El Congreso de los Diputados aprobó el pasado martes una proposición no de ley para derogar la reforma laboral de 2012, con los votos a favor de PSOE, Podemos, PNV, ERC, Compromís y Bildu, así como con la abstención de Ciudadanos y PDECat -la antigua Convergencia-. Aunque esta iniciativa carece, por el momento, de implicaciones jurídicas, ya que se precisa de una proposición de ley para cambiar el marco regulatorio, abre la puerta a una nueva negociación política en materia laboral al dejar claro que, hoy por hoy, el sistema vigente no cuenta con un amplio apoyo parlamentario.
El problema, sin embargo, es que esta posición no sólo contradice la opinión de los principales expertos y organismos internacionales, incluido el FMI, que acaba de solicitar al Gobierno mantener y profundizar la reforma laboral, sino que es desmontada por los datos. Derogar la citada reforma y regresar al rígido modelo existente anteriormente sería muy negativo para el conjunto de la economía española, ya que agravaría el principal problema y preocupación de los españoles: el paro.
Las razones para defender la reforma laboral que aprobó el Gobierno del PP no se cuentan por unidades, sino por millones. En concreto, los cerca de 3 millones de empleos que podría haber salvado si el poder político hubiera apostado por aplicarla en 2008, al inicio de la crisis, en lugar de retrasarla hasta 2012. BBVA Research analizó en detalle su impacto y los resultados no pueden ser más concluyentes.
A diferencia de lo que sucedió en otras economías desarrolladas, la rigidez laboral existente en España dificultó la necesaria caída de precios y salarios en los primeros años de la crisis (la famosa devaluación interna), de modo que el inevitable ajuste se hizo vía despidos. El PIB acumuló un descenso del 9,3% entre 2008 y mediados de 2013, pero las empresas no pudieron amoldarse a ese drástico desplome ajustando a nivel interno jornadas y sueldos. De hecho, lejos de bajar, las horas trabajadas subieron y el salario real por empleado -descontada la inflación- aumentó un 8,2% hasta finales de 2011.
¿Resultado? La ocupación cayó un 19% y el paro aumentó en 18 puntos porcentuales, hasta superar el umbral del 26% a inicios de 2013. "El repunte de los costes salariales, unido a la escasa competencia en el mercado de productos, a los cambios impositivos y al ascenso de las tarifas reguladas, dificultó que los precios del conjunto de la economía se ajustasen a pesar de la reducción de la demanda doméstica, lo que redundó en una menor demanda de empleo", según dicho informe.
La reforma laboral, por el contrario, aunque incompleta, flexibilizó el mercado de trabajo mediante la descentralización de la negociación colectiva, la reducción de los costes de despido y la introducción de ciertos mecanismos de flexibilidad interna en las empresas. "La reforma laboral de 2012 supuso un avance significativo sobre la normativa previa y atenuó algunas de las disfunciones del mercado de trabajo español", aclaran los expertos. Y así lo certifican los datos:
- La destrucción de empleo se frenó en 2012 y 2013, a pesar de que entonces España sufría unas tensiones financieras mayores a las registradas en los años previos y pese a que, lejos de aumentar el gasto público, el Gobierno tuvo que aplicar recortes.
- La mayor flexibilidad salarial propició que el crecimiento del empleo a partir del cuarto trimestre de 2013 se produjera antes y con mayor intensidad que la esperada.
- Y, además, el aumento de la ocupación se ha producido con ganancias de competitividad-precio. Es decir, por primera vez en la historia, la economía española ha logrado crear empleo y ganar competitividad de forma simultánea sin necesidad de devaluaciones monetarias -empobrecimiento generalizado de la sociedad-. Y prueba de ello es eliminación del déficit por cuenta corriente (brecha exterior).
El estudio -firmado por Rafael Doménech, Juan Ramón García y Camilo Ulloa- concluye con dos datos muy relevantes:
- Si no se hubiera aprobado la reforma de 2012, se habrían perdido 910.000 empleos adicionales y la actual tasa de paro sería 5 puntos porcentuales superior. Además, a largo plazo, la destrucción laboral podría llegar hasta 1,5 millones empleos y hasta 6,3 puntos adicionales de paro.
- Si la reforma se hubiera aprobado en 2008 y no en 2012, se habría evitado la destrucción de cerca de 2 millones de empleos en el largo plazo y la tasa de paro sería hoy 8 puntos inferior (próxima al 12%).
En total, unos 3 millones de empleos, entre los puestos de trabajo creados y los que podría haber salvado, son razones más que suficientes para defender las ventajas de dicha reforma. Pero no son las únicas.
Más contratos y menos despidos
Hace unos meses, Fedea publicaba un informe El efecto de la Reforma Laboral de 2012 sobre la dualidad y el empleo: Cambios en la contratación y el despido por tipo de contrato, de José Ignacio García Pérez. Los autores reconocen que se mantiene una realidad preocupante: cuando un parado encuentra un empleo, lo más probable es que sea con contrato temporal. Pero incluso así,tras la reforma han aumentado las posibilidades de pasar del desempleo a un empleo indefinido.
