Normalmente, a los académicos no les sienta demasiado bien el paso a la política. Dice el refrán que no es lo mismo predicar que dar trigo. Vamos, que lo que encajaba como un mecano en la hoja Excel se empieza a complicar cuando entran en juego las variables prácticas.
El pasado viernes, el Consejo de Ministros nombraba a Miguel Ángel García Díaz director general de Ordenación de la Seguridad Social. García Díaz es profesor asociado y colaborador del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y analista senior en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. También es un prolífico escritor sobre el sistema de pensiones, sus retos y sus perspectivas a futuro. Así, en su blog (Las cosas del pensar) pueden encontrarse numerosos comentarios sobre el tema y, lo que es todavía más interesante, links a sus trabajos académicos. Ahora sólo falta por ver si mantiene en el Ministerio los planteamientos que defendía como profesor.
García Díaz no es nuevo en esto de la política o la opinión pública. Durante años fue el responsable de CCOO en el área de pensiones. De hecho, formó parte del grupo de expertos que el Gobierno convocó en 2013 para plantear una reforma del sistema. Y fue laminado por sus propios compañeros del sindicato por atreverse a firmar el documento con la propuesta de los sabios (algo que no hicieron los dos integrantes de la comisión más cercanos a PSOE y UGT).
En los trabajos de García Díaz destacan dos características. En primer lugar, una defensa cerrada del sistema de reparto. No se plantea ninguna alternativa aunque sí deja claro que para compensar el más que probable desplome de la tasa de sustitución habrá que diseñar algún tipo de esquema de ahorro complementario (voluntario y al margen del sistema público). No es extraño que Báñez fiche a alguien de esta opinión, mayoritaria en los partidos, en los que casi cualquier postura que abra la puerta a una mínima capitalización es anatema.
Eso sí, este alegato en favor del actual modelo no es óbice para que admita los problemas del mismo. Y esto sí es un avance. El nuevo director general de Ordenación de la Seguridad Social hace un detallado diagnóstico de los desafíos del sistema en el corto y medio plazo. Ofrece soluciones, con las que uno puede estar o no de acuerdo pero que tienen la virtud de que parten de un análisis realista de la situación actual, algo que merece reconocerse aunque no todas sus propuestas estén en línea con la postura editorial de Libre Mercado (desde aquí defendemos un modelo con un peso del ahorro privado muy superior al actual y que limite el castigo fiscal al trabajo de los cotizantes).
Por ejemplo, en una de las últimas entradas del blog, enlaza un pequeño informe titulado "Efectos de las últimas reformas del sistema público de pensiones de la Seguridad Social en un contexto de envejecimiento de la población", un trabajo que presentó en la Universidad de Barcelona los días 14 y 15 de julio de 2016.
Dicho análisis es muy significativo porque en el mismo podemos encontrar un buen resumen de la realidad del sistema de pensiones a día de hoy, tras las últimas reformas. Nosotros hemos entresacado 12 afirmaciones de las conclusiones del informe. En conjunto, explican bien dónde estamos y hacia dónde vamos. Casi ninguna de ellas las firmaría un político español, de ningún partido. Por cierto, tampoco a sus nuevos jefes les gusta demasiado hablar de casi nada de esto... (en negrita, los textuales de García Díaz):
- "La sociedad, a través de sus órganos de representación democrática, debe elegir el nivel de retorno asignado a esta generación mediante el sistema de pensiones de reparto": el sistema de reparto no se basa en el ahorro, sino en el pago año a año de cotizaciones. Hay una decisión política tras cada presupuesto y esa decisión puede ir en un sentido (mantener las pensiones de los pensionistas actuales) u otro (reducir la carga que soporta el cotizante).
- "[Este] nivel de retorno [debe ser] adecuado a las aportaciones realizadas, pero a la vez sostenible financieramente a largo plazo, porque no es cierto que el sector público pueda garantizar cualquier nivel de gasto sin sufrir consecuencias negativas": sí, las pensiones tienen que guardar una cierta correlación con las cotizaciones pagadas y con las expectativas de los beneficiarios. Pero la capacidad del Gobierno para prometer aumentos constantes de las prestaciones está limitada por sus ingresos y sus posibilidades de financiación. Y ninguna de estas dos partidas es infinita, aunque algunos políticos parezcan creerlo así.
- "Se abre el riesgo de incurrir en un reparto desequilibrado entre generaciones": prometer cualquier cosa a los actuales pensionistas está muy bien… pero es fácil caer en la injusticia respecto de los actuales cotizantes, que tienen que aportar mucho sabiendo que no recibirán tanto cuando se jubilen.
- "La evolución futura de las pensiones del sistema público de reparto español está determinada por la decisión de priorizar un nivel de ingreso o uno de gasto, para ajustar el otro componente a la opción elegida. Dado que un sistema de pensiones es una transferencia de renta entre generaciones, esta grave decisión incorpora un equilibrio entre bienestar social y sostenibilidad financiera, que se puede concretar en un gasto equivalente a un porcentaje de PIB o en una determinada tasa de reposición": hablando en plata, tenemos dos alternativas. Si ponemos como referencia el gasto en porcentaje del PIB y no queremos que éste suba, la relación entre pensión y salario se hundirá. Si el objetivo es mantener la tasa de reposición de cada pensión aun a costa de subir el gasto total en Seguridad Social, habrá que disparar los impuestos (o recortar mucho otras partidas de gasto) para pagar esa generosidad con los jubilados.
