El pasado 16 de febrero, el Tribunal Constitucional declaró ilegal el cobro de la plusvalía municipal en aquellos casos en los que la venta del inmueble se haya cerrado en pérdidas, es decir, a un precio inferior al de compra. Las Haciendas locales habrían recaudado 8.000 millones de euros por esta vía.
La tasadora TINSA estima que este pronunciamiento judicial puede afectar a los antiguos propietarios de 550.000 inmuebles. Estos contribuyentes se habrían visto obligados a pagar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), aún a pesar de que no obtuvieron ningún beneficio con la venta de sus viviendas, fincas o locales.
Ciudadanos ha movido ficha y, además de presentar una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, ha solicitado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid que el consistorio gobernado por Manuela Carmena facilite la devolución de los impuestos cobrados ilegalmente. La propuesta fue tumbada con los votos de Ahora Madrid y PSOE, de manera que se esfuma la posibilidad de tramitar con celeridad y facilidades las reclamaciones correspondientes.
La formación naranja tiene claro que el gobierno de la capital de España tiene muchos motivos para corregir este tributo. Según su concejal Miguel Ángel Redondo, "Madrid tiene el 6,8% de la población nacional, pero sus contribuyentes aportan el 25,5% de todo lo que genera la plusvalía municipal".
La recaudación se triplica desde 2011
Redondo va más allá y subraya que esta cuota ha subido en plena crisis. "Hace cinco años, la recaudación de la plusvalía municipal en Madrid era el 15,6% del total nacional, de manera que hemos vivido un aumento de diez puntos en apenas cinco años".
Los datos de Hacienda respaldan esta tesis. En 2011, el Ayuntamiento de Madrid obtuvo 213,9 millones de euros por esta vía, mientras que en 2015 ya eran 683,1 millones los que se embolsaba la Administración local de la Villa y Corte. Por tanto, la recaudación se triplicó durante el último lustro. Y, para colmo, el aumento de los ingresos en el resto de Ayuntamientos fue alrededor de un 50% más bajo (3,19 veces más en el caso de Madrid, 1,7 veces más en el resto de corporaciones locales).
Como explica Redondo, además de pedir más celeridad al Consistorio madrileño, la formación naranja también ha presentado "un proyecto para modificar la Ordenanza del impuesto, por la que el sistema de gestión pasaría a ser el de declaración en vez del sistema de autoliquidación actual, cobrándose solo las plusvalías y dejando pendientes de liquidar las transmisiones en las que no hubiera habido incremento, hasta que se establezca una la solución legislativa".