La okupación de inmuebles se ha convertido en un grave problema en los últimos años debido, sobre todo, a la ineficiencia y lentitud de los órganos judiciales para resolver estos casos, tipificados en el Código Penal como un delito de usurpación de la propiedad privada, y al respaldo o, como mínimo, la inacción que han protagonizado todos los partidos políticos en esta materia.
El número de okupas se ha disparado en España, tras multiplicarse por siete durante la crisis, según muestran los datos oficiales. Así, las sentencias condenatorias por usurpación han pasado de apenas 488 en 2008 a 3.278 en 2015. Y esta cifra sigue creciendo. Cataluña es una de las comunidades en el que este tipo de delitos están teniendo una mayor incidencia. En concreto, destaca el caso de Barcelona, con un incremento del 66% desde que gobierna Ada Colau, antigua dirigente de la Plataforma Antidesahucios (PAH) y firme defensora de la okupación de edificios y viviendas.
Los datos que manejan los técnicos municipales apuntan que en 2015 había 642 casas e inmuebles okupados en la Ciudad Condal mientras que el primer semestre de 2016 se cerró con 1.065 casos, tal y como avanzó Libre Mercado. Además, este fenómeno poco o nada tiene que ver con un presunto problema de "emergencia social" por el cual familias en situación de desamparo recurren a este práctica delictiva para no quedarse en la calle y sí mucho, sin embargo, con la actividad de mafias y organizaciones criminales que han hecho de la okupación uno de sus grandes negocios, tal y como refleja La Vanguardia este martes,
"Aquí vivo yo". Así es como un joven dominicano deja claro que esa vivienda está okupada por él en un bloque nuevo de pisos de la carretera de Montcada, en Tarrasa (Barcelona). Y como él, el resto de vecinos. La forma de hacerse con uno de esos apartamentos a estrenar consiste en pagar a la mafia entre 500 y 1.000 euros por las llaves.
En Cataluña operan varias bandas organizadas que se dedican a buscar pisos vacíos en internet o en los registros de la propiedad, especialmente si pertenecen a los bancos, ya que las entidades financieras tardan más en reaccionar y cuando quieren sacar al okupa, en muchas ocasiones por la presión del resto de los vecinos, acaban pagando una buena compensación económica para que se vaya. Y es que ser okupa se ha convertido en un chollo: sólo se van a cambio de dinero o de otro piso.Nunca salen perdiendo.
Curiosamente, los ayuntamientos que han elaborado un censo de viviendas vacías son los que sufren más este tipo de prácticas, ya que facilitan el trabajo a este tipo de organizaciones. Los pisos vacíos son okupados de forma masiva y, puesto que, posteriormente, los legítimos propietarios -bancos, en su mayoría- tienen que compensar a sus okupantes para que se vayan, se agrava el efecto llamada, generando importantes problemas de convivencia en el barrio.
El lucrativo negocio de los okupas
En el citado edificio okupa de Tarrasa, por ejemplo, todos los nuevos inquilinos habían recibido la visita de un mediador. ¿Qué piden ustedes? "Pues depende, dinero si la suma que nos ofrecen es interesante, o un alquiler social si nos podemos quedar aquí, porque realmente la casa nos encanta y será difícil encontrar un piso nuevo mejor que éste", añade uno. Su situación no es de vulnerabilidad: trabaja en un restaurante y hasta que compró la llave vivía con sus padres.
Pero este problema no es exclusivo de los bancos.Cada vez son más los particulares que son víctimas de este delito gracias a la inoperancia de la Justicia y a la inacción de los poderes públicos. Numerosos propietarios han perdido su vivienda porque, de la noche a la mañana, alguien entra de una patada.
En el último año y medio Sandra Rodríguez Loreto, la presidenta de una comunidad de vecinos de un barrio obrero de Tarrasa, lidera una batalla con tintes épicos contra los okupas de su edificio. De los siete inquilinos que llegaron a vivir ilegalmente, sólo queda uno, pero no baja la guardia. Junto al resto de vecinos intenta que siempre haya uno de guardia en el edificio por si se produce un nuevo intento de okupación, continúa el reportaje. Incluso comparten un grupo de WhatsApp en el que se alertan de cualquier ruido desconocido. A los extraños que se asoman por esta escalera se les somete a todo tipo de preguntas. No se fían de nadie.
