De la misma forma que hay acuerdos políticos que se articulan en torno a virtudes compartidas, hay otros que descansan en vicios comunes. Así, Rajoy y Pedro Sánchez empezaron a negociar en septiembre del pasado año uno consistente en relajar nuevamente los objetivos de reducción del déficit autonómico, por aquel entonces fijados en el 0,3% del PIB para 2016 y en el 0,1% para 2017.
A pesar del demencial endeudamiento alcanzado en la primera legislatura de Rajoy, y de que España acababa de librarse arteramente de una justísima sanción de la UE por déficit excesivo, especialmente por culpa de las autonomías, PP y PSOE pactaron, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera de diciembre, que el tope del déficit para las CCAA se elevara al 0,6% para 2017.
No será la primera vez que las CCAA suspenden a la hora de ajustar los gastos a los ingresos, aun después de haber reducido el Gobierno el nivel del aprobado. Así lo han hecho muchas en años anteriores, y así lo van a hacer en 2017 nada menos que ocho, según acaba de pronosticar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ve "improbable" el cumplimiento del tope del 0,6% en Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana, y "muy improbable" que Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia alcancen el objetivo.
Naturalmente, se trata de un pronóstico; pero, dado que Rajoy, aun con mayoría absoluta, ha fracasado siempre en su tarea de embridar el gasto autonómico, es harto improbable que ahora vaya a hacer cumplir a las autonomías los objetivos de estabilidad presupuestaria. Más aun si se tiene en cuenta que la Conferencia de Presidentes, celebrada en Madrid hace escasamente un mes, sólo sirvió para poner de manifiesto que lo único que quieren los gobernantes regionales es gastar todavía más; pulsión que Rajoy no les reprime sino que pretende satisfacerles con nuevas subidas de impuestos o con una mayor recaudación fruto de la recuperación económica.
Por otra parte, hay que tener presente que el Gobierno en minoría de Rajoy se sostiene únicamente gracias a la abstención del PSOE, abstención que podría correr peligro si el Ejecutivo pasara a presionar a las comunidades socialistas por la reducción de un déficit que, para colmo, tampoco están reduciendo comunidades del PP como la de Murcia.
Así las cosas, y habida cuenta de que quienes abogan por reducirlo no tienen representantes en el Parlamento que libren tal batalla, no es de extrañar que el endeudamiento esté en niveles demenciales, muy especialmente por culpa de las voraces y sobredimensionadas Administraciones regionales.