El Gobierno de Mariano Rajoy no duda de nuevo en tirar de la chequera presupuestaria para tratar de ganar o recuperar votos a costa, eso sí, del dinero de los contribuyentes y el desequilibrio de las cuentas públicas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha comprometido a lanzar una histórica Oferta de Empleo Público que convertirá a unos 270.000 interinos en funcionarios a lo largo de los próximos tres años. Además, el Ejecutivo del PP extenderá la tasa de reposición del 100% a otros muchos colectivos, más allá de los actuales servicios básicos, lo cual, sumado a la posible convocatoria de nuevas plazas, aumentará de nuevo el volumen de las plantillas públicas.
Aunque el PP intenta vender esta medida con la excusa de reducir la temporalidad del empleo público y la recurrente mejora del servicio a los ciudadanos, lo cierto es que se trata de un plan erróneo y muy perjudicial para el conjunto de la economía nacional. En primer lugar, porque es justo lo contrario de lo que necesita el país. España cerró 2016 con un déficit próximo al 4,6% del PIB, equivalente a un agujero de unos 50.000 millones, convirtiéndose así en el país con el mayor desequilibrio fiscal de la zona euro. Por si fuera poco, dicho déficit es de carácter estructural y, por tanto, ajeno a la favorable coyuntura económica actual, evidenciando con ello que la estructura estatal todavía precisa de ajustes serios y profundos para garantizar su solvencia.
Elevar el gasto público, por tanto, tal y como pretende Montoro, va justo en la dirección contraria al de la austeridad y la prudencia en materia presupuestaria. De hecho, cabe recordar que pese a que el número de empleados públicos se ha reducido en los últimos años, su volumen es hoy similar al existente antes del estallido de la crisis, en 2006 y 2007, en pleno pico de la burbuja inmobiliaria, cuando nadie ponía en cuestión el buen funcionamiento de los servicios públicos.
Por otro lado, esta política de expansión presupuestaria contradice de lleno la supuesta promesa del PP de que rebajará los impuestos en cuanto la coyuntura lo permita. La realidad, por el contrario, demuestra que al Gobierno de Rajoy no le ha temblado el pulso a la hora de disparar todas y cada una de las figuras tributarias hasta niveles inéditos, asestando al conjunto de familias y empresas el mayor sablazo fiscal de la historia de la democracia. No es una cuestión de oportunidad económica, sino de voluntad política. El PP prefiere el ruinoso clientelismo y el siempre costoso electoralismo antes que reducir un ápice la gravosa factura que los españoles pagan a Hacienda, y el incremento de funcionarios es el último ejemplo de esta deriva.
Asimismo, constituye una grave equivocación pensar que la mejora de los servicios públicos depende siempre de gastar más o incrementar plantillas. Simplemente, no es cierto, tal y como evidencian, por ejemplo, los países nórdicos, cuya eficiencia administrativa es de las más altas del mundo y donde, sin embargo, tan sólo el 1% de los empleados públicos es funcionario. La Administración española no necesita más dinero, sino reformas en profundidad para reducir su tamaño, elevar su productividad y mejorar la calidad de sus servicios.
Así pues, lo único que pretende el PP con este anuncio es ganar votos. En concreto, reconciliarse con el cuerpo de funcionarios y empleados públicos haciendo un uso discrecional y arbitrario del dinero de los contribuyentes para contentar a determinados colectivos y, de este modo, reforzar sus expectativas de mantenerse en el poder de cara a la convocatoria de nuevas elecciones. Puro y simple electoralismo.