Se discute en estos días sobre un nuevo acuerdo entre los sindicatos y la patronal acerca de la evolución de los salarios. Digámoslo desde el principio: los acuerdos salariales de nivel nacional no tienen ningún sentido y perjudican a más trabajadores que a los que benefician.
El determinante último de los salarios es la productividad del trabajo. Si un asalariado fabrica 30 bicicletas por mes, su salario estará relacionado con ese nivel de producción. Si esta persona sigue fabricando el mismo número de bicicletas, pero un "acuerdo social" fuerza a su empleador a pagarle más, ¿qué ocurriría? Hay varias alternativas. Si el empresario aumenta el precio de venta de las bicicletas puede perder clientes a manos de sus competidores. Si deja los precios igual ganará menos, por lo que es probable que reduzca su inversión en nuevas herramientas, de modo que también estará más débil frente a la competencia. Una tercera posibilidad es que el empresario entre en pérdidas, lo que puede derivar en el despido del empleado.
La productividad y su evolución varían mucho según hablemos de empresas grandes o pequeñas, de manufacturas o de servicios, de empresas exportadoras o no, de bienes de consumo o intermedios. Podría seguir enumerando diferencias hasta mañana. Es ese amplio "universo" de productividades lo que hace que no tenga sentido fijar una pauta para todo el país (ni siquiera lo tendría hacerlo para una autonomía o una provincia).
Aun así, los sucesivos gobiernos se empeñan en alentar el "diálogo social". Los sindicalistas y dirigentes patronales acuden gustosos a la llamada, porque les da un poder que su discutible representatividad no les da. Sin embargo, ni unos ni otros son tontos y saben que cualquier pauta debe fijarse atendiendo a la situación de las empresas más débiles. Hacerlo de otro modo (forzarlas a pagar más de lo que pueden) crearía a gran escala problemas como en el ejemplo del empresario de las bicicletas.
En cualquier caso, serán más los trabajadores perjudicados que los beneficiados. Los que trabajan en empresas prósperas, porque recibirán un incremento salarial menor del que podrían obtener. Los que trabajan en empresas con problemas, porque las dificultades serán mayores. Los parados, porque cualquier incremento salarial reduce la probabilidad de que encuentren un empleo.
En 2009 el salario medio creció 3,2%. Al mismo tiempo, se destruyeron 1,2 millones de puestos de trabajo. ¿De qué le sirvió a una persona que le subieran su salario si al mismo tiempo su mujer perdió su empleo? Esto muestra que lo relevante para las familias es la masa salarial. Es decir, los ingresos totales por salarios, y no tanto cada salario individual. Hoy podríamos preguntarnos ¿para qué le sirve a una persona que le suban su salario si eso dificulta que su hijo encuentre un trabajo?
Trasladar a la gente la idea de que ya es tiempo de recoger el esfuerzo de los años anteriores es un engaño. El número de parados bajó en 2 millones desde el inicio de 2013 hasta ahora. Pero aún hay más de 4 millones de personas que buscan un empleo y no lo encuentran. Por eso, el objetivo principal debe ser alentar la creación de empleo, con lo que los ingresos de las familias (masa salarial) seguirán creciendo, tal como ocurrió en los últimos tres años.
Es lógico que cada uno quiera cobrar el mayor salario posible. Es lógico ver con simpatía cualquier aumento, más aún si se sufrió una reducción salarial en los últimos años. Pero cometeríamos un error si esas lógicas ansias nos hicieran olvidar lo básico: para que un aumento salarial sea sostenible debe estar respaldado en un incremento de la productividad. Conseguirlo es una tarea propia de cada empresa, fruto de la cooperación entre empresarios y empleados. Desde luego, no es algo que pueda lograr ningún "acuerdo social", por más pompa que se le agregue.
Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados (@diebarcelo)