Las pensiones han ganado poder adquisitivo entre 2013 y 2016. Pero, si no se hace nada, perderán lo ganado y un 7% extra desde ahora a 2022. Ésta es una de las principales conclusiones del informe que José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado este miércoles en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados.
Escrivá acudía a la Cámara Baja a hablar de sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo. Y lo ha hecho, con una presentación optimista, que ha gustado a sus señorías. Pero también se ha detenido en el corto y medio plazo. Aquí su optimismo se ha matizado. Según sus datos, ahora mismo España tiene un déficit público estructural equivalente al 2,5% del PIB: es decir, sin contar los efectos del ciclo, las cuentas públicas presentan ese desequilibrio entre ingresos y gastos. Habrá años peores (con menos crecimiento y un déficit más elevado) y mejores, pero el 2,5% es "estructural".
Y de ese 2,5%, más o menos el 60% lo aporta la Seguridad Social. Es decir, que el organismo público tiene un desequilibrio estructural equivalente al 1,7-1,8% del PIB. Hablamos de unos 20.000 millones de euros de desfase, no es una cifra menor. Si la cosa va bien, es decir, si seguimos creando empleo y suben las cotizaciones, podría mantenerse ese nivel (-1,7%) en los próximos años. Pero ni siquiera con el crecimiento previsto la AIReF cree que podrá bajarse esa cifra. Vamos, que en el mejor de los casos nos quedaremos con un déficit de la Seguridad Social del 1,7-1,8% del PIB.
Escrivá ha apuntado a que las previsiones del Gobierno en lo que tiene que ver con el gasto de la Seguridad Social han sido bastante precisas en los últimos años. No se puede decir lo mismo en lo que tiene que ver con los ingresos. Aquí, los Presupuestos del organismo público han fallado de forma recurrente y siempre en la misma dirección: se han quedado cortos, muy lejos de los ingresos que preveía el Gobierno. La AIReF cree que, en este año 2017 que recién comienza, también incumpliremos. La cifra oficial habla de un déficit del 1,4% del PIB para la Seguridad Social. Como puede verse en el siguiente gráfico y como ha apuntado el presidente de la AIReF, "en ningún escenario" de los previstos para 2017 se alcanza ese 1,4%, ni siquiera en los más optimistas.
Esta situación tiene dos derivadas. En primer lugar, nada apunta a que España vaya a conseguir en los próximos años la "convergencia hacia el equilibrio presupuestario" que el Gobierno ha prometido a Bruselas. Como decimos, quedan esos 2,5 puntos de agujero estructural que no se resolverán con las medidas puestas hasta ahora sobre la mesa. Por lo tanto, habrá que cerrarlo con nuevas medidas (aumento de impuestos o recortes de gasto) o nuevas emisiones de deuda. Y eso si convencemos a nuestros socios comunitarios de que nos sigan dando margen.
Pero además hay una segunda derivada. Y es la que tiene que ver con la Seguridad Social. La AIReF advierte de que con la "actual estructura de ingresos y gastos", si queremos mantener el gasto público en pensiones en relación al PIB de aquí a 2022, habrá que aplicar el mínimo marcado por el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), el nuevo factor que el Gobierno aprobó en la reforma de 2013 como sustituyo del IPC.
Hay que recordar que el IRP establece un mínimo del 0,25% de subida de las prestaciones al año. Por lo tanto, si la inflación es superior a esta cifra, los pensionistas perderán poder adquisitivo. A cambio, si la inflación es inferior al 0,25%, lo ganan. Por eso, entre 2013 y 2016, las pensiones en España han subido por encima de la inflación (según puede verse en el siguiente gráfico de la AIReF). Pero por el mismo motivo, de aquí a 2022 es previsible que la inflación se sitúe por encima de ese nivel (la AIReF calcula una media del 1,8% a partir de 2018), lo que llevará a las pensiones a perder poder adquisitivo año a año. En total, un 7% en 2022 respecto a la situación de 2013.
¿Se puede hacer algo para evitarlo? Pues traer el dinero de otro sitio (también cambiar la ley que estableció que el IRP funcionaría para equilibrar los ingresos y gastos del sistema a lo largo del ciclo). Pero no saldría barato. Como mínimo, el equivalente al 1% del PIB (algo más de 10.000 millones de euros al año) sólo para "mantener el poder adquisitivo", advierte la AIReF.
Y eso sólo para mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Como hemos visto, la Seguridad Social tiene un desequilibrio estructural de alrededor del 1,7% del PIB. Por lo tanto, para cuadrar las cuentas y que el IRP pueda volver a subir de forma habitual por encima del 0,25%, lo primero sería inyectar ese dinero al sistema. Hablamos de entre 15.000 y 20.000 millones de euros. ¿De dónde se sacarían? Pues la AIReF no se pronuncia por cuál sería la mejor opción, pero sí es muy clara respecto a las posibilidades: más impuestos, más deuda pública o recortes del gasto en otras partidas. No hay más.