El Gobierno se ha comprometido con los sindicatos del sector público a convertir en indefinidas, durante los próximos tres años, el 90% de las plazas que, hoy por hoy, ocupa personal interino.En la actualidad, los empleados interinos rondan los 295.000 y se concentran, sobre todo, en las comunidades autónomas. De este modo, unos 266.000 empleados públicos pasarían a ser funcionarios antes de 2020, según las estimaciones iniciales.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que pretende aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 en el Consejo de Ministro del próximo 31 de marzo, anunció esta semana que pretende incluir una Oferta Pública de Empleo (OPE) con el fin de reducir la interinidad y contribuir "al buen funcionamiento de los servicios públicos". Y la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, detalló este compromiso a los sindicatos CSIF, CCOO, UGT durante la reunión que mantuvieron el próximo miércoles.
La idea, según fuentes sindicales consultadas por Libre Mercado, consiste en que las comunidades autónomas, titulares de las competencias en materia de Sanidad, Educación, Justicia y Servicios Sociales, donde se encuentra el grueso del personal público, puedan convocar una serie de concursos-oposición para que los interinos puedan consolidar sus plazas. El concurso-oposición, si bien se trata de una convocatoria que está abierta a todos los que quieran presentarse, permite a la Administración establecer una serie de criterios de mérito y capacidad, como la experiencia laboral o los años trabajados en el sector público, que facilitarán de forma muy sustancial el acceso al personal interino.
Se amplía la tasa de reposición del 100%
Por otro lado, Collado también avanzó a los sindicatos que aumentará el número de colectivos a los que aplicará una tasa de reposición del 100%, cubriendo así todas las bajas que se produzcan por la jubilación de funcionarios, más allá de los servicios públicos esenciales establecidos hasta el momento (educación, sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas armadas, lucha contra el fraude, gestión de recursos públicos, justicia, y prevención y extinción de incendios).
En concreto, el Gobierno extenderá la tasa del 100% a los servicios de transporte, seguridad, emergencias, puestos de atención al público de la Administración General del Estado (Seguridad Social, SEPE, Dirección General de Tráfico o INE, entre otros), investigadores, catedráticos y profesores universitarios, supervisión del mercado de valores, seguridad aérea, administración penitenciaria, seguridad nuclear, acción exterior, asistencia en servicios sociales y gestión de prestaciones de empleo. Para el resto de colectivos de empleados públicos, de carácter prácticamente marginal, se mantendrá la tasa de reposición en el 50% con carácter general.
Y ello, sin descartar que el Gobierno apueste incluso por incrementar las plantillas públicas mediante la creación de nuevas plazas.
Subida salarial y reducción de jornada
Por último, aunque los sindicatos reclaman fuertes subidas salariales para compensar los recortes aplicados desde 2010, el Gobierno no ha abierto una negociación sobre esta cuestión y, de momento, estudia incluir una subida del 1% en los Presupuestos, similar a la aprobada el año pasado. Igualmente, el Ejecutivo descarta reducir la jornada laboral a las 35 horas semanales de manera generalizada, tal y como pretenden los sindicatos.