Carlos Sánchez Mato vuelve a estar en la picota. El polémico delegado de Economía y Hacienda del gobierno municipal de Manuela Carmena sigue su "pulso" a Hacienda y no ha rectificado su Plan Económico-Financiero para 2016 y 2017, lo que supone mantener el incumplimiento de la Regla de Gasto detectado por los técnicos del ministerio que dirige Cristóbal Montoro.
Esto puede abrir las puertas a la toma de medidas coercitivas que hasta derivarán en la disolución de la corporación municipal, en el caso de que no se sigan las directrices que fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero los incumplimientos de Sánchez Mato y su equipo también podrían ir en contra de otra Ley.
Para ser precisos, hablamos de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobada el 9 de diciembre del pasado ejercicio 2013. Fuentes consultadas por Libre Mercado apuntan que diversos artículos de la norma podrían ser aplicables a la situación en la que se encuentran las cuentas de la Villa y Corte y, de hecho, conducirían a la inhabilitación del delegado.
Infracciones muy graves
Por ejemplo, el artículo 28 detalla las "infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria" y contempla como una "infracción muy grave" aquellas conductas que impliquen "el incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 12.5 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria".
En la misma línea va otra infracción muy grave identificada por la Ley de Transparencia. Se trata del "incumplimiento de la obligación de destinar el superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto, en los términos previstos en el artículo 32 y la disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria".
Pero hay más. La Ley de Transparencia también contempla como infracción muy grave la "no adopción en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento, cuando se haya formulado la advertencia prevista en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril". En la misma línea va otra infracción muy grave identificada por la norma: "la no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del Plan Económico-Financiero".
Existe un punto más que debería preocupar al delegado de Economía y Hacienda. Y es que, si a partir del 1 de marzo se constata que el Ayuntamiento excede los límites fijados por la Regla de Gasto, Sánchez Mato tendrá que cumplir con las recomendaciones de una comisión de expertos nombrada por Hacienda o adoptar la no disponibilidad de diversas partidas de gasto, ya que incumplir con estos puntos no solo resultará en la intervención del Ayuntamiento, sino que también supone una infracción muy grave según la Ley de Transparencia.
De hecho, entre las sanciones que contempla la Ley de Transparencia, está previsto que aquellos cargos que cometan una infracción muy grave sean destituidos del cargo que ocupan. Esta inhabilitación duraría entre cinco y diez años, dependiendo del caso.
Sánchez Mato, en el alambre
Como ya explicamos, aunque el ministerio de Hacienda exigió a finales de 2016 un nuevo Plan Económico-Financiero, el consistorio se ha limitado a ampliar la información del anterior documento y ha mantenido los incumplimientos que figuraban en el Plan remitido en primera instancia al departamento de gobierno que dirige Cristóbal Montoro.
Fuentes consultadas por Libre Mercado entienden que esto podría vulnerar el punto "J" del artículo 28 de la Ley de Transparencia, que considera infracción muy grave "la no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del Plan Económico-Financiero, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril".
Por otro lado, son ya varias ocasiones en las que Sánchez Mato ha insinuado que no adoptará un acuerdo de no disponibilidad en el caso de que, a partir del 1 de marzo, se constate el incumplimiento de la Regla de Gasto. Así lo comunicó en El Español, el 8 de enero de 2017, y así lo declaró el 19 de enero de 2017, en su página web y en su cuenta de Twitter. También la "carta a la ciudadanía" que envió Ahora Madrid tras conocerse la decisión de Hacienda apunta algo similar. En el caso de que no se hiciesen estos ajustes, se incurriría en una infracción muy grave como es "la no adopción de un acuerdo de no disponibilidad", contemplada en el punto "Ñ" del artículo 28 de la Ley de Transparencia.
Habrá que esperar al mes de marzo para ver qué ocurre con las cuentas cerradas de 2016. Una vez el ministerio de Hacienda las evalúa, se abrirá la veda para la posible inhabilitación de Sánchez Mato, siempre y cuando se confirme que no ha seguido la Ley de Estabilidad Presupuestaria o la Ley de Transparencia.