Tan sólo un 2% de las personas que iniciaron su trabajo en 2012 reconoce haber tenido alguna relación con el SPE que ayudara en el proceso de creación de la relación de trabajo. Del mismo modo, menos de uno de cada tres españoles en paro contactó con una oficina del SPE en el mes anterior a la entrevista de trabajo. En ambas puntuaciones, España ocupa la posición más baja entre los países miembros de la OCDE. (…) Sólo uno de cada seis desempleados registrados en enero de 2015 y uno de cada ocho de desempleados de bajo nivel educativo recibieron algún servicio de los SPE durante los tres meses siguientes.
Los anteriores datos están sacados del informe que Fedea presentó este jueves en Madrid: "El reto de la inserción de los desempleados de larga duración", del profesor Marcel Jansen, de la Universidad Autónoma de Madrid. Las cifras son llamativas y las conclusiones también: España, uno de los países de Europa con una tasa de paro más elevada (el segundo de la UE tras Grecia), es también el que peor usa a sus servicios de empleo públicos para ayudar a estos desempleados a encontrar un nuevo puesto de trabajo, algo especialmente grave en el caso de los parados de larga duración (PLD), los que llevan más de un año en esa situación.
La siguiente tabla muestra claramente la gravedad de la situación y la magnitud del reto. La notable mejoría del mercado laboral en los últimos tres años no termina de llegar a los PLD. Todos los estudios apuntan en la misma dirección: cuanto más tiempo lleva un parado sin trabajo, más complicado le resulta volver a subirse al carro del empleo. Por eso, los expertos aconsejan a los desempleados que no pierdan tiempo e intenten encontrar trabajo cuanto antes. Estar más de 6-8 meses en el paro hunde las opciones de encontrar un nuevo empleo.
El informe de Fedea se dirige a este colectivo de los PLD. El objetivo es ofrecer un diagnóstico de su situación, analizar la efectividad de las políticas puestas en marcha en los últimos años y proponer alternativas que puedan ser más eficaces en la búsqueda de un empleo para estos parados.
En el primer punto, el diagnóstico, el informe es más bien pesimista. Como apuntábamos, la mejoría del mercado laboral no termina de llegar a estos desempleados: "Sus tasas de salida al empleo se mantienen cerca de los niveles mínimos observados durante la crisis, un problema que se agrava por la falta de políticas e instituciones bien diseñadas para apoyarlos".
En cuanto al segundo aspecto del estudio (el análisis de lo realizado hasta el momento) tampoco hay demasiado por lo que felicitarse: "La Comisión Europea subraya la necesidad de contar con sistemas de apoyo integrados que cuenten con tres pilares: i) un buen sistema de prestaciones y servicios sociales, ii) una estrecha coordinación entre todas las autoridades y organizaciones pertinentes y iii) una capacidad adecuada para ofrecer apoyo individualizado adaptado a las necesidades del parado. El sistema español de políticas activas y pasivas de empleo presenta considerables debilidades en las tres dimensiones".
Todo esto acaba traduciéndose en los datos que veíamos al comienzo del artículo:
Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), menos del 30% de los desempleados de larga duración recibieron algún tipo de prestación o subsidio en el primer trimestre de 2016. Además, según datos administrativos procedentes del SEPE, sólo uno de cada seis desempleados registrados en enero de 2015 y uno de cada ocho de desempleados de bajo nivel educativo recibieron algún servicio de los SPE durante los tres meses siguientes. (…) Tan sólo un 2% de las personas que iniciaron su trabajo en 2012 reconoce haber tenido alguna relación con el SPE que ayudara en el proceso de creación de la relación de trabajo. Del mismo modo, menos de uno de cada tres españoles en paro contactó con una oficina del SPE en el mes anterior a la entrevista de trabajo. En ambas puntuaciones, España ocupa la posición más baja entre los países miembros de la OCDE.
Como explica Jansen, en España los SPE están preparadas fundamentalmente para gestionar las prestaciones antes que como agencias de colocación. Además, el número de parados que cada técnico tiene asignado suele ser muy elevado, lo que hace imposible en la práctica el tipo de atención personalizada que permite mejorar la empleabilidad del desempleado. Experiencias en otros países nos indican que un buen diseño del sistema, que incluya la colaboración entre servicios públicos y agencias privadas, pueden generar resultados muy positivos. Por ejemplo, una opción podría ser la siguiente: se establece un esquema de actuación en el que los SPE realizan el primer diagnóstico, se quedan con los casos más complicados y derivan a los parados de más fácil inserción a las agencias privadas, que cobran en función de los nuevos empleos que son capaces de generar (quizás con un mínimo de 6-12 meses de permanencia del trabajador en su puesto). Es sólo una alternativa, podría probarse y ver cómo funciona, siempre con control de los resultados. Tampoco hay nada que impida que a los trabajadores de los SPE se les incentive de la misma forma que a los de las agencias privadas, con cuotas y recompensas por oficina en función del número de parados adscritos que logren volver al mercado laboral. En España, sin embargo, este tipo de propuestas se suelen quedar en los papers académicos y casi nunca llegan a ponerse en práctica.
