El Gobierno y el PSOE han cerrado este miércoles el acuerdo para prohibir por ley el corte de suministro eléctrico a los hogares "más vulnerables" declarados así por los servicios sociales y estudian su ampliación también para los casos de imposibilidad de pago de la factura del gas de este tipo de familias sin recursos.
Así lo han anunciado el ministro de Energía, Industria y Turismo, Álvaro Nadal, y el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, en las ruedas de prensa posterior a la reunión de ambos para sellar el acuerdo, que el Ministerio presentará en detalle este miércoles por la tarde y que cuenta aportaciones tanto del Ejecutivo como del PSOE, y de Ciudadanos, que remitió sus sugerencias ayer por la tarde.
Nadal ha indicado que el decreto ley podría aprobarse en el Consejo de Ministros de este viernes o en el siguiente, y ha asegurado que se pidió antes del acuerdo un texto para recoger las aportaciones de todos los grupos parlamentarios, por lo que espera que ahora se sumen el resto de fuerzas políticas en el desarrollo parlamentario de la norma.
"Este método de funcionar ha sido muy bueno, hemos logrado un acuerdo pronto, quería que fuese antes del 31 de diciembre para dar garantía al bono social y ha sido así", ha celebrado Nadal, agradeciendo la colaboración de las partes. Gobierno y PSOE cierran un acuerdo para prohibir por ley cortes de luz
El ministro ha celebrado que con el acuerdo se solucione el tema "más acuciante" del sector, que era clarificar la financiación del bono social que quedó en "entre dicho" tras las sentencia del Supremo.
De esta forma, se consigue evitar los elementos que el Supremo señaló que dificultaban o podrían suponer discriminación entre diferentes operadores al buscar financiar "correctamente" el bono social y que sirva de fuente de financiación para "todo lo demás", como la prohibición de los cortes de luz.
En concreto, se modificaría de forma urgente el artículo 42.J de la Ley del Sector Eléctrico, que se aprobará en breve para su posterior convalidación en el Congreso en el plazo máximo de un mes, aunque Nadal ha puntualizado que para su desarrollo reglamentario se tendría en cuenta el posicionamiento de las CCAA, tema que se abordará en la Conferencia de Presidentes del próximo 17 de enero.