Además, una vez que tienen un puesto de trabajo, estos trabajadores temporales tienen menos posibilidades que antes de ser despedidos, sin que eso se haya traducido en un incremento de las opciones de despido para los indefinidos. Además, desde 2012 se ha reducido el período medio de tiempo que una persona pasa en desempleo y ha aumentado la duración media de los contratos temporales. El resumen es que España sigue teniendo un problema de temporalidad y de precariedad, pero la situación no sólo no se ha agravado desde 2012, sino que ha mejorado.
El peso de la historia
Habrá quien se queje de que al final este tipo de informes no hablan sobre la realidad, sino que manejan unos modelos teóricos para calcular qué ha pasado con la reforma laboral y qué habría ocurrido sin ellas. O por decirlo de otra manera: es lógico preguntarse qué parte de la creación de empleo se ha debido a la reforma de 2012 y qué parte se nutre del cambio de coyuntura económica. Es una duda lícita, aunque sería más creíble si quienes así critican este tipo de estudios presentaran sus propias cifras, algo que tanto el BBVA como Fedea hacen con profusión y con numerosas explicaciones.
Dicho esto, puede hacerse otra aproximación a los efectos de la reforma viendo los datos históricos del mercado laboral español. Porque al final los críticos de Fátima Báñez lo que están pidiendo es volver a la situación de 2011, como si antes de la aprobación de la reforma viviéramos en una situación idílica. Pues tampoco. Las cifras de paro en nuestro país siguen siendo muy malas, pero ya son mejores de lo que eran en 2011 y la tendencia es claramente positiva.
Por ejemplo, en el anterior gráfico puede verse la tasa de paro en España entre 1976 y 2016. Ya nos hemos acostumbrado a cifras por encima del 15-20%, pero no deberíamos. En los países ricos de Europa, tener una tasa de desempleo por encima del 10% se considera un drama y puede derribar gobiernos. En España, la tasa media de paro desde los años 80 se ha mantenido en el 17% y la tasa de paro estructural en el 15%. Sorprende, con estas cifras, que se idealice de esta forma la realidad pre-reforma. Porque además, ésta no ha cambiado de un día para otro el mercado laboral, pero la curva nos indica que marchamos en la buena dirección.
Lo mismo puede decirse con la tasa de temporalidad. El nuevo mantra es que la reforma ha generado algo de empleo (esto ya lo admiten hasta sus más feroces críticos), pero de pésima calidad, como si antes de 2012 lo habitual fueran los contratos indefinidos y después sólo se contrate de forma temporal. De nuevo, no es cierto. Desde 1990 a 2007, no hubo ni un solo trimestre en el que el mercado laboral español tuviera una tasa temporalidad (porcentaje de contratos temporales sobre el total de contratos) inferior al 30%. Y sí, de 2008 a 2012 cayó el porcentaje de contratos temporales sobre el total, pero esto no fue porque se crearan muchos indefinidos, sino porque toda la destrucción de empleo se cebó en los temporales.
Los empresarios (los españoles y los extranjeros) saben que en cualquier momento pueden enfrentarse a situaciones imprevistas que les obliguen a tomar medidas de ajuste o reestructuración. La reducción de plantilla es una de ellas. La diferencia reside en la regulación, que en nuestro país es muy rígida. Por eso, cuando llega el momento del ajuste, siempre acaban pagando los temporales. No sólo eso, en España, incluso durante los buenos años, el empresario sabe que debe mantener una reserva de contratos temporales, para poder hacer frente a los imprevistos. Ya que la ley no da más opciones, las empresas obtienen la flexibilidad que necesitan por esta vía.
Algo así se podía intuir el pasado martes detrás de las palabras de Andrea Schaechter, jefa de la misión del FMI en España, cuando explicaba que en nuestro país la normativa "incentiva" a las empresas a contratar temporales. En este mismo sentido pueden entenderse las varias propuestas sobre el contrato único y la mochila austriaca que se han hecho en los últimos años. Los organismos internacionales apuntan en esa dirección (si no contrato único, sí al menos una reducción de las modalidades y el establecimiento de un contrato fijo por defecto).
Tampoco esto ha tenido demasiado éxito. De hecho, las pocas veces que se ha puesto de verdad encima de la mesa ha sido atacado como una forma de "precarización" del mercado laboral. Y el caso es que en teoría España tiene una de las normativas más garantistas de Europa, al menos si se entiende "garantista" como un sinónimo del alto coste del despido de los trabajadores indefinidos, algo que es excepcional en muchos de los países del norte de Europa que siempre se ponen como modelo. España también tiene la tasa de paro más alta del continente, tras Grecia.