Sí, España crece. Sí, el paro disminuye. Sí, se han hecho algunas (pocas y menos de las prometidas) reformas. Y sí, la previsión para este año es buena, un crecimiento del PIB del 2,3% en 2017 y del 2,1% para el que viene. Pero no, no estamos fuera de peligro. De hecho, somos "vulnerables". La economía española sigue teniendo una espada de Damocles que pende sobre su futuro inmediato. Se llama deuda pública y ni se ha hecho casi nada en el pasado para controlarla ni se conseguirá en el futuro.
La Comisión Europea (CE) presentaba este miércoles sus previsiones de invierno 2017. No hay muchas novedades. El documento rezuma la corrección política habitual en los comunicados comunitarios. Moderación en el lenguaje. Palmaditas en el hombro a los gobiernos por poco que hayan conseguido. Y mucho lenguaje técnico. Pero también hay advertencias muy directas, bien visibles para el que quiera verlas. En el caso de España, la flecha está claramente dirigida hacia las finanzas públicas. Es ahí donde está el peligro. Una amenaza palpable y que no se evaporará sola. De hecho, las dos vías de salvación que plantea el documento (recortar las pensiones y subir el IVA) no parece que estén en el plan de nuestros políticos. "España se enfrenta a un elevado riesgo de sostenibilidad en el medio plazo": ése es el mensaje.
Recapitulación
El informe de la CE comienza, como todos, haciendo una recapitulación de lo conseguido y una proyección para los próximos meses. En lo primero, los autores celebran la "fuerte recuperación de la economía española" que, además, ha logrado un crecimiento más equilibrado que en el pasado. Así, aunque sus proyecciones para este año marcan una tendencia a la baja, las cifras de mejora para 2017 y 2018 (2,3 y 2,1% respectivamente) siguen estando entre las más altas de la Eurozona.
Luego, la CE analiza si se han acometido las reformas planteadas en sus recomendaciones previas. Aquí, el balance para el Gobierno no es como para tirar cohetes. En la mayoría de las áreas, desde la implementación de las reformas en el sector público a la colaboración entre las empresas y los servicios de empleo, pasando por la aplicación de itinerarios individualizados para la ayuda a los parados, el progreso ha sido "limitado". Y eso donde se ha hecho algo, porque en la regulación de los servicios profesionales, el documento afirma que, directamente, no se ha hecho nada.
Pero hay un aspecto que destaca por encima de todos los demás. Una cuestión en la que el documento vuelve una y otra vez. Un peligro que sobrevuela cualquier análisis que se haga sobre la economía española: la deuda pública.
Las cifras
La primera cifra que viene a la cabeza cuando se habla de esta cuestión es el 100% del PIB, esa frontera psicológica que España superó hace unos trimestres y alrededor de la que nos mantenemos desde entonces. La Comisión cree que, décima arriba o abajo, España "estabilizará" su nivel de deuda pública en ese entorno en los próximos años.
¿Cómo puede ser que ni siquiera en una situación de crecimiento moderado del PIB se consiga reducir algo la deuda? Pues fundamentalmente porque nada apunta a que las cuentas públicas vayan a lograr el equilibrio presupuestario a medio plazo. Así, la Comisión prevé un déficit público del 4,7% en 2016 (prevé porque todavía no se conoce la cifra definitiva), del 3,5% en 2017 (cuatro décimas por encima del objetivo pactado) y del 2,9% en 2018. Es decir, que si todo sale bien, España bajará del objetivo del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018, tras más de una década incumpliendo y apenas por una décima.
Porque además, este déficit no es consecuencia de algún hecho imprevisto o de los efectos del ciclo económico. Según los cálculos de la CE, el déficit estructural del sector público español necesitaría mejorar el equivalente al 4,6% del PIB desde ahora a 2023 para avanzar hacia el objetivo del 60% de deuda pública en 2031. Hablamos de un ajuste de unos 50.000 millones al año entre ingresos y gastos. Y parece que no, no lo vamos a conseguir.
De hecho, como puede verse en el siguiente gráfico, las proyecciones de deuda pública para la próxima década están muy lejos de esa senda de reducción. En ningún escenario previsto, bajaremos del 100% en 2027. Si todo sale bien y el crecimiento es superior al previsto, con un shock positivo para el crecimiento equivalente al 0,5% del PIB, la deuda llegaría a 2027 en el 102,7%. Si el escenario es el contrario, con un crecimiento anual 0,5% inferior al escenario base, podría alcanzar el 117,8%.
La pregunta sería si hay solución. Para reducir el nivel de deuda no, pero para controlar su crecimiento hay algunas alternativas. Eso sí, que sean posibles no quiere decir que sean probables.
El primer aspecto en el que la Comisión hace hincapié es en el gasto asociado al envejecimiento de la población, especialmente en pensiones. Los autores celebran el ahorro logrado por la aplicación de las dos últimas reformas de las pensiones. Los autores del informe creen que esto "mitiga" en cierta forma el riesgo de descontrol de las cuentas públicas, porque contiene el crecimiento de la partida de gasto que amenaza con incrementarse más en la próxima década.
Eso sí, la confianza de la CE en que "la Seguridad Social está recibiendo la atención política" que necesita tiene otra cara: si cambian las prioridades políticas, también lo puede hacer esta cuestión. Por ejemplo, en España, todos los partidos excepto el PP han prometido derogar alguna parte de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013.
En segundo lugar, la Comisión sugiere soluciones para equilibrar las cuentas públicas por el lado de los ingresos. Y aquí vuelve a mirar, de nuevo, al IVA. El informe explica que los tipos en España están en la media de la Eurozona, algo que es compatible con una recaudación inferior a la de nuestros vecinos. ¿La clave? Los "agujeros" fiscales. Es decir, la gran cantidad de productos que están incluidos en el tipo reducido (10%) y el híper-reducido (4%). Aquí, la CE reitera una de sus habituales recomendaciones, subir el IVA pasando el mayor número de productos al tipo general del 21%. Tampoco es una medida que parezca probable en el medio plazo. Ningún partido propone nada ni parecido en sus programas.
El resumen es que la Comisión considera que España tiene una deuda pública excesiva, que hace "vulnerable" a su economía. Al mismo tiempo, cree que no hay ninguna posibilidad realista en la próxima década de bajarla del 100% del PIB. Esto está unido a una situación internacional peligrosa, con riesgos al alza de incertidumbre política. En la Eurozona, esto ya se ha traducido en los últimos meses en un incremento del diferencial de la prima de riesgo de la deuda de países como Francia. En esta coyuntura, España es uno de los países que tiene una posición más delicada. Su recomendación principal para reducir ese déficit que no termina de bajar es subir el IVA, algo que ningún partido propone. Y como elemento tranquilizador, la CE apunta a la rebaja en el gasto en pensiones derivada de una reforma que toda la oposición quiere derogar. En conjunto, lo cierto es que los autores dibujan un panorama nada tranquilizador.