El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, anunció la decisión de su Gobierno de acabar con el impuesto directo que grava el traspaso de las herencias. La comunidad murciana se suma así a la iniciativa liderada por Madrid, que elimina este impuesto por el método de aumentar su bonificación hasta casi el 100% dado que las comunidades autónomas no tienen capacidad normativa para derogar un impuesto estatal.
La comunidad murciana aplicaba una reducción del 50% de este impuesto hasta el año 2015, que en los presupuestos del presente ejercicio se elevó hasta el 60%. La iniciativa contó con el apoyo de Ciudadanos y el rechazo de PSOE y Podemos. De hecho, la formación naranja en Murcia era más ambiciosa que el propio Partido Popular, al pedir que la exención tributaria llegara hasta el 75% en lugar del 60 acordado finalmente por ambas formaciones políticas.
Con la decisión anunciada por Pedro Antonio Sánchez, a partir de 2018 los contribuyentes murcianos solo tendrán que abonar una cantidad simbólica por aceptar las herencias a que tengan derecho, una medida con la que Ciudadanos en la región de Murcia ya ha mostrado su pleno apoyo, sin el cual la medida no saldría adelante en la cámara autonómica al estar el PP en minoría.
Las comunidades más lesivas a la hora de tramitar una herencia son Andalucía, Extremadura, Asturias y Aragón, las cuatro en manos del PSOE.Precisamente la presidenta de Andalucía pidió al Gobierno que obligara a todas las comunidades a armonizar este impuesto al alza, una exigencia que encontró la firme oposición por parte de su homóloga madrileña, Cristina Cifuentes.
En lo que se refiere a la comunidad murciana, la medida de supresión del impuesto de Sucesiones forma parte de una estrategia más amplia diseñada por el Ejecutivo regional del Partido Popular y puesta en marcha al inicio de esta legislatura. El objetivo es convertir a Murcia en una región amable para el emprendimiento y captadora de inversión exterior. Para ello, el año pasado se aprobó un plan de liberalización de horarios comerciales y de reducción de trabas administrativas para la creación de empresas y negocios, cuyos primeros frutos ya han comenzado a recogerse en forma de un crecimiento del PIB y del mercado laboral a ritmo notablemente más intenso que la media nacional.
Otra medida de calado en esa misma dirección tiene que ver con la educación pública, al objeto de garantizar el derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos. Así pues, a partir de este mismo año, los niños serán escolarizados en régimen de distrito único, de manera que los padres puedan elegir sin penalizaciones cualquier colegio, aunque no esté cerca físicamente de su lugar de residencia o de trabajo. Además, la enseñanza concertada se ampliará también a los estudios de Bachillerato y de Formación Profesional, de forma que los niños que van a escuelas concertadas no tengan que cambiar de centro educativo por la imposibilidad económica de las familias de asumir el coste adicional que suponían hasta hoy esos tramos educativos.
Ambas medidas han contado con la oposición de socialistas y podemitas, al igual que ocurrió en su día con la liberalización de horarios, la supresión de burocracia para la creación de negocios, la bajada de impuestos o la reducción del Impuesto de Sucesiones.