Los empleados públicos españoles cobran un 44,32% más de media que los trabajadores del sector privado. Sólo en Luxemburgo (+47,04%) esta diferencia es mayor. Tras España, Chipre, Grecia, Portugal y Rumanía completan el top 6 de países que mejor tratan a sus funcionarios respecto a lo que se cobra en el sector privado. La otra cara de la moneda está en el porcentaje de empleados públicos respecto al total de asalariados: en esta ratio, España está por debajo de la media de la OCDE. El 16,9% de los trabajadores españoles lo hace para una administración pública, cuando la media en los países más ricos del mundo está en el 21%.
Este miércoles, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) presentaba el informe "El empleo público en España: desafíos para un Estado democrático más eficaz", realizado en colaboración ESADEgov, el centro especializado en gobernanza pública de la escuela de negocios. El encargado de explicar su contenido ha sido Francisco Longo, profesor de Esade y especialista en administración pública. La conclusión principal: el problema del sector público español no es de tamaño o de coste, sino de diseño.
Las siguientes son algunas de las cifras más llamativas incluidas en este estudio:
- 44,32%: hablar de salarios siempre es un tema polémico. Habrá miles de funcionarios que piensen que ni su sueldo ni sus condiciones laborales son acordes con su preparación o su desempeño. También los habrá en el sector privado. Pero las cifras son las que son. Según la Encuesta Europea de Condiciones Laborales, de la que toma los datos el informe, los empleados públicos españoles son los segundos de la UE que más cobran en comparación con los del sector privado: un 44,32% más.
Dos cuestiones llaman la atención en esta tabla. La primera es que, con la excepción de Luxemburgo (un país con muchos funcionarios en instituciones europeas y financieras que quizás desvirtúen la estadística), los países que mejor pagan a sus trabajadores públicos están entre los menos productivos de la UE (España, Chipre, Grecia, Portugal, Rumania). Pero también es interesante ver a algunos de los que ocupan las últimas posiciones de la lista: Suecia, Dinamarca y Finlandia (países que a menudo se ponen de ejemplo por la calidad de sus servicios públicos) pagan salarios inferiores a sus funcionarios de lo que se cobra de media en el sector privado.
- 59,6%: porcentaje de asalariados del sector público que gana más de 2.173 euros al mes (lo que les sitúa entre los trabajadores mejor pagados del país según el INE); en el sector privado, sólo el 22,4% de los empleados sobrepasa esa cifra.
- 2.925.800: es el número de empleados públicos que tenía España a finales de 2014, un 4,45% menos que en 2009. Ése es el porcentaje de trabajadores que salió de las plantillas de las administraciones a causa de la crisis.
- 16,9%: porcentaje de empleados públicos sobre el total de trabajadores españoles. Como apuntamos, es una cifra algo inferior a la media de la OCDE (21%). No estamos lejos de países como Francia, Canadá o Australia, con plantillas públicas de alrededor del 20% de la fuerza laboral total, aunque sí de otros como Dinamarca, Noruega o Suecia, donde superan o se acercan al 30% de funcionarios.
Aquí hay que apuntar a que las condiciones laborales de los trabajadores del sector público son muy diferentes en cada país. Los autores del informe dividen a las administraciones en tres grandes grupos:
- sistemas de carrera (jerarquizados y con una regulación del empleo público a través del derecho público; España está en este grupo junto a Alemania, Austria, Bélgica o Francia, entre otros
- sistemas mixtos: Italia, Polonia…
- sistemas basados de manera prioritaria en puestos de trabajo: en estos sistemas la relación empleador-empleado es muy parecida a la que se da en el sector privado. Los países del norte de Europa (Dinamarca, Finlandia, Holanda, Suecia, Reino Unido) forman casi todos parte de este último modelo. Hablar de "funcionarios" en este caso puede llevar a confusión, pues ni su carrera profesional, ni sus condiciones de contratación, ni la normativa que se le aplica tienen nada que ver con las que se utilizan con los empleados públicos españoles.
- 21,9%: porcentaje de empleados públicos con contrato temporal. España es el segundo país de la UE en el que más trabajadores de las administraciones tienen un contrato no indefinido. Sólo en Polonia esta cifra es superior.
- 71,3%: porcentaje de funcionarios dentro del total de trabajadores públicos con contrato indefinido. El resto es personal laboral u otras categorías, pero no tiene la condición de funcionarios.
