresas en nuestro país, una de las principales aportaciones de Sharing España ha sido la clasificación de este tipo de plataformas en tres categorías: las empresas de economía colaborativa puras, las llamadas bajo demanda y las de acceso. Así las definen.
- Economía colaborativa: se trata de compañías que no prestan servicios subyacentes, es decir, los bienes o los servicios de los que disfrutan los usuarios no son de su propiedad. Los portales ejercen como un tablón de anuncios poniendo en contacto a particulares con otros particulares o profesionales a cambio de una contraprestación. Aquí entraría la plataforma para compartir coche Blablacar o la de alquiler de apartamentos Airbnb.
- Economía bajo demanda: en este caso, la relación siempre es de particulares a profesionales y con ánimo de lucro. Las compañías de alquiler de conductor como Uber o Cabify estarían en esta clasificación, y también las de microtareas como Reparalia o las de reparto como Glovo o Deliveroo.
- Economía de acceso: aquí entran las empresas de alquiler de vehículos como Emov o Car2go y las plataformas de coworking, que prestan ese servicio subyacente con la integración de la digitalización.
Para la secretaria general de Sharing España, definir estos tres conceptos es un primer paso para despejar algunas incertidumbres en torno a estos nuevos modelos de negocio. "Hay mucha inseguridad jurídica porque ni siquiera los propios titulares de las plataformas saben dónde están. No creemos que haga falta una regulación de la economía colaborativa porque no pensamos que sea posible. Lo que sí es necesario que se pongan unas normas claras sobre cómo actuar y la plataforma sepa cuáles son sus obligaciones", explica.
Las presiones de los sectores tradicionales
Los esfuerzos de los sectores tradicionales para impedir su actividad, el exceso regulatorio que han llevado a cabo un gran número de autonomías y la falta de claridad en la legislación son los mayores problemas a los que se están enfrentando algunas de estas compañías a la hora de llevar a cabo su actividad.
En este sentido, Sara Rodríguez ha criticado la pasividad del Gobierno de nuestro país tras la llegada de estas plataformas. "España se enfrenta a esto con cautela, nadie se atreve a posicionarse", asegura. "Hay otros países de la UE que lo han abrazado abiertamente o, por ejemplo, Francia ya ha puesto ciertos límites económicos sobre cuándo una persona deja de ser un particular para pasar a operar como un profesional. Aquí en España nada, el Gobierno está esperando a que la normativa venga de Europa porque hay presiones", asegura.
Y es que la aparición de este tipo de empresas se ha convertido en la peor pesadilla de un gran número de sectores altamente regulados en nuestro país. Lejos de intentar renovarse para hacerles frente, sus representantes han clamado por el cierre de las plataformas, llegando incluso a los tribunales. Los casos más polémicos han sido los de los autobuseros con Blablacar, los de los taxistas con Uber y los de los hoteleros con Airbnb.
"Esto no se puede parar. Estamos convencidos de que pueden convivir, aunque es cierto que el pastel se hará un poco más pequeño. En el sector más tradicional podrían verlo como una oportunidad para que se le baje a ellos todas las exigencias de regulación", señala la experta. Una de las claves que apunta Rodríguez es la diferenciación de la actividad de cada sector. "Airbnb no es un hotel, y es lo primero que tienen que entender. No pueden exigirle la misma regulación", declara.
El transporte, el que más sufrirá
En este sentido, la semana pasada miles de taxistas se manifestaron en las calles de Madrid y Barcelona contra Uber o Cabify. De hecho, es en el sector del transporte donde Rodríguez ve el mayor problema de convivencia "tanto urbano como interurbano".
"El transporte es el sector que más perjudicado va a salir y donde más difícil va a ser la convivencia porque a las plataformas no les ha costado entrar. Está el caso Uber, que fue delicado, pero Blablacar, Amovens, o los delivery están operando sin problemas", declara Rodríguez. El 31 de diciembre de 2014, Uber anunció la suspensión temporal de su actividad en España tras recibir una sentencia formal que le prohibía dar servicio por una denuncia de los taxistas. En 2016, retomó su actividad apostando por los conductores con licencia VTC. "Los VTC era un sector que estaba en decadencia y nadie habla de su resurgimiento", añade la experta.
El sector turístico tampoco se libra de los problemas. Autonomías como Cataluña han llegado a multar a plataformas como Airbnb o Homeway por publicitar pisos en alquiler. "En Cataluña se están tomando la justicia por su mano, pero una sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 11 de Barcelona les ha quitado la razón porque aseguran que esa multa fue totalmente arbitraria", explica Rodríguez.
La ingeniería fiscal es uno de los argumentos más utilizados por sus detractores para cargar contra estas plataformas. "Si no pagan impuestos en España es porque no son sociedades españolas y porque la ley se lo permite. Cambien ustedes la ley, pero no culpen a las plataformas", señala Rodríguez, quien recuerda que los conductores de Uber o Cabify cotizan en el régimen de autónomos. Sobre el supuesto fomento de la economía sumergida que podrían causar estas plataformas, la experta apunta al efecto contrario porque "estas plataformas utilizan el pago digitalizado".
El gran reto ahora es definir la actividad de cada empresa. "Tenemos muy claro que las plataformas tienen una ley de aplicación que viene de Europa, que es la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico, y lo que hay que determinar ahora es cuándo esas empresas dejan de considerase plataformas porque han empezado a prestar servicios, y si tienen que regirse por la normativa del consumidor, por la de derecho civil o por la mercantil. Hay que dejar claro, por ejemplo, si Uber es un proveedor de servicio de transporte o es plataforma porque los vehículos no son de su propiedad... Aquí la Comisión Europea no se ha pronunciado al respecto", concluye.