Un millar de empresarios, directivos y expertos tributarios han analizado el sistema impositivo español a través de una encuesta elaborada por PwC tras la reciente reforma tributaria, que afectó al Impuesto de Sociedades y modificó también los tributos especiales. Los resultados son demoledores para el Fisco, dadas las duras críticas que, de forma mayoritaria, le hacen los principales responsables de la creación de riqueza.
El caos autonómico, con las Administraciones solapándose unas a otras y rompiendo la unidad de mercado, concita el rechazo de casi el 80 por ciento de los encuestados. En concreto, un 79% se queja de la "coexistencia de varios sistemas tributarios", esto es, de las distintas capas de normas fiscales que acarrea la subdivisión administrativa del Estado. Además, un 56% opina que las empresas dedican mucho tiempo a cumplir con las normas fiscales, consecuencia inevitable del aumento de la burocracia.
A esta queja sobre lo farragoso de un sistema tributario compartido por varias Administraciones que, a menudo, compiten entre sí, empresarios y directivos añaden otra crítica contundente que resulta todavía más preocupante: los bajos niveles de seguridad jurídica que se padecen en España.
Sobre este punto concreto, un 64% considera "poco seguro" o "muy poco seguro" el modelo fiscal vigente. Peor aún: sólo un 6% opina que las inspecciones tributarias son "objetivas", mientras que un 82% asegura que son "favorables" o "muy favorables" a la Administración. Algo similar ocurre con la Justicia: sólo un 7% cree que sus fallos son favorables a los contribuyentes, mientras un 41% opina que las sentencias son "favorables" o "muy favorables" a la Administración.
La conclusión del estudio, avalada por la realidad que cualquier contribuyente padece a diario, es que el Fisco español es un monstruo capaz de triturar a los incautos que caigan en sus redes, cada vez más intrincadas a causa de las interminables reformas legislativas y reglamentarias que se elaboran sin cesar. La lentitud de la Justicia y la ausencia de un sistema pericial de garantías que colabore fielmente con jueces y magistrados añade una dosis letal de inseguridad jurídica a un proceso que, con razón, resulta temible para los sujetos tributarios, especialmente para los de menor tamaño empresarial.
La existencia de un sistema fiscal razonable y con normas sencillas es fundamental para que los sujetos económicos actúen eficazmente en un entorno de seguridad. La voracidad estatal, la burocracia abusiva y una Justicia lenta e inoperante son, por el contrario, argumentos de peso para que empresarios e inversores opten por otros países, algo que no parece preocupar ni al Gobierno ni a los partidos moderados –no digamos a los populistas liberticidas–, dedicados como están a sus electoralistas batallitas cotidianas.