Las empresas de estiba portuaria han denunciado que están sufriendo acciones de presión por parte de los estibadores en forma de "huelgas ilegales encubiertas y selectivas", que consisten en ralentizar las operaciones de carga y descarga de mercancía en los puertos y que, según aseguran, están causando un "grave impacto económico". Así lo indica la patronal del sector Anesco, después de que los sindicatos de estibadores hayan convocado formalmente paros para los próximos días 20, 22 y 24 de febrero en contra de la reforma que el Ministerio de Fomento ha planteado para el sector.
Según la organización empresarial, sus empresas están registrando de forma individual acciones de presión por parte de los estibadores. Así, aseguran haber detectado que las operaciones de estiba y desestiba (carga y descarga) de los buques se están realizando a un ritmo muy lento. "Todo ello está causando un grave impacto económico y comercial en las empresas del sector, así como en el conjunto de la economía nacional", indica Anesco en un comunicado.
Las empresas estibadoras aseguran sentirse "totalmente indefensas" ante estas supuestas prácticas de los estibadores, ante las que no tienen posibilidad legal de acudir al mercado para reclutar otros estibadores. Así, las compañías advierten de que "resulta jurídicamente muy complejo e imposible, en el corto plazo con que se sufren estas graves repercusiones, evitar que se produzca un sistemático descenso en la productividad de las instalaciones portuarias".
Pernicioso efecto económico
Por ello, la patronal llama a las autoridades portuarias y a Puertos del Estado para contribuir para paliar los "perniciosos efectos de estas presiones, que ponen en peligro el tejido empresarial del país, su competitividad y los puestos de trabajo de todos los sectores afectados". Las supuestas protestas encubiertas de los estibadores que denuncia Anesco se enmarcan en el rechazo que el sector mantienen a la reforma de la actividad planteada por el Ministerio de Fomento con el fin de cumplir con la normativa europea y evitar una sanción.
En virtud de la reforma, el Departamento que dirige Íñigo de la Serna plantea un plazo transitorio de tres años para que desaparezcan las sociedades de servicios portuarios (Sagep), firmas de las que dependen el colectivo de 6.150 estibadores y que controla su contratación por parte de las empresas en los puertos.