- "Las reformas adoptadas desde 1985 en el sistema público de pensiones han cumplido el objetivo de hacerlo más contributivo y sostenible, al minorar la pendiente de crecimiento del gasto": las reformas sirven para limitar el incremento del gasto… recortando las promesas realizadas anteriormente.
- "La tasa de reposición no ha dejado de aumentar de manera casi continua desde 1980, hasta alcanzar un nivel difícil de sostener al compararla con la de los países de la Zona Euro, como de explicar a los actuales trabajadores en activo que realizan las aportaciones para asumir las obligaciones del sistema": Fátima Báñez alardeaba hace unos días en el Congreso de que la media de las nuevas pensiones del Régimen General era equivalente al 93% del Salario Medio. La tasa de reposición media en España está en el 80%, muy por encima de lo habitual en la UE. Es imposible mantener esas cifras a futuro y los jóvenes, que son los que pagan las pensiones actuales, lo saben.
- "Las amplias y profundas reformas paramétricas aprobadas en 2011 y 2013 mantienen la misma filosofía de desacelerar el ritmo de crecimiento del gasto": las reformas del PP y del PSOE tendrán como principal efecto a medio plazo la contención del gasto… a costa de los pensionistas del futuro. El sistema es más sostenible, pero las pensiones serán mucho menos generosas.
- "Extracto del informe oficial del grupo de expertos reunidos por Báñez en 2013. ‘Ante esta situación, la sociedad española, a través de sus representantes políticos, puede elegir entre una combinación de las siguientes alternativas con las que hacer frente a los efectos del previsible aumento del número de pensiones y evitar, al menos parcialmente, una reducción en el porcentaje que representa la pensión media sobre el salario medio: 1. Aumentar el número de cotizantes con la prolongación de la vida activa y mediante reformas que incentiven el crecimiento; 2. Aumentar los tipos impositivos o las cotizaciones; 3. Aceptar la disminución de la ratio de la pensión media sobre salario medio": sólo hay tres opciones, generar mucho más empleo de calidad (y sobre eso hay un tope demográfico que no podremos saltar), subir impuestos o reducir la relación pensión/salario. Es casi imposible encontrar esta claridad en el discurso de ningún partido, pero es lo que hay. Las matemáticas y la demografía no engañan.
- Sobre la opción de subir cotizaciones sociales para pagar las pensiones: "Conocida la elevada tasa de desempleo española y la posición comparada de esa cuota con la Zona Euro, no parece excesivamente favorable esta opción": subir las cotizaciones, sobre todo la parte del empresario, es una de las alternativas favoritas de nuestros políticos, entre otras cosas porque parece que no tiene consecuencias. García Díaz explica que tendría sus costes, y no menores, en términos de competitividad y empleo.
- "La opción de aumentar la base máxima de cotización sólo sería útil en el tema que tratamos si no está acompañada de una evolución idéntica de la pensión máxima. Una decisión contradictoria con el carácter contributivo del actual sistema dado que podría derivar en algo parecido a una "pensión zócalo" con un pequeño abanico entre el mínimo y el máximo": la reforma silenciosa del sistema, consistente en erosionar su carácter contributivo, por ejemplo quitando el tope de las cotizaciones máximas sin mover en la misma dirección las pensiones, supone un cambio de modelo con enormes implicaciones y que pone en riesgo también el acuerdo tácito sobre el que se sostiene todo el edificio y que incentiva a cotizar cada mes a los actuales trabajadores. ¿Estarían estos dispuestos a seguir haciéndolo si supieran que la contributividad (tanto pones - tanto recibes) ya no es tal?
- "En última instancia, la población española necesita disponer de una perspectiva clara del nivel de cobertura del sistema de pensiones, para tener capacidad de planificar con el tiempo necesario las medidas que considere oportunas y, así conseguir una renta de sustitución suficiente en su vejez": lo hemos reclamado desde Libre Mercado decenas de veces. Ya que la realidad es ésta, la principal reforma de las pensiones que se necesita es la de la información. Que los cotizantes de la actualidad y pensionistas del futuro sepan cuánto les quedará, como caerá su nivel de vida y qué pueden hacer para compensar ese agujero. De nuevo, otro tema tabú en la política española.
- Extracto de su libro "El sistema español de pensiones: un proyecto viable desde un enfoque económico", publicado en 2004, pero citado este mismo año: "Los motivos enumerados anteriormente señalan como más favorable un sistema en el que las pensiones públicas contributivas de reparto constituyan la renta principal y suficiente para la mayoría de la población. Dado que este sistema no puede garantizar la reposición total de la renta percibida en activo, debería estar complementado por un segmento de capitalización voluntario para que los trabajadores puedan destinar la parte de su ahorro que consideren conveniente para completar la pensión pública": incluso un defensor del actual modelo de reparto como García Díaz pide al Gobierno (y de esto hace ya más de una década) la institución de algún tipo de complemento individual de ahorro voluntario con el que los pensionistas del futuro puedan equiparar sus ingresos como jubilados a los que recibían vía sueldos.