"Nos ha costado muchísimo que se vayan y ahora no vamos a consentir que vuelvan a convertirse en nuestros vecinos gente que ni sabe convivir, ni quiere, ni están en situación precariapara ocupar un piso por la cara", asegura la presidenta. Su bloque ilustra la situación de muchos otros inmuebles en Cataluña. Todo fue muy rápido. "Alguien debió de saber que la finca estaba vacía y era propiedad de un banco porque en pocos días, cuando nos quisimos dar cuenta, todos los pisos por vender fueron okupados", recuerda Sandra.
La mujer que se hizo con el primero primera pagó 600 euros por la llave. En el precio estaba incluido el enganche ilegal a la luz. Una cantidad parecida abonó el inquilino que okupó el primero cuarta, aunque en ese piso ya son cinco personas a las que se han revendido las llaves. "El último contaba todo serio que la casa era suya, que la había comprado por 95 euros", recuerda Sandra con humor, aunque en ese momento le hervía la sangre de impotencia. "Nuestro problema no era que vivieran por la cara, sino que nunca se comportaron como vecinos. No sentían empatía por la finca y entre unos y otros destrozaron los espacios comunes. Por no hablar de los ruidos, los gritos, la moto estacionada en el rellano... Una pesadilla".
Tras la incansable insistencia de Sandra, el banco propietario del edificio, BBVA, designó un mediador para que negociara con los okupas."Les han ido pagando para que se fueran" ¿Cuánto dinero? "Ni idea, pero ninguno se fue llorando, al contrario. Seguro que ya están en otro de los pisos que se pueden okupar comprando una llave. Hasta que les vuelvan a pagar para irse de allí", relata la presidenta, que insiste en que los okupas que vivieron en su comunidad no eran personas sin recursos, sino "jetas consumados que han encontrado en la okupación social una forma de vivir del cuento y conseguir un dinero fácil cada vez que les echan". De hecho, hasta la Administración Pública está sufriendo las consecuencias, ya que la Generalidad de Cataluña tiene 320 viviendas sociales okupadas.
Colau protege a los okupas
Hasta tal punto está llegando la situación que estás triunfando algunos negocios antiokupa. Otro dato permite ayudar a entender mejor este problema cada vez más asentada en algunos municipios. En los últimos tres años, la empresa STM Seguridad Integrada ha pasado de ser una importante cerrajería a instalar medio centenar de puertas antiokupas al día tan sólo en Cataluña.
Y lo mismo sucede con Desokupa, un negocio que ha puesto en marcha el exboxeador Daniel Esteve Martínez en Barcelona para disuadir a quienes okupanedificios enteros o viviendas a que se vayan. En una entrevista concedida a El Mundo, Esteve admite que recibe una media de "70 llamadas al día".Cobra unos 4.000 euros más IVA por actuación, aunque la cantidad final varía en función de la dificultad y al valor de la propiedad.
Su objetivo es "conseguir que abandonen una propiedad que no les pertenece". Si no se van rápida y voluntariamente, "como suele ocurrir porque nos tienen terror", los comandos de Esteve esperan a que abandonen la propiedad. Entonces, como "agentes de seguridad con identificación y con escrituras en la mano", cambian las cerraduras y aseguran las ventanas. "Grabamos en vídeo cada actuación. Ninguna es ilegal. No coaccionamos a nadie", insiste.
Aunque Desokupa comenzó en Barcelona, ya están presentes en la Comunidad Valenciana, Canarias, Madrid y Aragón. En la actualidad, reciben unas 2.000 llamadas al mes solicitando información sobre sus servicios, 67.000 visitas en su web cada tres meses y un porcentaje de resolución de casos del 100%. Esteve recalca que no desalojan a familias con niños ni a aquellos que viven en una vivienda por necesidad manifiesta. "Vamos en contra de las mafias, de grupos organizados, muchos trafican con drogas, las queatentan contra familias que son dueñas de una propiedad... Que han ahorrado toda su vida para tener una segunda vivienda, que ¡es suya!", dice.
El Ayuntamiento de Barcelona, sin embargo, pretende evitar este tipo de desalojos legales, haciendo uso de la Policía Local. Colau ha dictado el procedimiento "Desalojos privados en bienes inmuebles" sobre cómo debe actuar la Guardia Urbana ante desalojos de okupas entre particulares por vía extrajudicial, y prevé que en estos casos se impida su desalojo. El mundo al revés… Delincuentes protegidos por los poderes públicos y gente honrada indefensa ante este tipo de delitos.