El Congreso de los Diputados, como legítimo depositario de la soberanía nacional, representa a todos los españoles y, por tanto, su principal tarea debería ser la defensa del interés general; pero este noble y digno principio ha quedado supeditado, una vez más, a la protección de un pequeño grupo bien organizado, en este caso el sindicato de la estiba, tras haber logrado su principal objetivo con la inestimable ayuda de sus señorías. El Parlamento ha tumbado este jueves la reforma de la estiba que presentó el Gobierno, ya que éste sólo ha recabado el apoyo de PP y PNV. Incluso Ciudadanos se arrugó en el último momento, optando por la abstención, pese a comprometer su apoyo inicial a la reforma.
La anulación de la reforma constituye una pésima noticia desde el punto de vista jurídico y económico, pero, sobre todo, desde el punto de vista moral, y refleja la grave irresponsabilidad, el oportunismo y la demagogia de la clase política nacional. De nada sirvió el hecho de que la necesaria liberalización del sector no partiera de una decisión gubernamental, sino de una sentencia de obligado cumplimiento decretada a finales de 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el mismo que tanto defienden numerosos grupos parlamentarios cuando dictamina sobre la anulación de cláusulas suelo u otras materias que les interesan.
Tampoco les valió a los diputados que la estiba española sea hoy un anacronismo incomprensible e indefendible. Los estibadores son un gremio sindical de 6.150 individuos que operan en régimen de monopolio, puesto que los operadores portuarios no pueden contratar libremente a los empleados que quieran. Dicha situación ha permitido que gocen de una serie de privilegios y sueldos absolutamente desproporcionados, a costa, eso sí, de impedir la entrada de nuevos trabajadores y de lastrar la competitividad de los puertos. No existe ningún otro sector en el que se viole la libertad de contratación como en el de la estiba, y por eso su régimen es contrario a la legislación comunitaria.
Asimismo, no ha importado que el retraso en el cumplimiento de la sentencia conlleve el pago de una multa millonaria, cuyo coste recaerá sobre el bolsillo de los contribuyentes, y aún menos que la citada liberalización supusiera la creación de miles de nuevos puestos de trabajo y un crecimiento del PIB de unos 2.400 millones de euros al año gracias al incremento de las exportaciones. Por supuesto, de poco ha valido que los estibadores, en su objetivo de tumbar la reforma, hayan amenazado con paralizar la actividad portuaria, empleando como rehenes a las empresas y consumidores españoles, con tal de mantener su particular statu quo. Ninguno de estos sólidos e irrefutables argumentos han servido de nada para convencer a los grupos que han votado en contra del decreto, empezando por el PSOE, cuyo apoyo era crucial para que la norma saliera adelante.
Lo peor, sin embargo, es que todos los partidos, en mayor o menor medida, se han terminado bajando los pantalones ante un gremio que, además de ser absolutamente minoritario, disfruta de unas prebendas absurdas y bochornosas gracias, única y exclusivamente, a la existencia de una regulación injusta y perniciosa. En este sentido, cabe recordar que los estibadores no ganan mucho dinero porque sean insustituibles o aporten un gran valor añadido, sino porque están blindados por ley, ya que las empresas no pueden contratar a nadie más. Y si bien los grupos de la oposición han cedido al chantaje de la estiba por pura estrategia electoralista, no deja de ser igualmente vergonzoso que el Gobierno del PP esté dispuesto a comprar con una lluvia de millones a este gremio con tal de sacar adelante su decreto, aprovechándose de que, al fin y al cabo, pagan los contribuyentes.
El caso de la estiba deja, por tanto, una triste y amarga lección acerca de la política nacional: el Gobierno y los representantes de la soberanía nacional están dispuestos a premiar, de una u otra forma, a quienes no dudan en emplear la violencia, la amenaza o el chantaje para lograr sus objetivos, por mucho dinero que ello pueda costar a los contribuyentes o dañe el interés general. Hoy ha ganado la mafia sindical, sí, pero han perdido todos los españoles.