Por último, está el capítulo dedicado a las propuestas. Aunque escuchando a nuestros políticos, muchas veces ésta parezca una batalla perdida, que sólo puede afrontarse con subsidios o rentas básicas, hay muchas alternativas que funcionan en otros países y que en España podrían también dar resultados. Eso sí, a lo largo de este capítulo hay un par de palabras que se repiten una y otra vez: "Tratamiento individualizado". Ya hablemos de ayudas a los parados para asegurarles unos ingresos mínimos, de formación o de actuaciones dirigidas a reengancharles al mercado, nada funcionará si no se hace teniendo en cuenta las peculiaridades de cada desempleado.
Las propuestas
Libre Mercado habló este jueves con Marcel Jansen, autor del informe. Le preguntamos por sus propuestas asociadas a los PLD. Esto fue lo que nos dijo:
- ¿Cómo es posible que España, con una tasa de paro todavía cercana al 20% sea tan poco eficiente en la ayuda a los desempleados? ¿Se puede hacer algo para ayudar a los PLD?
- Para empezar, tenemos un problema de escala: tenemos un volumen muy grande de PLD, por lo que intentar ayudarlos a todos colapsaría los SPE. Pero tenemos otro problema, la falta de eficacia. El sistema público de empleo se ha convertido, sobre todo, en una agencia de prestaciones. Tienen muy controlado el registro y el pago de las prestaciones, pero en términos de colocación tienen un papel muy residual.
Necesitamos modernizar este sistema público. Éste es un problema que no se resuelve sólo con más recursos si sus procedimientos no les permiten diseñar soluciones a medida. España en la crisis no se ha replanteado el papel de los servicios públicos. Somos el país con la segunda tasa de desempleo más elevada tras Grecia y unas instituciones muy poco preparadas para atajar este sistema. En el corto plazo, la única solución es intensificar la colaboración con otros organismos como las agencias de colocación, que conocen mejor el mercado y tienen experiencia. También organizaciones del tercer sector [ONG, asociaciones de ayuda…]. Tenemos que utilizar todos los recursos disponibles. Tenemos que garantizar que la ayuda es personalizada, que estos itinerarios sirven y que se controlan los resultados.
- En lo que hace referencia a las ayudas a los desempleados de larga duración, hay cuatro grandes capítulos: subsidios para aliviar su carencia de ingresos, políticas de reinserción en el mercado laboral, bonificaciones-ayudas a la contratación y formación.
Empecemos por el primero, los subsidios o rentas básicas. En esta cuestión, el miedo es que acabemos cronificando la pobreza, es decir, que el receptor de la ayuda tenga miedo a perderla y que esa prestación económica sea un freno a su incorporación al mercado laboral. ¿Qué proponen ustedes en ese sentido?
- Ésta es una tecla importante. En la actualidad, este tipo de ayudas (el Plan Prepara, Renta Activa de Inserción, Prodi) cuentan con los elementos adecuados sobre el papel: un tutor, itinerarios personalizados… Pero en la práctica ha predominado el deseo de ofrecer una ayuda económica más que la inserción. No es sólo que la persona pueda buscar con menos intensidad si tiene apoyo económico, sino que las administraciones han primado más la ayuda económica respecto a servicios de Políticas Activas de Empleo (PAE).
Para avanzar y hacerlo bien es importante que el acuerdo de integración contemple acciones que el desempleado tiene que cumplir (y el incumplimiento tiene que llevar sanciones). Hasta ahora, los acuerdos han sido informales y sin un seguimiento apropiado. Las ayudas tienen que estar vinculadas a acciones de inserción. Por el momento no estamos tanto ante un problema de cronificación de ayudas, porque tienen una duración muy corta. El principal problema es que hablamos de sistemas fragmentados. Necesitamos que más personas entren en estos programas. Y que las ayudas a los hogares más necesitados estén ligadas a las acciones que la persona haya pactado con su orientador, que tienen que estar por escrito y a las que el desempleado se compromete con su firma. En cierto sentido, éste es un cambio cultural que otros países ya han dado.
- La segunda pata tiene que ver con las acciones tendentes a ayudar al parado en la búsqueda de un empleo. Los Servicios Públicos de Empleo (SPE) están fracasando por completo.
- Desde fuera es muy difícil decir "A tal persona hay que darle tal servicio". El diseño de medidas requiere un diagnóstico en profundidad. El orientador necesita tiempo para conocer a la persona y también conocer el mercado local. Insertar es buscar posibles vacantes libres en el mercado. El siguiente paso es pensar si tiene las habilidades necesarias. Otra vez, no es necesario que esto lo haga el SPE, se puede hacer fuera. Pero lo importante es el diagnóstico inicial, el perfilado del candidato y de sus alternativas en el mercado. Por ejemplo, analizar a personas con un perfil similar y ver dónde se han colocado recientemente. Cuando todo depende del criterio de un orientador, es probable que incurramos en muchos errores si no cuentan con las herramientas estadísticas adecuadas.
