El Congreso de los Diputados ha validado esta semana el techo de gasto para 2017, los objetivos de estabilidad presupuestaria y el decreto que incluye el último sablazo fiscal a empresas, consumidores y cotizantes por un importe próximo a los 7.500 millones de euros. Con estas medidas, el Gobierno se compromete a cumplir el objetivo de déficit del 3,1% del PIB acordado con Bruselas para el próximo año, pero, por desgracia, se trata de un nuevo papel mojado, cuyos efectos, además, amenazan con lastrar el ritmo de crecimiento y de creación de empleo.
En primer lugar, cabe recordar que España ha incumplido todos y cada uno de sus compromisos presupuestarios y si el Gobierno del PP, con una amplia mayoría absoluta, apenas logró reducir el déficit en 20.000 millones de euros entre 2012 y 2016, se antoja casi imposible que logre un recorte de 15.000 millones en tan sólo un año. Pero es que, además, el problema de fondo es que tanto el PP como el resto de formaciones políticas yerran en el diagnóstico, puesto que insisten en señalar que el agujero fiscal se debe a la falta de ingresos y no al exceso de gasto.
Los datos oficiales, sin embargo, demuestran justo lo contrario. No en vano, tal y como admite el propio Ministerio de Hacienda, el sector público ingresará unos 440.000 millones de euros en 2017, una cifra ligeramente superior a la registrada en 2007, en el pico de la burbuja inmobiliaria. Así pues, la Administración ya ha recuperado toda la recaudación tributaria perdida durante la crisis, mientras que el gasto, lejos de reducirse, ha aumentado en más de 60.000 millones de euros en este período, a pesar de las dificultades económicas, evidenciando así la falta absoluta de austeridad.
Como resultado, la deuda pública supera hoy el 100% del PIB, tras aumentar en más de 750.000 millones de euros durante la crisis, y el déficit sigue rondando el 5% del PIB, el segundo mayor descuadre de la zona euro tras Grecia. Todo ello demuestra que la burbuja pública todavía no ha pinchado, lo cual constituye un importante factor de riesgo en caso de que se desaten nuevas turbulencias financieras a nivel internacional. En lugar de recortar el gasto sobrante, primero el PSOE y luego el PP se han afanado en disparar los impuestos para mantener un insostenible sector público en pie, dañando con ello el bolsillo de los contribuyentes y, por tanto, la capacidad de ahorro e inversión de familias y empresas, es decir, la base del crecimiento futuro.
Pero lo más preocupante de esta particular senda ya no radica siquiera en la errónea y perjudicial política fiscal por la que avanza la nueva legislatura, sino en el hecho de observar que nadie la cuestiona a nivel político ni mediático -salvo contadas excepciones, como Libertad Digital-. Al PP le ha costado muy poco alcanzar un acuerdo con el PSOE sobre el techo de gasto a cambio de disparar el salario mínimo, conceder un mayor margen de gasto y déficit a las comunidades autónomas y aplicar un nuevo hachazo fiscal a los españoles. Y los que han cuestionado la subida tributaria, como Ciudadanos o Podemos, no han puesto el acento en el gasto, sino en perseguir el fraude fiscal o elevar aún más la tributación a los ricos, los dos comodines habituales y absolutamente inútiles que sacan a pasear todos los políticos cuando les conviene.
Y puesto que nadie cuestiona el bochornoso despilfarro y la gran ineficiencia que sigue existiendo en el sector público, lo único que cabe esperar a partir de ahora es más gasto y muchos más impuestos, tal y como parece vislumbrar la negociación entre PP, PSOE, Ciudadanos y PNV de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado. Esta irresponsable miopía política y el servilismo mediático que la aplaude acabarán pasando, tarde o temprano, una elevada y muy dolorosa factura al conjunto de los españoles.