El paro sigue siendo la principal preocupación de los españoles y, por tanto, el primer y más importante problema que sufre el país, ya que su tasa todavía supera el 18% tras casi nueve largos años desde que estalló la crisis económica. Sin embargo, pese a que el drama del desempleo sigue siendo muy grave, cabe distinguir dos períodos claramente diferenciados en esta materia, cuyo punto de inflexión viene marcado por la reforma laboral que aprobó el PP en 2012 y cuya máxima responsable fue la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
La relativa flexibilización laboral que aportó esta nueva norma permitió, en primer lugar, frenar la histórica destrucción de puestos de trabajo cuando España aún sufría los embates de la recesión, para, posteriormente, impulsar de inmediato la creación de empleo en cuanto el PIB empezó a despuntar. Gracias a este cambio regulatorio, el paro registrado ha caído en más de 1 millón de personas y España ha recuperado casi la mitad del trabajo destruido durante la crisis, tras sumar más de 1,5 millones de afiliados.
Y el máximo exponente de esta buena marcha es que el mercado laboral registró el mejor ejercicio de su historia en 2016, una vez excluidos los irreales años de burbuja inmobiliaria, tras experimentar una caída de 390.000 parados, todo un récord, y un aumento de la afiliación superior a los 540.000 cotizantes, la mayor cifra de la última década. En los primeros años de crisis, por el contrario, la economía nacional llegó a perder más de 3 millones de puestos de trabajo bajo el anquilosado modelo de convenios colectivos que hoy tanto reclaman los partidos de izquierda y los sindicatos. En este sentido, cabe recordar que, según un detallado estudio de BBVA Research, si la reforma laboral se hubiera aprobado en 2008 y no en 2012, se habría evitado la destrucción de casi dos millones de empleos, de modo que el paro se aproximaría hoy al 10% y no al 20% actual.
El anterior Gobierno del PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, demostró una enorme irresponsabilidad e insensatez al negarse a flexibilizar el mercado de trabajo para taponar la sangría laboral que padecieron millones de españoles con tal de contentar a los sindicatos, pero su necedad es todavía mayor ahora, si cabe, al pretender derogar una reforma que funciona. España ha padecido un paro medio del 17% desde los años 80 y una de las tasas de temporalidad más elevadas del mundo desarrollado debido a la enorme rigidez laboral que impusieron patronal y sindicatos con el auspicio del Estado. Así pues, el objetivo de los socialistas no es otro que el de regresar a un modelo fallido y ruinoso para tratar de arañar algún que otro voto entre su descontenta base electoral, demostrando así que no le preocupa ni el paro ni la prosperidad de los españoles.
Y lo mismo sucede con patronal y sindicatos, ya que, si bien ambos tienen intereses diferentes, comparten una finalidad común: volver a vivir cómodamente del presupuesto público mediante el jugoso negocio de los convenios colectivos y los cursillos de formación. Por ello, el Gobierno de Mariano Rajoy cometería un error imperdonable si cediese a las demandas de la izquierda y los agentes sociales para derogar e incluso empeorar mínimamente su reforma laboral. Cualquier cambio en esta materia debe profundizar en la correcta senda emprendida de mayor flexibilidad y libertad laboral, a imagen y semejanza de otros países donde el paro no es ningún problema.