Miguel Blesa responderá por otro presunto delito de administración desleal en Caja Madrid. Lo hará como en el caso de las tarjetas black, acompañado del exdirector general Ildefonso Sanchez Barcoj, ahora en relación con supuestos sobresueldos de los miembros del comité de dirección. La Fiscalía Anticorrupción reclama para ambos una condena a cuatro años de cárcel. Incluyéndose a sí mismos, habrían repartido de más entre 2008 y 2010 un total de 8,5 millones de euros, cifra que les impone el Ministerio Público como responsabilidad civil para que reintegren solidariamente en cuentas de Bankia o el FROB.
Según el fiscal Conrado Saiz, Blesa y Barcoj habrían empleado una estrategia "irregular" para el incremento de los salarios que se materializaba en aumentos anómalos de la cuota fija o variable, deducciones fiscales fraudulentas e indemnizaciones por despido. Así se desprende del escrito presentado este lunes en el Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid y que ha adelantado la Cadena SER. La acusación que conduce el FROB como supuesta perjudicada se ha adherido a la solicitud de Anticorrupción en términos exactos.
Esta investigación nace en enero de 2015 a raíz de una denuncia de la Fiscalía. Sin embargo, el FROB había alertado ya en 2014 de posibles irregularidades en los pagos a directivos de Caja Madrid en base a una auditoría encargada a Price Waterhouse Coopers. Anticorrupción acotó su escrito a las retribuciones recibidas por el comité de dirección de la entidad entre 2007 y 2010 mediante el incremento irregular de sueldos, indemnizaciones y planes de pensiones supuestamente fraudulentos. Atribuye el delito de administración desleal continuada únicamente a Blesa y Barcoj porque habrían desplegado estos mecanismos motu propio.
Los propios miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid se han desmarcado de estas decisiones. La Fiscalía explica que, con el "conocimiento y consentimiento" de Blesa y Barcoj se dispusieron gratificaciones extraordinarias y pagos indebidos. Tras dos años de instrucción, el Ministerio Público sostiene que, solo en 2008, Blesa subió un 16% el sueldo de nueve directivos de manera arbitraria, es decir, sin someterse a los órganos de control de la institución. Según las órdenes del consejo, se había fijado un aumento máximo de un 4,5 % sujeto al respaldo de la Comisión de Retribuciones.
Tarjetas black
Los dos acusados en este procedimiento comparten ya banquillo por el mismo presunto delito de apropiación indebida en el caso de las tarjetas black. Aquellos plásticos subsistieron entre enero de 2003 y mayo de 2012 y abastecieron a sus titulares de más de 12 millones.
La Fiscalía dibuja un relato de los hechos en el que Blesa, que en su día trabajó como inspector de Hacienda, habría autorizado la entrega a los directivos de las tarjetas de crédito. Según la posición del Ministerio Público –duramente atacada en el juicio–, fijó un límite de dinero que podían destinar a su gusto, incluyendo gastos personales, al margen de la representación de Caja Madrid. El expresidente de la entidad habría encargado la gestión a Ildefonso José Sánchez, que ostentó entre 1997 y 2010 distintos puestos en la entidad, entre ellos, director general financiero y de medios. Este habría contabilizado irregularmente las black, incluyendo los gastos en las cuentas relativas a "Gastos de órganos de Gobierno" y "Tratamiento administrativo" (prevista para fraudes y negligencias).
En esta vertiente, Miguel Blesa se enfrenta a seis años de cárcel por los dos y medio que la Fiscalía pide para Sánchez Barcoj.