Los estibadores irán a la huelga, con todo lo que ello supone. La mayoría de las mercancías que entran y salen del país lo hacen por vía marítima, de modo que la paralización de la actividad portuaria puede suponer un enorme quebranto para todas aquellas empresas que, de una u otra forma, dependen del mercado exterior, con el consiguiente impacto para el conjunto de la economía nacional.
Según los operadores portuarios, el coste de parar los puertos puede rondar los 50 millones de euros al día. La industria del motor y las empresas químicas ya están haciendo acopio de componentes, la distribución alimentaria y la siderurgia, por su parte, confiesan contar con escaso margen para ello, informa Cinco Días.
Los estibadores lo saben y por eso blanden la huelga como principal amenaza para lograr sus reivindicaciones, que no son otras que mantener intacta su privilegiada posición. La estiba ejerce, desde hace décadas, un rígido monopolio sindical por el cual las empresas del sector no pueden contratan libremente a quien quieran. Este hecho es único en el sector productivo español y en el resto de la estiba europea.
El gremio, como consecuencia, controla quién puede o no entrar en la profesión, lo cual se traduce en un nepotismo generalizado, y, dado que pueden paralizar los puertos, generando con ello ingentes pérdidas a los operadores, han logrado sueldos desorbitados que nada tienen que ver con la realidad del mercado (unos 70.000 euros al año de media, aunque en numerosos casos superan ampliamente los 100.000).
Hasta ahora, ningún gobierno, ni del PP ni del PSOE, se había atrevido a tocar la estiba para evitar, precisamente, el conflicto sindical que está teniendo lugar en los últimos días. Sin embargo, desde 2014, es la UE la que obliga al Estado español a liberalizar este anquilosado modelo, cuyo origen se sitúa en el régimen franquista. El Tribunal de Justicia de la UE determinó en 2014 que este sistema vulnera la legislación comunitaria. El retraso en el cumplimiento de la sentencia ya ha costado a los contribuyentes21 millones de euros, y esta factura crecerá conforme el Ejecutivo no apruebe la reforma del sector.
La intención del Ministerio de Fomento es aprobar este viernes el real decreto ley sobre esta materia para cumplir la citada sentencia. El acuerdo con los estibadores no ha sido posible. La reunión que mantuvieron el martes con Fomento se cerró sin acuerdo. La estiba irá a la huelga. Se mantienen los paros parciales convocados para los días 20, 22 y 24 de febrero, y no se descartan nuevas jornadas de huelga.
De hecho, en los últimos días, las empresas han denunciado el desarrollo de huelgas selectivas y encubiertas, lo cual es ilegal, así como actos vandálicos de todo tipo, sin que el Gobierno haya hecho nada para evitarlo, más allá de meras declaraciones de condena. Lacarga y descarga de mercancías se ha ralentizado de forma sustancial en numerosos puertos. En Barcelona, por ejemplo, donde lo habitual son más de 20 operaciones por hora, la actividad cayó a apenas 4, lo mínimo que se establece por convenio, provocando retrasos y problemas, según fuentes sectoriales conocedoras de la situación.
División interna
La clave del conflicto gira, básicamente, en torno a dos puntos: la creación de un registro de estibadores y el plazo transitorio para llevar a cabo la liberalización del sector.
- Lo que persiguen los sindicatos es seguir controlando, de una u otra forma, el acceso a la profesión mediante un registro que, en el fondo, no sería muy diferente de la bolsa de trabajo que manejan ahora las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep), donde los estibadores ejercen su total dominio.
- Asimismo, pretenden prolongar el período de transición de tres años que estipula Fomento para la desaparición de las Sagep y completar así la liberalización. En este sentido, piden que se extienda el plazo para que los más veteranos sigan trabajando en las actuales condiciones hasta su jubilación, y, de este modo, evitar su despido, cuyo coste, en todo caso, será sufragado por los contribuyentes a través de Fomento.
Sin embargo, el ministro del ramo, Íñigo de la Serna, ha subrayado que el Gobierno está atado "de pies y manos" en este conflicto, donde "nuestro marco es el de la UE" y "en el límite de lo que nos permite estamos flexibilizando al máximo las posturas a favor de los trabajadores". La idea del registro no sería aceptada por Bruselas y, por tanto, es descartada por el Gobierno. Por su parte, el secretario de Estado de Infraestructura, Julio Gómez-Pomar, ha recordado que la creación de un registro, el mantenimiento de las Sagep y las limitaciones a la libre contratación son líneas rojas para la UE.
La gran baza del Gobierno es que esta decisión no depende de Moncloa, sino de Bruselas. La reforma es de obligado cumplimiento, y esto lo saben los estibadores. Es decir, tarde o temprano, de uno u otro modo, la libre contratación se acabará imponiendo y esto es, precisamente, lo que amenaza con abrir una vía de agua en la posición monolítica que, tradicionalmente, ha mantenido a los estibadores unidos en la reivindicación de su particular régimen especial. Muchos de los menores de 35 o 30 años que ya están en la profesión no comparten los intereses de los más veteranos, según las fuentes consultadas por Libre Mercado.
La razón tiene lógica. Los estibadores con más años de experiencia son los que gozan de los sueldos más altos y de las condiciones laborales más ventajosas y no pierden casi nada con la huelga ni con la apertura de un conflicto duradero en los puertos. No en vano, si ganan, mantendrán sus prebendas y, puesto que los trabajadores del mar se pueden jubilar antes, el extender el plazo de transición de 3 a 10 ó 15 años, les sale a cuenta. Y si pierden, serán indemnizados por el Estado y les seguirá restando pocos años para jubilarse. En el Régimen Especial del Mar existen coeficientes reductores de la edad de jubilación en determinados trabajos, como es el caso de los estibadores portuarios, hasta un máximo de 10 años, de modo que se pueden jubilar a los 55 años.
Pero no sucede lo mismo en el caso de los más jóvenes, con sueldos mucho más bajos y sin posibilidad de jubilarse. Y la cuestión es que si pierden el conflicto, temen perder sus puestos de trabajo, ya que, una vez en marcha la libre contratación, las empresas podrían prescindir, lógicamente, de todos aquellos que les hubieran hecho perder millones de euros a raíz del enfrentamiento. "De cara al público parece que están todos muy unidos, pero cuando hablas con ellos en privado reconocen que tienen la batalla perdida ylos más jóvenes se distancian de los veteranos. Su situación es distinta", explica un trabajador portuario.
La existencia de intereses contrapuestos dentro del gremio podría abrir una vía de agua muy importante a la hora de calibrar la verdadera fortaleza de los estibadores para paralizar por completo los puertos y mantener dicha huelga en el tiempo. El interrogante ahora es saber si Fomento aguantará el envite, puesto que la reforma, finalmente, deberá contar con el visto bueno del Parlamento para su aplicación definitiva.