Apenas diez días después del hundimiento súbito de Lehman Brothers en Wall Street, allá por septiembre de 2008, José Luis Rodríguez Zapatero, a la sazón presidente del Gobierno de España, compareció ante un muy selecto grupo de financieros de Nueva York para vanagloriarse de la solvencia, a su juicio sobresaliente, de los bancos y cajas de ahorros españoles. Solo tres años más tarde, en julio de 2011, el mismo José Luis Rodríguez Zapatero instó, huelga decir que con el poder de convicción que siempre es capaz de generar quien redacta cada mañana el BOE, a las principales compañías del Ibex 35 para que participasen en la salida a bolsa de Bankia, el monstruo sistémico resultante de la fusión precipitada de siete cajas provinciales al borde mismo de la quiebra. Un secreto a voces, por cierto, del que no se enteró solo quien no quiso enterarse. Ahora, seis años después de los hechos, el partido del expresidente Zapatero y el del por aquel entonces jefe de la leal oposición, Mariano Rajoy, han concedido que se promueva una comisión de investigación en el Parlamento que, por supuesto, nada va a investigar. Primero, porque resulta harto improbable que alguno de los diputados que vayan a formar parte de esa comisión sepa leer un balance financiero. Segundo, porque, aunque dispusiesen de conocimientos sobre materia tan compleja, carecerían de los mínimos medios materiales y humanos necesarios para poder llevar a cabo una investigación de verdad. Y, tercero, porque tanto el partido del expresidente como el partido del exjefe de la oposición almacenan tales arsenales de armas de destrucción masiva en sus fondos de armario que el mutis por el foro se convertirá, a no dudarlo, en la estrategia más sensata a seguir por ambos. He ahí, sin ir más lejos, el precedente de la comisión promovida en el Parlament de Cataluña sobre idéntica materia, la extinción de las cajas catalanas, un vistoso carrusel de discursos indignados para la galería televisiva que quedó en nada de nada. Y ahora volverá a ocurrir lo mismo.
A la gente de la calle se le ha explicado que tenía que pagar 75.000 millones de euros de su bolsillo para rescatar al sistema financiero porque los bancos no son como las fábricas de chocolate o las cadenas de ferreterías. Cuando una ferretería quiebra, se les ilustró, los antiguos clientes se van a hacer sus compras en alguna otra de la competencia y ahí acaba el asunto. Cuando quiebra un banco, en cambio, no solo sus depositantes corren alarmados a retirar su dinero de la entidad en cuestión, sino que los clientes de los demás bancos, víctimas súbitas del llamado pánico financiero, los imitan. Es así como un banco capitalizado, solvente y bien gestionado puede irse a la ruina sin haber incurrido en ninguna práctica irregular ni sufrir problema ninguno un segundo antes, solo por efecto del pánico colectivo. Pero ese argumento, sin embargo, es algo mucho peor que una mentira: es una verdad a medias. Porque Caja Ávila, Caja Rioja, Caja Canarias o Caixa Laietana, cuatro de los enanitos que confluyeron en el gigante Bankia, no eran Lehman Brothers. El sistema capitalista español no habría entrado en barrena si Caja Rioja hubiese sido declarada en bancarrota por un juzgado local. Y si se hubiera producido algún brote de retirada de depósitos en otras entidades, el BCE hubiese resuelto el asunto en poco días, ofreciendo liquidez sin restricciones a los bancos sanos. No habría ocurrido nada. Igual que Banca Catalana y el Banco de los Pirineos fueron liquidados en su día asumiendo sus accionistas y acreedores de bonos y obligaciones el grueso del quebranto consiguiente, ahora se podría haber procedido igual. Los acreedores habrían dispuesto, pues, de dos opciones a su alcance: o convertir la deuda en capital de la entidad o ponerse a la cola para tratar de recuperar parte de su dinero en el proceso concursal oportuno.
¿Por qué razón entonces ni el presidente del Gobierno ni el jefe de la oposición consideraron siquiera la posibilidad de recurrir a esa vía, lo que hubiera evitado que los contribuyentes arrostrasen con todas las consecuencias del derrumbe? Tal vez la explicación a ese misterio se pueda encontrar en una de las escenas más célebres de la historia del cine: el impactante plano final de El planeta de los simios, cuando el protagonista descubre con horror lo ocurrido tras atisbar los restos de la Estatua de la Libertad en una playa desierta. El rescate de las cajas de ahorros españolas fue como un juego de matrioskas. Primero estaba la pequeña e incompetente matrioska de los gestores. Después, un poquito más grande, la matrioska de las comunidades autónomas llamadas por ley a tutelarlos. Por encima de ella irrumpían, una tras otra, la ya voluminosas matrioskas de los reguladores, que eran dos gemelas, la matrioska de la CNMV y la matrioska del Banco de España. Luego, enorme, aparecía la matrioska de todas las matrioskas, el Poder con mayúsculas, con su matrioska presidenta del Gobierno y su matrioska jefa de la leal oposición asintiendo, vía silencio administrativo, a cuanto la primera tuviese a bien decidir. ¿Y había alguna matrioska más grande aún cubriéndolas a todas ellas? ¿Existió en la historia del rescate de las cajas de ahorros españolas un Mister X de las matrioskas? Quizá. Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿por qué no se permitió la liquidación ordenada de las cajas? ¿Quizá porque los grandes tenedores de unos títulos de deuda llamados cédulas hipotecarias, títulos que fueron el origen de casi todo el dinero que destinaron las cajas a financiar la burbuja inmobiliaria, resultaban ser los bancos alemanes? ¿Quizá porque, en ese caso, las pérdidas del negocio habrían recaído en los acreedores de Alemania y no en los contribuyentes españoles? ¿Quizá porque alguien desde fuera, la matrioska Mister (o Lady) X, impuso que no se hiciera? Quizá.