En este asunto de la estiba, nadie es inocente. Para empezar, no lo son los trabajadores, que disfrazan de conflicto laboral lo que no es otra cosa que el intento de preservar una situación de privilegio. De todas formas, son los que menos culpa tienen porque a nadie puede extrañar que defiendan sus intereses lo mejor que sepan y puedan. Otra cosa es lo que hayan pensado los españoles sin trabajo cuando les hayan visto levantar el puño izquierdo en las tribunas del Congreso para celebrar que los parados sigan sin poder aspirar a ser estibadores.
Pero además son culpables todos los políticos sin excepción. Lo son desde luego los que han votado en contra de un decreto que España está obligada a dictar. No me refiero tanto a independentistas y podemitas porque, para quienes quieren acabar con España, hacernos perder la cara ante la Unión Europea no pasa de ser un pecado venial. Me refiero al PSOE, que se supone sigue siendo un partido de Gobierno. Exigir que se negocie con los trabajadores es absurdo porque lo único que puede satisfacerles es quedarse como están. Corresponde a la Administración imponer un nuevo régimen que sea conforme con las normas comunitarias, con la anuencia de los trabajadores, si es posible conseguirla, o sin ella. Dado que el contribuyente español está pagando una multa diaria de 27.500 euros, que llevamos acumulados 23 millones de sanción y que actualmente otros trabajadores tienen vedado el acceso a la estiba, lo que está haciendo el PSOE es llanamente defender intereses particulares en perjuicio del interés general.
Albert Rivera y su partido tampoco están libres de culpa. Están lanzando constantes diatribas contra el populismo. Se quejan de los muy populistas mensajes de los demás. Se arrogan el mérito de obrar con responsabilidad, aunque se vean perjudicados electoralmente. Y cuando la ocasión exige altura de miras prefieren traicionar al Gobierno y abstenerse para no ser contemplados como perdedores y de paso vengarse de los incumplimientos de Rajoy. No era el momento de hacer tal cosa. España está en un brete ante sus socios comunitarios y Ciudadanos ha perdido la ocasión de demostrar que es partido de Gobierno y no de plató televisivo.
Pero el más culpable de todos es el PP de Rajoy. Esto de la estiba se sabe desde 2014, cuando el Gobierno disfrutaba de mayoría absoluta y podía haber impuesto el decreto que se hubiera creído más conveniente para España. Pero como estaban próximas las elecciones generales, Rajoy y su gente no quisieron tener que hacer frente a la segura huelga y al conflicto que la nueva regulación habría provocado. Así que, como la reforma había que hacerla en todo caso por exigirlo Europa, prefirieron esperar y obligar a otros a tener que compartir la responsabilidad. Pero resulta que los demás son de la misma calaña y no quieren participar de lo que tendría que haber asumido el PP a solas, por mucho que perjudique a España. La consecuencia es la de siempre, que tendremos que seguir pagando ese taxímetro de veintitantos mil euros al día y los políticos y los estibadores seguirán disfrutando de sus privilegios.