- 22,47%: es el crecimiento de trabajadores públicos con más de 60 años a lo largo de la crisis. Al mismo tiempo, la cifra de empleados de menos de 30 años se ha desplomado un 76,58% (sobre todo por la falta de reposición de las bajas y jubilaciones). Todo esto ha llevado a que por primera vez, el número de empleados públicos con más de 60 años supere al grupo de menores de 30. Todo el mercado laboral español ha envejecido en esta crisis, como consecuencia del impacto de la misma en el empleo juvenil y por una cuestión demográfica. Pero en la administración esa tendencia se ha agudizado, especialmente en los ministerios: apenas el ¡0,7! de sus trabajadores tiene menos de 30 años.
- 53,5%: porcentaje de los empleados públicos españoles que trabajan para las comunidades autónomas. El resto se dividen entre la administración central (22,3%) y administración local (24,1 para municipios y diputaciones).
- 24,6%: porcentaje del gasto público que se dedica a la remuneración de sus trabajadores, es una cifra algo superior, aunque no mucho, a la media de la OCDE.
- 7,8% del PIB: gasto en externalizaciones del Gobierno central. Es decir, servicios de la administración central (no contamos sanidad o educación, que están en manos de las regiones) que prestan empresas privadas. Es una cifra bastante baja si se compara con otros países. En Holanda, por ejemplo, el Gobierno central subcontrata servicios por un montante equivalente al 17% del PIB. La colaboración público-privada está mucho más extendida en los países del norte de Europa que en el nuestro.
- 50%: porcentaje de empleados públicos con titulación universitaria. El informe del IEE-ESADE destaca que "el nivel formativo de los empleados públicos es el más alto de Europa". Pero esto tiene una cara negativa y es que "un gran porcentaje de empleados públicos está sobrecualificado con respecto al puesto que ocupa". Es decir, hay muchos universitarios que opositan a puestos de nivel inferior, lo que genera pérdida de productividad (esas personas deberían hacer tareas de más valor añadido) y perjudica la satisfacción laboral de estos empleados.
- 4: número de países de la OCDE que están peor que España en la evaluación de su personal público. O lo que es lo mismo: en la mayoría de los países ricos, el control y evaluación del desempeño de los empleados de las administraciones es mucho más intensivo y exhaustivo. También es mucho más habitual en los países ricos que existan métricas para analizar el cumplimiento de los objetivos y que se premie a aquellos que mejor lo hacen. El sistema funcionarial (muy jerarquizado, con pocas posibilidades de promoción más allá de las derivadas de la antigüedad, rígido…) presente en las administraciones españolas es la excepción en los países más ricos de Europa.
- 27,5%: porcentaje de directivos del sector público español que afirma que tiene autonomía para gestionar su unidad de acuerdo a su criterio. En Europa, esa cifra sube hasta el 61,5%. En este sentido, el informe de IEE-ESADE destaca la falta de una carrera directiva para los altos cargos de nuestras administraciones.
- 4,7 sobre 7: ésta es la puntuación que reciben las instituciones españolas por parte de sus ciudadanos según la clasificación del World Economic Forum. No es muy buena nota: es cierto que está en el puesto 33 de 140 países analizados, pero si sólo contamos a los países occidentales avanzados nuestras administraciones públicas se sitúan en los últimos puestos. Las peores notas se las llevan las categorías de "confianza en los políticos", "derroche de fondos públicos" y "carga de regulación gubernamental".
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Con todas estas cifras puede intuirse una imagen más o menos realista de lo que significa la función pública en España. Y no es demasiado positiva. Tenemos funcionarios bien formados; de hecho, mejor formados que en casi todos los demás países ricos. Pero ni sus puestos ni su carrera profesional son acordes a esta formación.
Los salarios son altos de inicio, lo que produce que muchos jóvenes brillantes escojan el servicio público al terminar su educación formal. Pero luego no existen ni incentivos ni una carrera profesional propiamente dicha, lo que provoca desencanto en unos y una elevada tasa de abandono en otros: en algunos cuerpos de la administración, especialmente en los niveles más elevados, la cifra de excedencias para irse al sector privado se ha traducido casi en una desbandada.
El régimen interno es rígido y la burocracia excesiva. Los directivos de la administración sienten que tienen poca autonomía y además hay excesivos puestos copados por los partidos con criterios políticos y no profesionales. Los ciudadanos no valoran el trabajo de sus empleados públicos y estos declaran un nivel de satisfacción profesional bajo. Y la plantilla envejece año a año y no hay reemplazo, en buena parte por las restricciones presupuestarias, pero también por la rigidez en los sistemas de contratación, promoción y organización.