Con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, podemos predecir la eficacia de los distintos instrumentos, también analizar en qué sector buscar mejor y qué tipos de empleo han conseguido perfiles similares. La formación debe ser personalizada y debe ser la mínima formación necesaria para reinsertarse en el mercado. Pedir todo esto a un sistema público que hasta la fecha se ha limitado a pagar prestaciones es mucho pedir. Aunque esto también sería complicado para las entidades del tercer sector y las empresas privadas, tienen más experiencia y conocimientos. Pero siempre hay que tener en cuenta que hay tres patas necesarias: diagnosis, perfilado, evaluación de las medidas.
- Un capítulo polémico es el de las bonificaciones a la contratación. Si se hacen de forma generalizada, los estudios dicen que no sirven para mucho, pero ustedes defienden un tipo de ayudas muy centradas en determinadas colectivos. ¿Cómo sería ese sistema?
- Hemos analizado todos los estudios de evaluación publicados en los últimos quince años. Dos instrumentos son clave: los programas que mejoran el capital humano (formación) y el segundo son los incentivos económicos dirigidos a incentivar la contratación de los PLD, pero que no sean duraderos en el tiempo. Hablamos de programas dirigidos a reducir el coste salarial al principio. Los que mejor funcionan ofrecen ayudas que se reducen con el tiempo. Podríamos decir que lo que hacen es comprar tiempo para que empresa y trabajador se acoplen y éste vaya adquiriendo las habilidades que necesitará en el mercado.
El problema en España es que el programa que más se usa es una combinación de formación y empleo en ayuntamientos. Y en el empleo público los resultados son mucho menos positivos que con las ayudas dirigidas a colectivos concretos para que se inserten en el sector privado. De hecho, el riesgo que corremos con este tipo de programas de empleo público es que alejamos a las personas del mercado laboral, porque les encerramos en trabajos en los que quizás no aprenden las habilidades que el mercado demanda. Por eso, el camino es impulsar la inserción en el empleo privado. Sólo si hay claros indicios de que la persona va a adquirir habilidades útiles en un empleo público debemos plantearnos esta posibilidad.
- Por último, está la cuestión de la formación, que es de la que más se habla cuando se tratan las PAE. Ustedes no son contrarios a la formación, pero sí alertan de sus peligros si no se plantea correctamente. Por ejemplo, leo en el informe: "Los cursos de formación de larga duración a menudo generan efectos negativos, conocidos como efectos de lock-in, debido a que se aleja a los parados del mercado laboral y no siempre se les enseñan habilidades valoradas por las empresas. De hecho, en el caso de Alemania existe evidencia que la mejor forma para formar a los parados es a través de procesos formativos en empresas privadas. Los SPE españoles también hacen un uso intensivo de cursos de formación (de oferta). Desafortunadamente no hay evidencia sólida sobre el impacto causal de los programas de formación existentes en las tasas de empleo de los participantes, pero existe un cierto consenso de que la calidad de estos programas suele ser baja y que apenas aportan habilidades ocupacionales relevantes y valoradas por las empresas".
- De lo que se trata es de permitir que la persona sea contratada. Ahora mismo, la tendencia en todos los países consiste en huir de programas de formación de larga duración, entre otras cosas porque los programas públicos quizás no enseñen lo que el mercado busca. Lo normal debería ser que el trabajador complete su formación en la empresa [una vez que ha conseguido un empleo]. El deber del sector publico no es ofrecer la mejor formación posible, sino las habilidades mínimas para la reincorporación al mercado. Formación sí, la mínima, que no desvincule al trabajador del mercado. Y si es posible, con garantía de un puesto de trabajo al terminar; por ejemplo, se pueden buscar acuerdos de colaboración entre los SPE y las empresas.
Debemos huir de la costumbre de los cursillos, eso de apuntarte a un programa para cumplir. Cuando ves lo que ofrece el SPE, son programas preestablecidos. Esto es caro y tiene muy poca eficacia. Las ayudas deben ser a medida. Por ejemplo, con bonos de formación. Ahora, los orientadores tienen poco margen para decidir, solo pueden meter al trabajador en un programa de los ya existentes. Con un bono de formación los dos juntos (orientador y parado) pueden buscar cuál es la mejor formación para sus necesidades. También se debe permitir que el propio desempleado elija quien le va a prestar el asesoramiento (SPE, agencia de colocación privada, entidades del tercer sector).
Hay que modernizar el sistema e individualizar las ayudas, con mucha transparencia y rendición de cuentas. Si fallamos en las etapas, gastar mucho más no va a servir de nada.