En España, el denominado bono social eléctrico es sufragado por las empresas del sector, pero su financiación constituye una anomalía a nivel europeo, ya que en el resto de países este coste recae sobre el conjunto de los contribuyentes (vía impuestos) o bien sobre el resto de los consumidores de luz (vía factura).
El bono social aplica un descuento del 25% en la tarifa regulada de la luz a determinados consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada, los jubilados con una pensión mínima, los hogares con todos sus miembros en paro y las familias numerosas.
En concreto, tal y como revela el siguiente cuadro elaborado por el portal especializado Energía Sociedad, Portugal es el que tiene un modelo más parecido al español, ya que dos tercios de la cuantía son financiados por las empresas y el tercio restante por el Gobierno; en Reino Unido, Alemania y Grecia, el coste recae sobre el Gobierno, es decir, se paga vía impuestos; en Francia, el sistema es mixto (parte vía consumidores y parte vía impuestos); mientras que en Italia lo sufragan íntegramente el resto de consumidores en la factura eléctrica.
¿Cuál es la #legislación en #bonosocial en los principales países europeos? pic.twitter.com/JPlAiluFuw
— Energía y Sociedad (@EnergiaSociedad) December 29, 2016
En España, por el contrario, el coste recae sobre las empresas. La primera vez que se definió el bono social, en 2009, se vinculó a las cinco grandes firmas que venden la energía bajo la tarifa regulada, pero el Tribunal Supremo lo anuló en 2012 por discriminatoria. Un año después, el Gobierno reformuló el modelo para vincularlo a las 23 empresas verticalmente integradas, es decir, con actividades de generación, distribución y comercialización, pero, una vez más, el Supremo lo anuló por discriminatorio al seguir excluyendo a empresas muy importantes del sistema eléctrico, y ordenó de nuevo la devolución del dinero a las eléctricas, informa elEconomista.
El Gobierno del PP aprobó el nuevo sistema hace dos semanas y ahora el bono tendrán que costearlo todas las comercializadoras o sus empresas matrices, unas 250 compañías, pero esta receta vuelve a adolecer del mismo problema que las anteriores, puesto que existen agentes del sector que que no tendrán que asumir dicho coste.